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El juez Labriola debe resolver la apelación de Urribarri, en una causa que la sociedad pide a gritos Justicia
El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Gervasio Pablo Labriola, dará a conocer este miércoles, a las 9, la resolución al recurso de apelación que habían presentado los abogados defensores del exgobernador Sergio Urribarri, y de quien son sindicados como sus «testaferros», Diego Armando Cardona Herrero y Raúl Martínez el 1º del actual.
La novedad sobre la audiencia fue publicada en la agenda del Poder Judicial.
A lo largo de una extensísima audiencia, el magistrado escuchó primero los argumentos de las defensas del exgobernador Sergio Urribarri, Raúl Barrandeguy y Miguel Cullen, y de las personas señaladas como testaferros en la causa por enriquecimiento ilícito que se le abrió en 2015, Ignacio Díaz y José Raúl Velázquez, en representación de Diego Armando Cardona Herreros, y Candelario Pérez y Tomás Vïrgala, defensores de Raúl Martínez que reiteraron el pedido de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, reprocharon que la Fiscalía se extendió en los plazos para investigar y la nulidad de nueva apertura de causa dispuesta por el Ministerio Público Fiscal.
En ese marco, el defensor Cullen pidió al juez Labriola que dicte la nulidad de la citación a declaración de imputado de Urribarri prevista para el 14 de este mes, y de Cardona Herreros y Martínez, para el 16, ante la Fiscalía. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano pretenden que el exgobernador explique de qué modo pudo incrementar su patrimonio en más de 9 millones de dólares durante los años que estuvo al frente del Poder Ejecutivo entrerriano, entre 2008 y 2015. Para llegar a esa cifra cuentan con dos informes: el producido por el contador Héctor Enrique, personal de la Procuración, y por Romina Stepanic Pouey , técnica del Poder Judicial, y Cristian Dumé, perito de parte.
El miércoles 17 de mayo último, el juez de Garantías Julián Vergara rechazó el planteo de prescripción en la causa por enriquecimiento ilícito que se abrió en 2015 a Urribarri.
El magistrado no halló razones para aplicar el beneficio de la prescripción y se apoyó para eso en la permanencia, de forma casi ininterrumpida, de Urribarri en cargos públicos, un condicionamiento que pone la ley para suspender los plazos de la prescripción. La ley intuye que siendo funcionario público podría entorpecer la investigación.
El exgobernador Urribarri estuvo al frente del Ejecutivo entre 2008 y 2015; luego, fue diputado provincial hasta 2019; y desde mayo de 2020 hasta junio de 2022, y luego de ser condenado en el megajuicio a 8 años de cárcel, embajador argentino en Israel. El juez dijo que la apertura de la causa por enriquecimiento, ocurrida en 2015, no interrumpe los plazos de la prescripción; solo lo hace la declaración de imputado, hecho que ocurrirá recién en junio próximo.
«Entiendo de que no ha operado la prescripción en el presente legajo porque el tiempo de prescripción ha estado suspendido desde 2015 hasta 2019, luego unos meses, hasta que fue nombrado embajador en 2020. De ninguna manera podemos decir que han operado los plazos de la prescripción», señaló.
Tampoco el juez hizo lugar al planteo de extensión de los plazos procesales y que Fiscalía se había excedido en el tiempo de la investigación penal. En concreto, los defensores señalaron un plazo concreto, entre el 21 de agosto de 2019 y el 11 de diciembre de 2020, la causa estuvo paralizada. En contraposición, el Ministerio Público Fiscal le presentó al magistrado un listado extenso de medidas procesales que se concretaron en ese período. El 27 de mayo de 2020, por ejemplo, se dio inicio a la pericial contable sobre Urribarri que arrojó como dato un crecimiento injustificado de sus bienes de unos 9 millones de dólares. «Hubo intensa actividad procesal con participación de la defensa», resumió el juez. «Esto demuestra que no hubo abandono de la investigación», abundó.
El plazo para que venza el tiempo que tiene Fiscalía para llevar adelante la investigación se cuenta a partir de la última declaración de imputado, explicó. El 27 de abril de 2023 se dispuso citar a declaración de imputado de Urribarri para el 14 de junio, a las 10. «No ha sido previamente convocado. En virtud de esta información es que no empezó a correr el plazo. No vencieron los tres meses porque no hubo declaración de imputado. Por eso, más allá de que hubo intensa actividad procesal, no ha empezado a correr el plazo. No voy a hacer lugar al pedido de insubsistencia de la acción penal». señaló Vergara.
