La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Carolina Castagno, inició este martes una audiencia clave por el caso del fraude millonario que investiga el desvío de unos 53 millones de dólares del Estado provincial a través de contratos legislativos. Los 18 acusados de apoderarse de los fondos obtenidos con contratos de las cámaras de Diputados y Senadores entre 2008 y 2018, presentaron sus argumentos para excluir evidencia crucial del proceso.
Las defensas de los acusados atacaron las decisiones previas de la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, quien había rechazado sus planteos. Los abogados se enfocaron principalmente en dos puntos: la evidencia digital y los testigos.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) integrado por Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano pidieron un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 9 para responder una vez más las cataratas de agravios planteadas por las defensas de los imputados. Además en la audiencia estuvo presente Julio Rodríguez Signes, titular de la Fiscalía de Estado de la provincia, para exponer sobre la cuestión de la demanda civil que rechazan también rechazan los acusados.
Objeciones sobre evidencia y testigos
Las defensas argumentaron que la evidencia digital, obtenida durante allanamientos, debería ser invalidada. Sostienen que estos procedimientos fueron “genéricos e inmotivados” y que los peritos que analizaron los equipos informáticos no cuentan con la matrícula profesional necesaria para realizar este tipo de tareas. Según los abogados, la inclusión de esta evidencia digital en el juicio violaría el derecho al debido proceso y de legítima defensa.
Además, se cuestionó la incorporación de personas que firmaron los contratos bajo investigación como testigos de la Fiscalía. Las defensas señalan que estas personas podrían incurrir en una autoincriminación, ya que sus declaraciones podrían afectar su propia situación legal. Se argumenta que sus testimonios no se basan en conocimientos sobre hechos externos, sino en su propia participación en los eventos, lo que vulneraría el principio de no declarar contra uno mismo.
El MPF argumentó que se introdujeron cuestiones nuevas y pidió tiempo para analizar la evidencia y responder de manera adecuada a cada planteo.
La jueza Castagno accedió al pedido y la audiencia se reanudará el miércoles a las 9 de la mañana.Fuente: Ahora
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