La normativa vigente establece un orden estricto para repartir los bienes cuando no existe testamento, dejando fuera a ciertos familiares si no cumplen con los requisitos legales.
En el caso de que una persona muera sin haber otorgado testamento, el reparto de su patrimonio se rige por lo establecido en el Código Civil español. Este marco legal establece un orden sucesorio claro con el objetivo de proteger los derechos de los herederos y evitar disputas.
Orden de sucesión y reparto entre familiares directos
La ley establece que, ante la ausencia de testamento, la herencia debe repartirse en primer lugar entre los descendientes, es decir, los hijos o nietos del fallecido.
Este reparto se efectúa por partes iguales entre los hijos, y en caso de que alguno de ellos haya fallecido, sus propios descendientes heredan su parte mediante el principio de representación.
Cuando una persona fallece sin haber otorgado testamento, el reparto de su patrimonio se rige por lo establecido en el Código Civil español. (Fuente: Shutterstock)
Si no existen descendientes, el orden sucesorio se traslada a los ascendientes: padres o, en su defecto, abuelos. En estos casos, el patrimonio se distribuye igualmente entre ellos. Este sistema garantiza que los bienes permanezcan dentro del núcleo familiar más cercano al fallecido.
El papel del cónyuge viudo y los colaterales en ausencia de descendencia
El cónyuge supérstite tiene derechos sucesorios condicionados a la existencia de otros herederos. Cuando hay hijos, no accede a la propiedad de los bienes, pero sí adquiere el usufructo del tercio de mejora, lo cual le permite disfrutar de una parte del patrimonio, aunque no lo posea en propiedad plena.
En los casos en los que tampoco existan descendientes ni ascendientes, el cónyuge sí se convierte en heredero universal. Si también falta la figura del cónyuge, la herencia se asigna a hermanos y, en su ausencia, a sobrinos.
Posteriormente, se extiende hasta los colaterales de cuarto grado, como tíos o primos. Finalmente, si no se encuentra ningún heredero dentro de los grados legalmente reconocidos, el Estado asume la titularidad del patrimonio.
Aplicación del reparto y derechos hereditarios complementarios
Cuando una persona fallecida deja cónyuge e hijos, los hijos reciben la titularidad de la herencia a partes iguales, mientras el cónyuge mantiene el derecho de usufructo vitalicio sobre una porción. Este usufructo no le convierte en propietario, pero le garantiza el uso de ciertos bienes.
El derecho de representación también cobra relevancia en contextos donde los hijos han fallecido, pero sobreviven nietos. Estos heredan la parte que hubiera correspondido a sus progenitores, manteniendo así la línea sucesoria directa.
Este principio evita que la herencia pase a ramas colaterales cuando existan descendientes legítimos vivos.
Si no existen descendientes, el orden sucesorio se traslada a los padres o abuelos
Qué se debe tener en cuenta en herencias intestadas
La sucesión sin testamento puede generar conflictos, en especial cuando los bienes heredados pasan a un régimen de copropiedad entre varios herederos. Estas situaciones dificultan la gestión del patrimonio, ya que cualquier decisión requiere consenso entre todas las partes.
Para una correcta gestión, es recomendable obtener el Certificado de Últimas Voluntades, verificar si existe testamento y, en su defecto, iniciar el procedimiento de declaración de herederos abintestato.
La intervención de un notario o de asesoramiento jurídico especializado puede resultar fundamental para garantizar que el proceso se desarrolle conforme a la ley y sin conflictos innecesarios.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
Caompartir la informacion
La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
📲 Leé la nota completa en Diario Análisis Litoral.
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