El comentario público del exgobernador y hoy diputado nacional Gustavo Bordet pretende instalar una versión ordenada del pasado reciente: una provincia en marcha, salarios competitivos y una administración sólida hasta diciembre de 2023. El problema no es el tono —habitual en la política— sino la distancia entre esa narrativa y la memoria concreta de los entrerrianos.
Porque cuando el actual gobernador Rogelio Frigerio alude —aunque sea de manera elíptica— al cuadro financiero recibido, no lo hace en abstracto: habla de compromisos acumulados, desequilibrios estructurales y una caja provincial tensionada por años de decisiones que priorizaron la supervivencia política antes que la sustentabilidad institucional.
Ahí aparece el choque central: mientras Bordet describe orden, la nueva gestión habla de reconstrucción. Y esa contradicción no es discursiva, es contable. No se resuelve con declaraciones, sino con números, auditorías y hechos verificables.
La reacción social frente a este contrapunto no surge de una operación política, sino de una experiencia vivida. Durante años, la ciudadanía convivió con denuncias, escándalos administrativos, deterioro salarial y una sensación persistente de que el aparato estatal funcionaba más como estructura de poder que como herramienta de desarrollo. El caso de los contratos irregulares en la Legislatura, aún bajo la lupa judicial, quedó instalado como símbolo de un sistema que perdió legitimidad ante la opinión pública, por no mencionar al caso de los hermanos Tortul. donde habría sido seriamente señalado como “receptor” de abultadas sumas que aun hoy balbucea cuando se lo consulta
Cuando hoy se habla de “ahogo financiero nacional” como explicación global, muchos ciudadanos se preguntan por qué ese argumento no apareció con la misma fuerza cuando la provincia acumulaba distorsiones internas. La memoria social no discute consignas: discute responsabilidades.
Lo que no se dice
- Gobernar durante años implica hacerse cargo del punto de partida que se deja.
- La discusión financiera no es ideológica: es estructural.
- La credibilidad política se erosiona cuando el relato contradice la experiencia social.
- El desgaste institucional no nace de la crítica opositora, sino de la gestión acumulada.
- La justicia lenta profundiza la sensación de impunidad.
En Entre Ríos, el debate ya no gira en torno a quién tiene mejor discurso, sino a quién puede sostener resultados. Cuando un exmandatario presenta una versión optimista del pasado, inevitablemente se expone al juicio comparativo de una ciudadanía que atravesó inflación, caída del poder adquisitivo y señales de desorden administrativo.
El ex gobernador Gustavo Bordet al referirse sobre el acto de este miércoles el 147° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial
El punto de tensión no es personal: es histórico. La política entrerriana enfrenta una revisión inevitable de su propio legado. Y en ese examen, los relatos compiten contra algo mucho más sólido: la memoria colectiva.
La pregunta que queda flotando —incómoda pero necesaria— es simple: si la provincia estaba tan ordenada como se afirma, ¿por qué la gestión entrante habla de reconstrucción financiera? En política, las palabras pueden moldear percepciones; los números, en cambio, terminan imponiendo la realidad.
por : Alejandro Monzón para https://www.analisislitoral.com.ar/
