La decisión del Sanatorio Concordia de dejar de recibir nuevos pacientes de PAMI desde el 1° de septiembre abrió una discusión que no debería limitarse exclusivamente al reclamo económico de la institución ni a la respuesta del organismo nacional.
Según comunicó el sanatorio, la rescisión del convenio fue informada el 26 de junio, después de más de diez meses de reclamos por un atraso arancelario que, según la institución, alcanza el 130%. Su presidente, Andrés E. Lemesoff, cuestionó además la ausencia de propuestas e instancias de negociación y advirtió que el traslado de la demanda de aproximadamente 15.000 afiliados hacia el sistema público podría generar una situación crítica en los hospitales de Concordia.
PAMI, por su parte, difundió su propia posición y la directora de PAMI Concordia, Karina Bernardi, habria señalado que no puede formular declaraciones mientras el convenio continúe vigente, hasta el 31 de agosto.
Hasta aquí, se trata de una disputa entre un prestador y el organismo financiador. Pero hay otra discusión que no debería quedar fuera.
¿Y la calidad de atención que reciben los afiliados?
Para muchos afiliados de PAMI, la eventual salida del Sanatorio Concordia no representa necesariamente el comienzo de un problema. La calidad de determinadas prestaciones que históricamente recibieron ha sido, en numerosos casos, motivo de críticas: desde demoras hasta dificultades para acceder a determinados servicios.
Por eso, sería un error presentar el conflicto únicamente desde la perspectiva de si PAMI paga poco o si el sanatorio reclama una actualización de sus aranceles.
También habría que preguntarse qué prestación recibieron y reciben los afiliados a cambio de los recursos que PAMI destina a sus prestadores.
Porque una obra social no debería ser evaluada solamente por cuánto paga, sino también por qué servicio reciben sus afiliados.
El otro problema: cuando ser afiliado de PAMI parece convertirse en una desventaja
Y aquí aparece una cuestión todavía más delicada que debería ser observada por las autoridades locales de PAMI.
En Concordia existen prestadores privados —que por el momento este medio no identificará— sobre los cuales existen cuestionamientos de afiliados respecto del trato que reciben simplemente por pertenecer a PAMI.
El problema no sería solamente la demora habitual para conseguir un turno. Lo verdaderamente preocupante son los casos en los que un afiliado debe esperar semanas o incluso más de dos meses para acceder a una consulta, mientras existen otras modalidades de atención que aparentemente tienen prioridad.
Si un prestador mantiene un convenio con PAMI y recibe una remuneración previamente acordada por las prestaciones que brinda, resulta razonable preguntarse si puede establecer, en la práctica, una suerte de segunda categoría para quienes llegan derivados por esa obra social.
¿Puede un afiliado de PAMI quedar sistemáticamente detrás de quien tiene otra cobertura?
¿Puede alguien que paga en efectivo obtener un turno antes que un jubilado que depende de su cobertura para acceder a una consulta?
Y, fundamentalmente: ¿quién controla que eso no ocurra?
Lo que aquí se expresa no es una acusación anónima ni una versión atribuida a terceros. Es una posición editorial que este medio asume y de la que se hace responsable, basada en situaciones y reclamos que hemos recibido de afiliados.
Ahí es donde la conducción local de PAMI tiene una responsabilidad que no debería delegarse.
Karina Bernardi no debería desconocer que los afiliados necesitan algo más que una cartilla de prestadores: necesitan que esos prestadores efectivamente garanticen una atención adecuada, en tiempos razonables y sin un trato degradante por el solo hecho de pertenecer al sistema.
Los jubilados no pueden convertirse en pacientes de segunda
Hay algo que debería estar fuera de cualquier discusión política o económica.
Los afiliados de PAMI son, en su inmensa mayoría, personas que durante décadas realizaron aportes y que hoy tienen derecho a recibir una atención sanitaria acorde con sus necesidades.
No son ciudadanos de segunda.
No deberían ser tratados como ciudadanos de segunda.
Y mucho menos deberían convertirse en los rehenes de una disputa entre prestadores y organismos financiadores.
Si el Sanatorio Concordia reclama una actualización de aranceles, deberá discutirse y resolverse. Si PAMI considera que sus condiciones económicas son adecuadas, deberá explicarlo. Y si existe riesgo de que 15.000 afiliados sean derivados al sistema público, las autoridades deberán garantizar que esa transición no termine saturando aún más hospitales y centros de salud.
Pero existe además otra obligación: controlar a todos los prestadores que continúen dentro del sistema.
Porque si el problema del afiliado comienza cuando intenta conseguir un turno y descubre que debe esperar dos meses mientras otros pacientes son atendidos antes, entonces el problema no es solamente el convenio con el Sanatorio Concordia.
Es un problema de funcionamiento del sistema.
Y ahí PAMI tiene algo que decir.
La pregunta que queda planteada es sencilla, pero incómoda:
¿Quién defiende al afiliado de PAMI cuando el problema no está en el organismo, sino en alguno de sus propios prestadores?
Porque una persona mayor no debería tener que aceptar malos tratos, demoras interminables o una atención deficiente simplemente porque pertenece a PAMI.
Después de toda una vida de trabajo y aportes, lo mínimo que merece es algo mucho más básico: ser atendida con respeto y en tiempo razonable.