Pablo Laurta fue detenido en Gualeguaychú acusado de asesinar a su ex pareja y ex suegra en Córdoba y secuestrar a su hijo. El perfil del acusado de femicidio.
Pablo Daniel Rodríguez Laurta, principal sospechoso del doble femicidio ocurrido en Córdoba, fue ingresado este domingo a la Jefatura de Policía de Gualeguaychú. Llegó en silla de ruedas, alegando estar descompuesto y sin poder moverse. Se lo acusa de haber asesinado a su expareja, Luna Giardina (24), y a su exsuegra, Mariel Zamudio (50), además de secuestrar a su hijo de cinco años, con quien intentaba huir hacia Uruguay, su país de origen.
CAPTURA DE LA PÁGINA VARONES UNIDOS, MANEJADA POR LAURTA
Pablo Laurta, en 2018 en Montevideo, durante la presentación de “El libro negro de la nueva izquierda”, de Agustín Laje y Nicolás Márquez.
El caso tomó estado público el sábado por la mañana, cuando un llamado al 911 alertó sobre disparos en una vivienda de Villa Serrana, en la intersección de calles San Pedro Toyos y Chimú, en Córdoba. Al llegar, la Policía encontró los cuerpos sin vida de Luna y Mariel, ambas con heridas de bala. El hijo de Luna, P., ya no se encontraba en el domicilio. Los investigadores sospecharon inmediatamente que Laurta había huido con el niño, con el objetivo de cruzar a Uruguay. Sin embargo, fue detenido el domingo por la tarde en Gualeguaychú, donde la Policía recuperó al menor en buen estado de salud.
Según trascendió, Luna Giardina —estudiante de agronomía— había escapado de Uruguay hacía casi tres años, luego de que Laurta intentara ahorcarla. A pesar de las denuncias previas, contaba con un botón antipánico, que no alcanzó a activar en el momento del ataque.
El chofer que no aparece
La reconstrucción de los hechos indica que el martes 7 de octubre, Laurta tomó un Uber desde Concordia hacia Córdoba. El vehículo, un Toyota Corolla, era conducido por Martín Palacios, de 49 años, de quien no se sabe nada desde aquel martes. El miércoles, la familia del chofer denunció su desaparición, y el jueves 9 el auto apareció incendiado en Córdoba. La búsqueda de Palacios aún continúa.
El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, detalló cómo se llegó a la captura del sospechoso. “A raíz del intercambio dinámico de información con las autoridades de Córdoba, se recibe la ubicación de la zona donde podría estar. Inmediatamente, se inició un operativo de búsqueda y se los detectó en el hotel Berlín de Bolívar 733. Ese dato coincidió con el domicilio detectado por las celdas telefónicas aportadas por las autoridades de Córdoba”, puntualizó.
La División Investigaciones estableció que Laurta y su hijo estaban alojados en la habitación N°209. Mientras se montaba vigilancia, el presunto femicida salió al pasillo y fue detenido en el acto. Detrás de él venía caminando el pequeño Pedro, quien fue puesto inmediatamente bajo resguardo por una comisión de policías mujeres. El menor fue trasladado a la Comisaría de Minoridad, donde fue atendido por personal especializado y contenido por la situación traumática que atravesaba.
“El detenido se descompensó y fue trasladado al hospital Centenario para su atención, donde estuvo todo el tiempo custodiado”, confirmó Luis Báez, jefe Departamental de Policía. Finalmente, el ministro Roncaglia agregó: “El cuarto del hotel fue asegurado a espera de la correspondiente orden de requisa por el fiscal de Género, Gerardo Reyes de Córdoba”.
Rodríguez Laurta fue luego derivado a la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, donde permanece detenido mientras continúa la investigación.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
📲 Leé la nota completa en Diario Análisis Litoral.
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