También negó el planteo de la defensa que reprochó el decreto de apertura de la causa por enriquecimiento a Urribarri. «No podamos darle entidad que no tiene a la apertura de causa», subrayó. «La apertura de causa es una descripción respecto de un hecho delictivo, que le da marco a la investigación. Estamos en los primeros pasos del proceso penal. Esta apertura de causa puede estar incompleta, fragmentada, pero esto no significa que ya estemos juzgando o determinando que el delito ha sido cometido. Por eso no voy a hacer lugar al planteo de nulidad al decreto de apertura de causa», sostuvo.
Pero los defensores de Urribarri reprocharon ese razonamiento del juez: dijeron que plantear que la prescripción se interrumpe durante el tiempo que la persona es funcionario público es establecer una diferenciación con el resto de los ciudadanos. Barrandeguy y Cullen alegaron respecto a que el plazo de la prescripción comienza a computarse desde el momento de que se dictó la apertura de la causa. Eso sucedió, dijeron, el 22 de diciembre de 2015, cuando el Procurador Jorge García dio curso a una denuncia contra Urribarri que habían presentado los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. «La suspensión de la prescripción desapareció cuando comenzó la investigación. Desde diciembre de 2015, desapareció la interrupción», ilustró Barrandeguy.
Cullen planteó la discusión en torno al incumplimiento de garantías constitucionales por parte del Ministerio Público Fiscal. “No se ha cumplido con el Código de Procedimiento. Se ha violado la garantía de un debido proceso legal, porque se ha violado el plazo razonable. Nos preguntamos si el Ministerio Público Fiscal puede investigar sin límite temporal”, razonó.Luego, aseveró que la resolución del juez de Garantías no respondió a ninguno de los planteos de la defensa al rechazar la prescripción y las nulidades esbozadas. “El juez no contesta a ninguno de los agravios en forma concreta. Creo que no entendió el planteo. Lo que planteó esta defensa es que la prescripción se interrumpe cuando se abre la investigación. Lo que hizo el juez es una interpretación inconstitucional. Por el solo hecho de ser funcionario, Urribarri no tiene un Código Penal distinto. Esa es la discusión que planteamos. Urribarri merece juicio justo, tiene las mismas garantías que un ciudadano cualquiera, ¿o por el hecho de haber sido gobernador o empleado público esas garantías se encuentran restringidas?”, se preguntó.
Al justificar su pedido de nulidad de la citación a Urribarri a declaración de imputado, el próximo día 14, Cullen explicó. “En la última modificación de la apertura de causa se lo cita a Urribarri a declaración de imputado sin darle la posibilidad de que explique ese posible crecimiento patrimonial que le endilgan. Es un dislate de Fiscalía probar lo que el empleado de Fiscalía, Enrique, dice que incrementó Urribarri. Entendemos que el Ministerio Público Fiscal ya descarta que Urribarri no va a poder justificar nada. Lo cita para que justifique y como no va a poder justificar, lo cita a indagatoria. Primero debe darle un plazo para justifique. Urribarri no ha contado con las garantías básicas de un proceso judicial en esta causa”, planteó.
Al final, decretó: “Esta causa está absolutamente prescripta”.
Al planteo de prescripción se sumó el defensor de Martínez, Tomás Vírgala. Se trata de una persona sindicada como testaferro de Urribarri. A ese respecto, el otro defensor, Candelario Pérez, dijo: “La situación de mi defendido es especial. Se lo trae como partícipe que no sabemos tampoco porque no hay calificación legal en el llamado a indagatoria para el 16 de junio”.
La fiscal Patricia Badano reprochó que el recurso de apelación estuvo mal concedido y “no reúne los requisitos de admisibilidad” y solicitó a Labriola que referente lo resuelto por el juez de Garantías.
Su colega, Gonzalo Badano, insistió con la tesitura de que la prescripción se suspende desde el momento en que deja de ser funcionario público: Urribarri fue dos veces gobernador, entre 2008 y 2015; de 2015 a 2019, diputado provincial; luego, embajador en Israel, cargo que retuvo hasta el 1º de junio de 2022, cuando le aceptan la renuncia. “Recién el 27 de abril de 2023 se dispuso la citación a indagatoria”, explicó.
Luego, enumeró todo el trabajo investigativo de la Fiscalía en la causa por enriquecimiento, que incluyó allanamientos en las empresas de Cardona Herreros, y el secuestro, entre otros elementos, de equipos informáticos que contienen un millón de correos electrónicos que están siendo peritados.
Además, citó fallos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que ratifican que la permanencia de la persona investigada como funcionario público interrumpe la prescripción.
