La decisión judicial también alcanzó al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por la supuesta retención ilegal de aportes jubilatorios de la entidad.
La decisión la tomó el fiscal Claudio Navas Rial, que acusó formalmente a los dos dirigentes de la AFA, en el marco de una investigación por la deuda superior a los $19.000 millones en aportes jubilatorios.
La causa está en manos del juez Diego Amarante, y es la primera vez en la que Tapia y su mano derecha son imputados.
La denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI) en los primeros días del mes de diciembre avanzó y cuenta ya con la imputación de Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
En aquel entonces, la subdivisión que responde a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había estimado un perjuicio fiscal de $7.000 millones, entre retenciones impositivas y tributos a la seguridad social, mientras que actualmente el monto denunciado ascendió a los $19.000 millones, únicamente en cuanto a aportes jubilatorios impagos.
La causa investiga a la entidad madre del fútbol argentino por los delitos mencionados en los artículos 4 y 7 de la ley 27.430 del Régimen Penal Tributario, en los cuales se califica como infracciones a la “apropiación indebida de tributos” y de “recursos de la seguridad social”, con plazos de 30 días para depositar, total o parcialmente, el dinero evadido.__IP__
En caso de no hacerlo, los artículos mencionados indican penas de entre dos y seis años de prisión para el “agente de retención”, el principal responsable del dinero retenido y administrador de la clave fiscal, quien en este caso es Claudio “Chiqui” Tapia.
Además del presidente de AFA y su tesorero, la magnitud de la estructura económica de la asociación genera que se amplíe la investigación hacia otros dirigentes vinculados, entre los cuales se encuentran Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, secretario de la entidad, y Gustavo Lorenzo, director general de la mesa directiva de la asociación acusada.
