Una plataforma digital para efectivizar el derecho de acceso a la Información Pública
y el deber de los funcionarios de transparentar sus actos
La concejal Yaiza Pessolani Bechet, del bloque La Libertad Avanza en Concordia,
presentó un proyecto de ordenanza que propone la creación del Sistema Legislativo Abierto
(SILA), una herramienta digital que permitirá a todos los vecinos seguir en tiempo real la
actividad parlamentaria del Concejo Deliberante.
La propuesta establece que cualquier ciudadano podrá consultar —de forma libre,
gratuita y desde su celular o computadora— el recorrido de los proyectos presentados, su
estado, la comisión a la que fue girado y el resultado de cada votación. Además, incluye un
registro público detallado de la participación de los concejales en las sesiones y espacios de
trabajo legislativo, así como el sentido de su voto en cada expediente tratado. “La política
tiene que volver a rendir cuentas. Con el SILA, cada concordiense podrá saber qué se
discute, cómo se define y quiénes están presentes en la tarea parlamentaria, que es uno de
los deberes más importantes que tenemos los concejales”, explicó Pessolani
Inspirado en experiencias exitosas de municipios como Paraná, Bahía Blanca, Villa
María, Bell Ville y Hurlingham, el SILA demuestra que la apertura legislativa no solo es
viable técnicamente, sino que también promueve una participación ciudadana más activa y
exigente.
En relación con la agenda provincial, la edil remarcó que “hay un consenso creciente
en Entre Ríos sobre la necesidad de abrir la información pública y modernizar las
instituciones. Este proyecto se inscribe en ese camino, con una propuesta concreta desde el
Concejo para que la transparencia deje de ser un eslogan y se transforme en una práctica
cotidiana”.
“El SILA no es solo una página web. Es una decisión política que busca devolverle el
poder a la ciudadanía. Queremos un Concejo visible, con reglas claras y sin privilegios. La
transparencia fortalece la democracia y recupera la confianza”, agregó la edil liberal.
El proyecto establece un plazo máximo de 120 días para que el sistema esté
operativo, bajo gestión de la Presidencia del Concejo Deliberante. También habilita la firma
de convenios con universidades y entidades públicas o privadas para su desarrollo técnico,
garantizando estándares de eficiencia y sostenibilidad.
Pessolani concluyó: “La ciudadanía tiene derecho a saber qué se decide en su
nombre. Este proyecto es una herramienta para que todos puedan conocer mejor para
participar más. Si la política no se abre, la libertad no avanza”.
