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La ministra festejó el operativo montado para una movilización a reglamento de la CGT. La delgada línea entre el show del despliegue policial y la mano dura.
El Protocolo Antipiquetes de Patricia Bullrich, que incluyó nuevamente un desmedido despliegue de fuerzas federales y una amenaza latente de represión, cumplió este miércoles con los objetivos que se planteó la ministra de Seguridad. Pese a las horas de tensión que se vivieron en la desconcentración de la marcha de la CGT contra el decretazo de Javier Milei, hubo durante toda la jornada diálogo directo con los líderes sindicales y libre acceso de circulación en la Ciudad de Buenos Aires. “Todo salió perfecto”, se ufanan en la trinchera de bullrichista.
Con esto, Bullrich reforzó el perfil que viene construyendo desde que asumió por primera vez como ministra de Seguridad, durante el gobierno de Mauricio Macri. En público se mostró como la garante de la mano dura -“Se terminó el vale todo”, repitieron en su equipo- y hacia adentro exhibió capacidad política, de la que carece el resto del gabinete nacional, con excepción del ministro del Interior, Guillermo Francos. Según pudo saber Letra P, las autoridades ministeriales que le responden se comunicaron con el triunvirato sindical para consensuar las condiciones de la movilización y anticipar posibles conflictos.
“Hubo un trabajo técnico importante y mucha coordinación para que todo saliera como estaba previsto. Todo salió perfecto”, remarcó a Letra P una fuente que pasó por el Cuartel General de la Policía Federal, ubicado en Moreno al 1500. De todos modos, al igual que el 20 de diciembre, los gremios movieron columnas mínimas y se alinearon a las condiciones impuestas por la gestión mileísta.
Si bien hasta la mediatarde del martes no había habido ningún tipo de contacto entre los funcionarios y los manifestantes, los llamados telefónicos se activaron entrada la noche. La CGT pidió autorización para realizar el acto sobre la Plaza Lavalle, frente a Tribunales, y cortar las calle de los alrededores como Lavalle, Tucumán, Libertad y Talcahuano. Además, los representantes de los trabajadores y trabajadoras se comprometieron a pagar un seguro de responsabilidad civil de 10 millones de pesos, algo que, destacaron en el Ministerio, no había sucedido en otras oportunidades.
“Hay un cambio cultural en esta manifestación. Por primera vez la CGT pide autorización a las autoridades competentes. Es momento de fortalecer el orden: que quienes se quieran manifestar lo hagan respetando las leyes vigentes y los derechos de los demás”, sostuvo el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, que se reunió en distintas oportunidades con el jefe de la Policía porteña, Diego Kravetz, para dar soporte en el Comando Único Urbano.
De esta manera, la ministra de Seguridad le dio al gobierno buena parte del dominio de la agenda pública y mediática, el mismo día que el presidente envió al Congreso una controvertida ley ómnibus, que incluye no sólo distintas emergencias, blanqueos, privatizaciones y ajustes de las jubilaciones, sino también reformas del Código Penal, en el que pretenden penar de 1 a 3 años y seis meses de prisión a quienes intimiden a funcionarios públicos y 2 a 5 años para quienes dirijan o coordinen cortes de calles.
De acuerdo a fuentes oficiales, el único foco de tensión se originó en el cruce de Corrientes y Uruguay, luego de que un colectivo atropellara a un agente de tránsito del gobierno porteño. El accidente, sumado al clima de tensión de la desconcentración, activó el lado represivo del protocolo: hubo palazos de la Policía, corridas y cinco detenciones.
Además, hubo 1550 efectivos de la Policía de la Ciudad, sumado a un despliegue monumental de fuerzas federales que estuvieron desde temprano en los principales accesos a la Ciudad como Puente Pueyrredón, Acceso Oeste y la Autopista Buenos Aires La Plata, y en la custodia de los edificios de su competencia. Algunas organizaciones que marcharon estimaron una concurrencia de 40 mil manifestantes, un número muy superior a los cerca de 10 mil que contaron dirigentes al tanto del despliegue de la Policía porteña.
