La Corte Suprema declaró inconstitucionales las sucesivas reelecciones de Gildo Insfrán en Formosa, pero esa perpetuación no hubiera sido posible sin múltiples complicidades políticas y económicas.
En los últimos días ha surgido, casi como en un parto que ya nadie esperaba, la noticia de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó lo que ya todos sabíamos, pero que los jueces no decían o no querían decir: que las sucesivas reelecciones de Gildo Insfrán al frente del Ejecutivo formoseño eran inconstitucionales.
El tardío ejercicio de lucidez jurídica que fue esperado por años viene finalmente a cercenar –al menos en el plano conceptual, el proyecto del mandatario formoseño es perpetuarse en el poder– la posibilidad de que se extienda en otros períodos una autosucesión dinástica que ya lleva tres décadas, 29 años, para ser exactos.
El caso de la provincia de Formosa, es la mejor fotografía de un país que se niega a evolucionar y que repite hasta el cansancio los mecanismos que lo llevaron a la ruina.
La gesta feudal de Insfrán sólo puede ser comprendida en el marco de un ejercicio de populismo exacerbado mediante el cual la provincia norteña, cuyos recursos dependen en un 80% de la coparticipación, ha perpetuado su retraso mediante el clientelismo, los subsidios a destajo y un control férreo de la Justicia y de la Policía.
A lo que debe agregarse la manipulación de procesos electorales en los que se ha denunciado que votan masivamente extranjeros con documento argentino, quienes hasta percibirían jubilaciones pagadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Todo ello sin mengua de contrabando y narcotráfico, dos auténticos pilares productivos en esa descontrolada zona de frontera.
El caso de Formosa no es único, pero sí el más conspicuo de un sistema caudillesco que aún se ejercita en no pocas provincias, donde inclusive se practican ejercicios de sucesión familiar entre esposas, hijos y hermanos.
Un sistema que ha sido tolerado y hasta promovido por sucesivos gobiernos nacionales sin que desde la política o la Justicia se intentara esfuerzo alguno por acotar tamaño desmadre.
Por cierto, el hecho de que la Corte Suprema de Justicia se haya pronunciado con estricto ajuste a derecho no quita que el fallo llega demasiado tarde, cuando ya el daño inferido a una parte de la sociedad es de difícil solución.
Porque sería ingenuo suponer que la antiheroica gesta de Insfrán ha sido posible sólo porque el gobernador del feudo es un genio de la estrategia política.
Lamentablemente, el mandatario ha tenido un exceso de cómplices, y la tolerancia de una sociedad que le ha abonado el camino es el ingrediente fundamental.
Nada de lo que ha hecho hubiera sido posible sin la claudicación de muchos.
Por otra parte, el final de la historia aún no está escrito. A estas horas, el gobernador impulsa una reforma de la Constitución provincial que habilitaría dos períodos más de gestión, lo que habrá de inaugurar nuevos intríngulis jurídicos.
Es de esperar que en el siguiente capítulo de este culebrón argentino, nuestros jueces se tomen menos tiempo para pronunciarse.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
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