El juez Julián Vergara definió que el ex gobernador Sergio Urribarri, el empresario Cardona Herreros y seis exfuncionarios afronten el juicio por coimas.
El juez Julián Vergara definió que el ex gobernador Sergio Urribarri, el empresario Cardona Herreros y seis exfuncionarios afronten el juicio por coimas. Este jueves, con alguna demora, se realizó la audiencia en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). Allí el juez de Garantías, Julián Vergara, resolvió elevar a juicio el legajo que involucra tanto a Urribarri como al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamientos Catastrales S.A.
Acusación contra Sergio Urribarri y Cardona Herreros
La acusación sostiene que Urribarri, “en su calidad de Ministro de Gobierno primero, y luego como gobernador de Entre Ríos, desde enero de 2007 aproximadamente, con el fin de generar un lucro ilícito para sí mismo y para Diego Armando Cardona Herreros, accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, con quien lo unían una estrecha relación de amistad, se interesó en favorecer a esta última propiciando su contratación a fin de desarrollar e implementar software para la Administración Pública Provincial de Entre Ríos”.
Además de Urribarri, los otros ex funcionarios imputados fueron Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ulrich, director General de Ajustes y Liquidaciones; José Laporte, secretario Legal y Técnico; Alfonso Luis Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; el exministro de Trabajo de la Provincia, Guillermo Smaldone; y José Flores, secretario de Hacienda de la Provincia.
Las defensas
En la causa, Urribarri es defendido por el abogado Miguel Ángel Cullen. En tanto que Andrés Bacigalupo y Franco Azziani Cánepa representan a Erbes; Ignacio Esteban Díaz y José Velázquez patrocinan a Cardona Herreros; Leopoldo Lambruschini a Flores; Gaspar Reca y Sebastián Ludi, defensores oficiales, a Ulrich; Juan Antonio Méndez a Haidar; y el exministro Guillermo Smladone se representa solo.
Cullen, al igual que otras defensas, sostienen que la causa comienza con un dato falso: Urribarri no era ministro de Gobierno en el período que Fiscalía afirma que ocurrieron los hechos. Además, cuestiona la figura que se le endilga de negociaciones incompatibles, puesto que esta exige que el imputado sea funcionario público y el acto administrativo impugnado ilegal. Así, planteó que Urribarri no era funcionario y que los actos bajo sospecha eran legales, y no irregulares como entienden los fiscales.
La defensa también sostiene que todos los ex funcionarios que están vinculados a la investigación pertenecían al Ministerio de Economía. Al momento del período investigado el ministro era Diego Valiero –que en un primer relato de los hechos fue mencionado pero luego, desvinculado-, y no al de Gobierno puesto que Uribarri pidió licencia el 14 de septiembre de 2006, se la concedieron al día siguiente y ya no regresó al Ministerio porque el 19 de marzo de 2007 se le aceptó la renuncia y el 10 de diciembre asumió su primer mandato como gobernador.
Antecedentes
Condenado en 2022 por corrupción, el exgobernador y exembajador Sergio Urribarri deberá afrontar un nuevo juicio oral, esta vez en el marco de la causa conocida como “Coimas”. En el primer proceso fue condenado a 8 años de cárcel (apelada ante la Corte Suprema) y ahora la Fiscalía pidió que sea sentenciado a 10 años de prisión por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.
Ahora deberá afrontar un nuevo proceso. La última audiencia del mismo, que se extendió durante casi un año, tuvo lugar el 31 de marzo. En ese momento, tanto la fiscalía como las defensas esperaban una decisión en un plazo de 20 días, pero ya pasaron 66. Finalmente, Vergara anunciará una resolución inapelable. Si el expediente es remitido a juicio, quedará por fijar la fecha del debate oral.
La demora se explica, en parte, por los intentos de las defensas de apartar al juez Vergara, alegando supuesta parcialidad. Además de definir si hay mérito para el juicio, el magistrado deberá pronunciarse sobre planteos de nulidad y pedidos de sobreseimiento presentados por los abogados defensores.
Durante la investigación, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano detallaron supuestos pagos de dádivas por parte de Cardona Herreros a funcionarios del gobierno de Urribarri, a cambio de contrataciones con el Estado entrerriano. También expusieron viajes al exterior que el empresario habría financiado con fondos de origen ilícito para Urribarri, su familia y allegados.
