En el principal cruce con Colombia, madres, padres y hermanos sostienen la esperanza mientras persiste el control y el miedo
Y de pronto, delante de un cartel con fotos de colombianos, con su nombre impreso debajo, empezó a llegar gente. Luego, abrazos, besos y emociones. Era poco después del mediodía en el Puente Internacional Simón Bolívar, el principal paso que une Colombia y Venezuela a la altura de los departamentos de Norte de Santander y Táchira. Varios familiares de detenidos en las famosas cárceles de Caracas concurrían a compartir la noticia que les devolvió la esperanza: el gobierno de Delcy Rodríguez decidió liberar presos políticos.
“Sé, como madre que soy, que va a volver. Lo sé; mi instinto de madre me lo dice”. Habla Miriam Angarita, madre de Guzmán Humberto Ramírez Angarita, una mujer que espera hace 10 años que su hijo regrese. Dice que su hijo era “motorista” y que vivía en la localidad venezolana de Ureña. Por su parte, un comunicado oficial del gobierno venezolano informó que se trataba de un terrorista que operaba con paramilitares. Así son todos los casos que escuchó el enviado de LA NACION; la gran mayoría de los detenidos tienen los mismos cargos.
Mientras contaba su caso a LA NACION, se daba vueltas, señalaba la foto y continuamente la besada. “Hace 10 años que lo detuvieron. Nunca más supe nada hasta hace 4 meses que liberaron a unos presos. Uno de ellos me dijo que en la cárcel había un joven que se llamaba Guzmán Humberto Ramírez Angarita. No puede ser una casualidad, es mi hijo”, relató emocionada. se le cortaba la voz, esta vez cruzada por la esperanza. “Yo lo di por muerto, pensé que lo habían matado. Mi esposo murió hace 4 años sin escuchar de nuevo su voz. Pero yo lo voy a volver a ver”.
Nadie tenía ninguna información respecto de qué tan cerca o tan lejos está ese soñado momento en que los familiares regresen por alguno de los tres puentes que hay en la zona. Pero no importaba mucho; el asunto es que la sangre les volvió a correr cuando se enteraron que ya se habían producido algunas liberaciones en Caracas.
De a poco, llegaban más familiares de presos políticos. Todos ellos, según comentaron, estaban detenidos la cárcel El Rodeo, el principal complejo penitenciario ubicado en el departamento de Miranda, en las afueras de la capital.
En Rodeo I está alojado, entre otros, el gendarme argentino Nahuel Gallo. “El Rodeo es una cárcel que parece una tumba, celdas de cemento de dos metros sin ventanas, ventilación o luz”, denuncian los familiares al describir las condiciones extremas de estos reclusos, muchos de ellos aislados del mundo exterior y sin poder ver ni comunicarse nunca más con sus allegados.
“Esta ya no es una cárcel común, sino un centro de torturas diseñado para borrar identidades y quebrar cuerpos”, agregan los familiares ante la escasez de agua para el uso más elemental y las dificultades para hacerles llegar a los presos artículos de limpieza hasta los hacinados calabozos.
“Mi padre hace cuatro años que permanece detenido. Tiene 70 años, pero va a volver. Es una brutalidad lo que han hecho con ellos”, dijo Javier Giraldo. Su padre, que también lleva su nombre quedó detenido en territorio venezolano con cargos de espionaje y traición a la patria. Ese es el cargo que tienen prácticamente todos los presos políticos y son los delitos que estos días les endilgan los guardias a quienes consideran tienen una actividad sospechosa.
Por caso, son varios los testimonios que recabó LA NACION sobre una de las medidas más intimidatorias que se agravó en los últimos días del otro lado de la frontera. Los guardias interceptan constantemente a los ciudadanos en la calle y les revisan el celular. Un mensaje, una foto guardada o cualquier movimiento digital puede ser considerado motivo para la detención y traición a la patria. “A un vecino lo llevaron detenido, le dijeron que en su estado de Whatsapp tenía algo que estaba contra el régimen. Y lo detuvieron”, contó una mujer que todos los días cruza a trabajar a una casa de familia en Cúcuta.
Nubia Mise se llegó ahí por solidaridad. “Mi hermano, Josué Mise, ya fue liberado hace un par de meses. Pero yo vengo por solidaridad porque en todos estos años de lucha esto se convirtió en una familia. Y los compañeros de mi hermano están todos dentro de la cárcel, no liberaron a nadie”, contó.
Como es habitual desde que cayó el régimen de Nicolás Maduro, la frontera se movilizó. Y las postales de esa tensión en aumento se ven todo el tiempo. De hecho, frente a donde se congregaban los familiares de los detenidos, dos jóvenes pararon una moto con chapa identificatoria venezolana. Los dos estaban enfundados con remeras que tienen los motociclistas que se dedican a pasar gente que los encuadra como miembros de alguna cooperativa o grupo. Uno se recostó en su motovehículo; el otro, se posó en una baranda. Y allí empezaron su tarea de fotografiar a cada uno de los que estaban en el improvisado encuentro. Sin pudor.
Así transcurrieron todos estos días en la frontera, con mucha gente de la guardia venezolana que cruzan, miran y toman nota de los que hablan con la prensa, o hacen alguna declaración. Los esperan, dicen, del otro lado para que expliquen esa conducta que, de acuerdo al amplio encuadre, para el régimen podría tratarse de “traición a la patria”. De ahí que, a partir del martes, cuando se intensificaron los registros de celulares y los controles, se tornó cada vez más difícil que los venezolanos acepten contar lo que sucede en su país.
Cuando ya eran varios frente al cartel con las fotos de los detenidos, llegó Sandra Castaño, madre de Brandon José Castaño. “A mi hijo lo detuvieron y lo condenaron por espionaje falso. Y ya cumplió la condena. Hace seis meses que se cumplió el tiempo, pero no lo han soltado. Hoy me dijeron que seguramente lo van a dejar en libertad porque el ya pagó sus culpas y cumplió la condena”, se ilusionó. “¿Lo pudo visitar o ver alguna vez en la cárcel?“, preguntó LA NACION. ”Jamás, desde 2019 no lo vimos ni hablamos”, contestó.
El caso de su hijo mereció un posteo en X del temido Fredy Bernal, el gobernador del estado de Táchira. “Se ha detenido a Brandon José Castaño Ocampo, de nacionalidad colombiana, de 22 años de edad, integrante de la banda paramilitar del “PAISA”. Felicitaciones a los efectivos de la #GNB y del #CICPC. ¡Seguimos hablando con hechos, no con rumores!“. Según su madre nada tiene que ver con esa banda, pero de cualquier manera, dice, ya fue condenado y cumplió esa pena.
Así las cosas, la frontera entre Venezuela y Colombia siempre encuentra algún motivo para refractar las decisiones políticas del gobierno central. En estas horas, la guardia de los familiares de un grupo de presos detenidos del otro lado del límite que esperan verlos aparecer. “Tenemos noticias de que la diplomacia de Colombia trabaja para la liberación de todos los presos”, dijo Javier Giraldo.
Y como se dijo, el puente, una vez más protagonista. Esta vez ya no para ser el paso de la diáspora sino para ser testigo de la finalización una de las más aberrantes conductas del régimen chavista: privar de la libertad a una persona solo por pensar distinto. Un rasgo inequívoco de las dictaduras.
