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Se trata del abogado Pedro de La Madrid, sobre quien pesa una condena penal de ejecución condicional y la suspensión de su matrícula para ejercer la profesión, al ser encontrado responsable del delito de “estafa procesal” en 2021, y era hasta mediados del año pasado encargado de asesoramiento jurídico en el municipio de Estancia Grande. Ahora fue denunciado por inventar una serie de correos truchos, usando el nombre del Ministerio Público Fiscal, entre otros, por el cual notificaba de causas judiciales relacionadas con el municipio que él mismo realizaba y luego contestaba, ejerciendo su labor a través de la matrícula de terceros. De esta manera, el abogado iba ganando mayor terreno dentro del acontecer del gobierno y cobrando además por gestiones que en muchos casos eran un artificio.
El pasado miércoles 31 de mayo de 2023 se informaba que la viceintendenta y concejales de Estancia Grande irían a juicio oral por negarse a presentar sus Declaraciones Juradas. A pesar de las fuentes oficiales y las capturas de pantallas del supuesto mail de fiscalía que daba cuenta del proceso inminente, la información fue desmentida de manera categórica por la representante legal de los funcionarios políticos denunciados por el propio ejecutivo municipal, la abogada Cielo Petit.
La controversia dio pie a una investigación a instancias del propio municipio con el fin de aclarar la situación. Por tal motivo, se presentó una primera denuncia ante el Ministerio Público Fiscal por irregularidades en las notificaciones de medidas judiciales que se realizaba desde ese organismo a la municipalidad de Estancia Grande, y a profesionales que, de alguna manera, estaban relacionados con la gestión del actual intendente Javier Goldín.
De dicha denuncia se desprendió que las casillas de correo electrónicos desde donde se recibían los mensajes eran apócrifas o “truchas” (ministeriofiscalconcordia@gmail.com y oficinadegestiondeaudienciasc@gmail.com) y que serían manipuladas por el abogado Pedro Silvio de La Madrid, un viejo conocido en el ambiente por andar reñido con la legalidad y la ética profesional, lo que le valió varias sanciones del Colegio de Abogados y de la propia justicia ordinaria, y a la fecha cuenta con una pena de ejecución condicional y la suspensión de la matrícula para ejercer como profesional de la abogacía.
Sin embargo, el letrado se las habría ingeniado para dos cosas: primero incumplir la pena de no ejercer la profesión, haciéndolo a través de las matrículas de terceros habilitados, colegas que le firmaban las gestiones judiciales, entre los que se menciona en una denuncia a la abogada Valentina Klaus Gerling y al abogado Alejandro Jacobi, este último que sería su actual socio y comparten domicilio fiscal.
Lo segundo que logró el letrado fue ganarse la amistad y la confianza del intendente de Estancia Grande a quién asesoraba en cuestiones de gobierno, sobre todo en lo que tenía que ver con asuntos jurídicos.
Según lo que pudo reconstruir este medio, el abogado Pedro de La Madrid, enviaba y contestaba todos los requerimientos judiciales desde los dos lados del mostrador, armando una especie de «fiscalía paralela», sumergiendo al municipio en una vorágine judicial nunca antes conocida, tomando con esa estratégica cada vez más protagonismo y acrecentando su influencia en la toma de algunas decisiones de gobierno. Desde el mail apócrifo del Ministerio Público Fiscal habría enviado -según se denuncia- unos 134 correos a las casillas de distintos funcionarios de Estancia Grande, incluido el Intendente, informando del devenir de denuncias y demandas, llamados a indagatorias, y distintos requerimientos ante la Justicia, tanto como parte actora como en los asuntos en que les consignaba ser la parte demandada, las cuales son todas falsas.
A tal punto habría llegado la influencia ejercida por el letrado que fue destinado en el Área de Asuntos Institucionales, como el responsable de digitalización de la normativa (decretos), el manejo de la página oficial del municipio de Estancia Grande. Sumado a su responsabilidad de todo lo que tenga que ver con elaboración de normas, asesoramiento jurídico a las distintas áreas y la materialización de los decretos.
De esta tarea, se desprende una segunda denuncia penal de parte del municipio por “Falsificación de Documento Público” y que tiene que ver con que el acusado, el abogado Pedro de La Madrid, habría elaborado un decreto apócrifo donde se nombró a quien sería su pareja, Analía Romero, y a su hermana, Daiana Alfonsina de La Madrid, que eran funcionarias públicas, como personal de planta permanente. Donde lo más llamativo es que a su pareja Analia Romero le asignó la categoría más alta que hay en ese Municipio, que no es ni más ni menos que la del Intendente Municipal (Legajo 6462/23)
A la izquierda, el abogado y su pareja, Analía Romero. A la derecha, su hermana Daiana Alfonsina de La Madrid, ambas nombradas en planta permanente por un decreto que el municipio de Estancia Grande denuncia como apócrifo
El respaldo material a la información digital, el libro de Decretos del año 2021, donde fue incorporado el apócrifo, desapareció del archivo municipal, lo que fue denunciado ante la policía el 14 de junio de 2023.
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