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Dos policías retirados pidieron al Gobierno que equiparen los salarios de la Policía de Entre Ríos con los ingresos que perciben los agentes de la Policía Federal.
La presentación la efectuaron Bernardo Sibulofzky y Nicolás Ramírez, dos policías retirados de Paraná, ante el ministro de Economía de la Provincia, Hugo Ballay. En el escrito expresaron que los trámites iniciados anteriormente no han prosperado.
La nota expresa que los policías “carecemos de gremio que nos represente en la paritaria”, que el jefe de la Policía, Gustavo Maslein, “desempeña un cargo político que le impediría efectuar reclamos”. También explican que han efectuado planteo ante el área de Liquidaciones de Sueldos del Ministerio de Economía, área en la que le recomendaron reclamar por salarios ante el Ministerio de Gobierno.
En la cartera política fueron atendidos por el asesor legal Guillermo Ledesma, quien los derivó al Ministerio de Economía.
Los retirados policiales refirieron que el decreto N° 805, del 3 de marzo de 1989 –dictado durante la gobernación de Jorge Pedro Busti- estableció la equiparación “de la remuneración efectiva de bolsillo del personal de la Policía y del Servicio Penitenciario de la Provincia con la del Personal de la Policía Federal Argentina con el adicional por antigüedad vigente al 31 de enero de 1989”.
El gremialismo policial está en un brete.
Ricardo Raffo, impulsor de la Asociación Profesional de Policías de Entre Ríos (Apropoler), sufrió la «destitución por cesantía» como corolario de una serie de acciones que fueron juzgadas como «quebrantamiento del orden policial.
Según el decreto Nº 4.538, dictado el 19 de diciembre de 2022 y publicado este martes 30 de mayo en el Boletín Oficial, a Raffo le habían iniciado un sumario a partir de actuaciones administrativas impulsadas desde la Dirección Asuntos Internos de la Policía de Entre Ríos en las que se le imputó «el quebrantamiento del orden policial, sin preservar el deber de respeto por las jerarquías como pilar básico de la Policía de Entre Ríos, al realizar severas acusaciones contra el señor Jefe de Policía (Gustavo Maslein), solicitando su renuncia y la de la señora Ministra de Gobierno y Justicia de la Provincia (Rosario Romero)».
El reproche hacia Raffo proviene de su actuación desde el sindicato de policías, Asociación Profesional de Policías de Entre Ríos (Apropoler), y «en una carta abierta difundida» difundida por medios digitales en octubre y noviembre de 2020, y la convocatoria «a una marcha pública exigiendo la renuncia de los funcionarios antes mencionados».
El sumario interno de la Policía concluyó con el pedido de la sanción de destitución por cesantía. También intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno y Justicia, que mediante dictamen N° 724/22 «concluye que no encontró objeción a la sanción sugerida por el señor Jefe de Policía de la Provincia»; y que «la conducta del causante, si bien se encuentra retirado de la fuerza policial, es alcanzado por el especial
conjunto de deberes y derechos cuyas transgresión constituye falta disciplinaria encuadrando su comportamiento como reñido y violatorio a las normas contenidas» en el Reglamento General de Policía,
Pero antes de que se aplicase esa cesantía, Raffo, a través de los abogados Ramiro Pereira y Ramiro Menis, había iniciado una demanda contencioso administrativo ante la Cámara Contencioso Administrativo de Paraná contra la resolución del Gobierno que había dispuesto su pase a retiro. En la presentación, piden a la Justicia que ordene al Poder Ejecutivo «que disponga la inmediata reincorporación de nuestro mandante, otorgándole la jerarquía de
Comisario Inspector».
Ese planteo judicial está sin resolución.