Vírgala escuchó a las partes, pero no resolvió: se tomará el tiempo para elaborar su resolución.
Quién es Cardona Herreros
En 2019, durante una audiencia en Tribunales de la causa por enriquecimiento, se ventilaron escandalosos detalles de la relación entre la familia Urribarri y el empresario de origen paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.
En lo que parecía un trámite burocrático en los Tribunales –el pedido de devolución de computadoras secuestradas en un allanamiento ocurrido en junio de 2018 a un imputado en una causa por corrupción- se transformó a comienzos de noviembre de 2019 en un plató en el que se ventilaron escandalosas maniobras que la Fiscalía reprocha al exgobernador Sergio Urribarri y buena parte de su familia, y el modo cómo el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, consiguió millonarios contratos con el Estado entrerriano a cambio de pago de coimas a funcionarios. Pero además, frente al juez de Garantías Mauricio Mayer se leyeron una serie de correos electrónicos y planillas de cálculos en los que Cardona Herreros habría llevado una puntillosa contabilidad de los gastos que costeaba a Urribarri y a su familia, incluidos viajes al Caribe, a Cuba y a Venecia, y hasta el pago de su teléfono celular.
En los mails que intercambiaba Cardona Herrero con Urribarri se demostraría que entre ambos había una relación sobradamente estrecha que excedía lo protocolar.
«Estimado Pato: Aprovecho para saludarte y preguntarte qué hacemos con los temas en cartera. No sé cómo seguir», dice un correo electrónico que el empresario envió al exgobernador. «Me gustaría saber si estás enojado conmigo. Necesito hablar con vos», rogaba en otro. «Tengo que cerrar números con vos», urgía un tercero.
El fiscal Gonzalo Badano relató en aquella oportunidad que la causa por enriquecimiento que se abrió a Urribarri en 2015 incorporó a un empresario que resultaría clave en su “desproporcionado” crecimiento patrimonial: Cardona Herreros. Y para eso se basó en un informe pericial del contador Héctor Enrique que demuestra de qué modo la incorporación de un patrimonio de 11 millones de dólares a los bienes del exgobernador sólo pudo ser posible con la participación del empresario de origen paraguayo. “Urribarri utilizó la infraestructura de Cardona Hereros para su crecimiento patrimonial. Este dinero que incorporó a su patrimonio, además, no encuentra registro en ningún organismo oficial. No está en la ATER ni en la AFIP, ni en ninguna declaración jurada. Hemos podido determinar que Cardona Herreros compraba vehículos para la familia Urribarri, le compraba viajes al Caribe, para que viajen el exgobernador y su familia. También está la compra de muebles. Y de todas estas operaciones no existe registro en otro lado que no sea en las computadoras de Cardona Herreros que secuestramos”, afirmó.
“La única manera de registrar esos movimientos era en las computadoras de Relevamientos Catastrales y de Cardona Herreros. Se valían de planillas de Excel, el envío de mail entre ellos, vinculados a inmuebles, viajes y muebles. Urribarri utilizó la estructura de Cardona Herreros por medio de Relevamientos Castastrales. En la empresa, cuando allanamos descubrimos que tenía cajas fuertes y equipos informáticos para poder administrar este dinero”, señaló el fiscal. “También hay datos de eso en la computadora secuestrada en el domicilio de Cardona Herreros”, apuntó.
Según Badano, las computadoras resultan una “pieza fundamental” porque registraron “las operaciones que no están asentadas en ningún lado”.
En una de las computadoras secuestradas, la de la empleada Laura Suárez, de Relevamientos Catastrales, la Fiscalía halló datos sobre “la compra de pasajes en Aerolíneas y en Austral a nombre de Urribarri, y sus hijos Mauro y Franco. Está hasta el detalle de los precios. Encontramos detalles de pagos a nombre de SDU, esto es Sergio Daniel Urribarri. También operaciones de cambio de pasajes a nombre de Bruno Urribarri; el pago de departamentos, con cuotas en dólares y hasta pagos a la empresa Kriptak Inc, de la familia Urribarri”.
En forma aleatoria, el fiscal Badano fue leyendo en la audiencia de Tribunales copia de la documentación encontrada en las computadoras secuestradas en la casa de Cardona Herreros y en las oficinas de su empresa. “Se encontró el dato del pago del teléfono celular de Urribarri, que lo hacía Cardona Herreros. También los gastos de un viaje a Venecia”, afirmó. Luego, leyó los datos de información encontrada en la computadora personal de Cardona Herreros: allí se dio con registros de la compra de un “voucher” de un tour por La Habana a nombre del exministro de Gobierno, Mauro Urribarri. También, los gastos pagados por un viaje a Madrid del exgobernador y su esposa, Ana Lía Aguilera.
