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Un hombre de círculo rojo a nivel nacional trabaja para la ex procuradora adjunta, sobre quien debe resolver la Corte Suprema de Justicia. Etapa final. Contexto.
Cecilia Goyeneche no dejó de trabajar un segundo desde el día en que comenzó el proceso en el Jurado de Enjuiciamiento que terminó con su destitución como procuradora adjunta. La doctora tuvo a su alcance todas las herramientas políticas y mediáticas existentes que le permitieron sostenerse en el tiempo aún con un cúmulo de fallos que ratificaron su mal desempeño en el cargo en una causa tan sensible como la de los contratos truchos en la Legislatura.
Tampoco estuvo sola. Todo lo contrario. En Entre Ríos contó con el apoyo de una mayoría marcada de Juntos por el Cambio, incluso a nivel nacional. En Capital Federal, por ejemplo, la entrevistaron en innumerables oportunidades por fuera de los cánones que supone el buen periodismo, a excepción de la periodista de La Nación, Paz Rodríguez Niell, quien estuvo en Paraná y se empapó del tema y en una entrevista le preguntó como correspondía.
Goyeneche también llegó a tener asesoramiento del reconocido consultor y publicista, Carlos Fara.
El caso de la ex procuradora está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los integrantes del máximo tribunal del país deben resolver si fue o no constitucional el procedimiento por el cual fue destituida y antes acusada por un fiscal ad hoc ante la imposibilidad que sea un subordinado de ella quien tenga que hacerlo.
Han votado Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Resta el voto de Ricardo Lorenzetti, por sobre quien se montó una operación para que lo haga en favor de la entrerriana. El expediente lo tiene desde el 29 de noviembre.
De eso se encarga – según se reconstruyó – Guillermo Seita. Se trata del dueño de un conglomerado de medios y operador cordobés que juega en el primer nivel del círculo rojo, con llegada a todas las terminales de la política nacional y principales medios. Sin banderías, en 2015, por ejemplo, llegó a asesorar a los tres candidatos a presidente: Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa.
Según información publicada por Revista Noticias el 13 de agosto pasado, Seita tiene participación en compañías que prestan servicios a organizaciones públicas y privadas, hace auditorías con Ejes, encuestas con Management & Fit y asesoramiento en comunicación con Off&On Estrategia. Portutatis es una productora de radio y TV, Prosumia es de Big data y Wam una organizadora de eventos que tiene al Espacio Clarín. También tiene empresas dueñas de medios como Argentina Media o Contenidos.
Seita, a quien la agrupación “pasillo”, le adjudican haber prestado algunos servicios a Adán Bahl durante la campaña, ahora opera sobre el voto de Lorenzetti en el caso Goyeneche.
La cuestión debe resolverse en una Corte de cuatro integrantes, lo que implica que la votación pueda terminar empatada. Es un interrogante que los juristas locales no tienen muy en claro cómo se resolvería. El presidente, en este caso Rosatti, puede llegar a tener voto doble como sucede en cuestiones de Superintendencia (es decir administrativos).
En el Ministerio Público Fiscal, en rigor Jorge Amilcar Luciano García, está convencido que su ex adjunta volverá a serlo. En el Superior Tribunal de Justicia (STJ) entienden que sería un escándalo que la Corte se entrometa en la jurisdicción.
Goyeneche acaba de tirarle flores a Rogelio Frigerio por el paquete de leyes sobre transparencia, por caso el que reglamenta el acceso a la información pública; y sugiere reglamentar otros procedimientos sobre la figura del arrepentido y la responsabilidad penal de personas jurídicas. En el texto que hizo público ratificó su simpatía con la coalición gobernante y su oposición a las gestiones anteriores: “Venimos de un largo período en el que desde el Poder Ejecutivo provincial, lejos de tener una postura de integridad en el manejo de las cuentas públicas y de transparencia en su ejecución y rendición, el dinero del ciudadano fue tratado como si fuera de pertenencia del gobierno de turno”.
Contexto
Los fallos judiciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen una alta incidencia en el escenario político.
La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento de Santiago Bausili el 5 de diciembre, horas antes que el presidente Javier Milei lo anunciara como presidente del Banco Central.
El 22 de diciembre el juez federal Sebastián Ramos anuló la causa que investigaba un viaje a Lago Escondido del que habían participado jueces, exfuncionarios y empresarios a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido. Estaban imputados sus colegas Julián Ercolini (juez federal de Comodoro Py), Carlos Mahiques (camarista de Casación, el máximo tribunal penal), Pablo Yadarola (juez en lo penal económico) y Pablo Cayssials (del estratégico fuero en lo contencioso administrativo); también del fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, jefe de todos los fiscales porteños; del exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Marcelo D’Alessandro; del exfuncionario de la SIDE Leonardo Bergroth, del asesor en comunicación Tomás Reinke y de los directivos del Grupo Clarín Pablo Cassey y Jorge Rendo.
El 8 de enero se conoció que Mauricio Macri; el exministro de Justicia Germán Garavano; su asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón; y otros exfuncionarios de la gestión macrista fueron sobreseídos por la jueza María Eugenia Capuchetti, asociada al ex presidente de Cambiemos, en la causa llamada “mesa judicial”.
La doctora Goyeneche bien puede encender la televisión, ver las noticias, y ser optimista.
Fuente: Página Política