También, el registro de un viaje de la familia Urribarri a Miami.
Coimas
Badano planteó la hipótesis de la Fiscalía respecto a que esas computadoras secuestradas no sólo fueron instrumento del delito en la causa por enriquecimiento ilícito, sino en otra investigación que salpica al exgobernador: por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, un tecnicismo judicial para referirse al pago de coimas.
Esa causa, dijo, investiga de qué modo a partir de 2007, cuando Urribarri era ministro de Gobierno del exgobernador Jorge Busti, y luego durante sus dos gestiones como titular del Poder Ejecutivo, “como el fin de generar un núcleo ilícito, favoreció a Relevamientos Catastrales”. Lo hizo mediante maniobras para favorecer que esa firma lograra quedarse con las distintas licitaciones para la adquisición de software en la provincia. La imputación dice que Urribarri realizó “acuerdos con Cardona Herreros, y ordenó a funcionarios que aportaran información anticipada, y que gestionaran la contratación a favor de Cardona Herreros”. En esas maniobras, dijo, hubo cobro de sobreprecios que sirvieron, después, para el pago de sobornos a funcionarios.
En esa causa la investigación apunta a la participación de una serie de funcionarios, entre los que están el exministro de Economía, Diego Valiero; el titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el exsecretario de Hacienda, José Humberto Flores; y el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone.
Con el aval de Urribarri, Cardona logró contratos importantes en el Estado entrerriano: primero, con el Ministerio de Trabajo, en tiempos de Smaldone, por $19 millones, para la instrumentación de un software. A través del decreto N° 20, de enero de 2014, se contrató la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” para la cartera a su cargo. El acuerdo finalizará en el 2016 y tiene un costo mensual de 550.000 pesos.
Después formalizó un convenio con el Ministerio de Economía liderado por Diego Valiero. Fue por $7.833.600, según el decreto 788/15, por la prestación de un servicio de “soporte técnico operativo y de mantenimiento de software” en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía.
En el Boletín Oficial de Entre Ríos, de fecha 6 de junio de 2012, se encuentra el decreto Nº 482 del 29 de diciembre de 2011, con el cual el entonces gobernador Sergio Urribarri y su entonces ministro de Economía, Diego Valiero, aprobaron el contrato de Relevamientos Catastrales SA para que brinde “un servicio de soporte técnico, operativo y de mantenimiento de software, por un período de dieciocho (18) meses, con opción a prórroga a favor del Estado por dieciocho (18) meses más, con destino a las Direcciones Generales de Ajustes y Liquidaciones y de Informática”. Por ese servicio se le pagó un importe mensual de ochenta mil novecientos (u$s 80.900) dólares, y “un importe total por dieciocho (18) meses de dólares estadounidenses un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos (u$s 1.456.200), por cumplir con los pliegos y resultar el precio cotizado conveniente a los intereses del Estado”.
En enero de 2014, el entonces ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, contrató a la misma empresa para la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” por un plazo de 3 años, a un precio mensual de $ 550.000. El monto total que se le pagó fue de $19.800.000.
El 21 de diciembre de 2015, el periodista y director de la revista Análisis, Daniel Enz, reveló que ese año el entonces gobernador Sergio Urribarri le adjudicó a Relevamientos Catastrales SA un contrato anual por $7.833.600 por la prestación de un servicio de soporte técnico operativo y de mantenimiento de software en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía.
En esa publicación, Enz dio más datos sobre el empresario detrás de la empresa (y empresas) contratadas por Urribarri. Precisó que al firma tiene sede en Capital Federal, y estaba presidida por el empresario Diego Armando Cardona Herreros que “es amigo personal de Urribarri (hay quienes lo vinculan a ambos con la pasión por el fútbol y algunos negocios relacionados a ello) y a su alrededor giran por lo menos diez empresas que, en su mayoría, tienen el mismo domicilio: avenida Córdoba 1184, piso 4, en Capital Federal y, por lo general, se dedican a tareas de consultoría. Entre ellas aparecen TPI Invest SA; Organización Mesopotámica de Asesoramiento y Servicios; Economía y Regiones SA; Sistemas, Administraciones y Consultorías; Macadel SA; Novopharma SRL; Relevamientos fiscales SA; Mandatos y gestiones SA; Lemondata SA y Relevamientos Catastrales SA”.
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