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Podrán acceder al beneficio “los grupos familiares” con dos años de residencia en la provincia; se podrán importar vehículos de hasta US$35.000 y camionetas de US$56.000
Sergio Massa parece dispuesto a arrimarle buenas noticias a la familia Kirchner, más aún cuando ese souvenir se paga con plata ajena. A partir de hoy, cada familia que acredite residencia en Santa Cruz podrá comprar un auto o una camioneta cero kilómetro sin impuestos. Algo así como el “plan autito” acotado a un distrito clave en la estructura política del kirchnerismo y que por estos días estaba comprometido electoralmente.
El régimen, que tiene su origen en las zonas francas habilitadas en Río Gallegos y Caleta Olivia, permitirá a todos los grupos familiares que acrediten residencia en la provincia por dos años comprar sin ningún impuesto autos cero kilómetros de hasta 35.000 dólares de valor FOB (es decir, puesto en la Aduana), importe que llega a 56.000 dólares para camionetas y utilitarios. Además, las familias de Santa Cruz también podrán comprar “motociclos en todos sus tipos y modelos” por hasta el valor de 5000 dólares, también FOB.
La norma, más allá de la ocasión política y de la restricción de dólares por la que transita la Argentina, podría quedar en medio de alguna polémica regulatoria. Sucede que no son pocos los que la pusieron bajo la lupa jurídica, ya que se trata de una resolución del ministerio (786/2023) que modifica impuestos, atribución que en la pirámide jurídica argentina requiere de instancias más alta como la ley, o al menos, un decreto presidencial.
Sin embargo, y más allá de que ya es motivo de estudio, las zonas francas de La Quiaca y de Río Gallegos incorporaron la venta minorista de electrodomésticos y autos en el convenio de adhesión a la ley, que luego fue ratificado en el decreto de adjudicación de los precios. Nadie, hasta ahora, le entregó semejante ventaja hasta que Massa estampó la firma de un pedido que era tema de agenda recurrente -y de presión- de la gobernadora Alicia Kirchner y de London Supply, concesionario del predio donde se construye la zona franca.
“Por lo expuesto en los considerandos precedentes, sumado a las condiciones macroeconómicas, el aumento sostenido en el valor de los bienes a nivel internacional y la observancia de las variables económicas generales, se considera necesario actualmente realizar una adecuación en los valores relativos a los vehículos automotores a su ingreso a la zona franca, que genere un incentivo para impulsar el desarrollo de la misma, permitiendo afianzar la radicación de mayores inversiones con impacto directo en el empleo y desarrollo local”, justifica la resolución ministerial.
Las unidades que se comercialicen en esos territorios libres de tributos estarán eximidos de pagar los aranceles aduaneros, el IVA, Bienes Personales y todo otro tipo de impuestos internos. Eso sí: la provincia de Santa Cruz se aseguró que se mantenga el impuesto a los Ingresos Brutos que cobra el gobierno local. Algo así como emular el dicho popular que reza: “Con la mía, no”
Santa Cruz fue autorizada a abrir dos zonas francas en la presidencia de Cristina Kirchner. Entonces, mediante el decreto 1388 del 12 de septiembre de 2013 se restituyó a la provincia habilitar predios libres de impuestos en Río Gallegos y Caleta Olivia, “autorizándose la realización de operaciones de venta al por menor de mercaderías de origen extranjero en la zona franca de Río Gallegos”.
Cuando llegó el gobierno de Mauricio Macri, el lobby se desató para lograr que dentro de esa “venta minorista” se incluya la comercialización autos. Nunca se reglamento esa posibilidad. Pero, justo cuando Sergio Massa cortaba las cintas en la planta de Ford y aplaudía la industria nacional, abría una puerta para que en una provincia ingresen autos importados sin impuestos por hasta 56.000 dólares, claro, a precio oficial.
El nuevo régimen de excepción establece que el beneficio podrá solicitarlo toda “persona humana con residencia mínima de 2 años en la provincia de Santa Cruz, la cual será acreditada a través del Certificado de Zonas Francas de Residencia Santacruceña expedido por la Subsecretaría de Asuntos Registrales” del distrito.
Cada grupo familiar -cónyuge o hijos menores de 16 años de edad- podrá comprar un auto cada 5 años y lo deberá tener, al menos, los primeros dos a su nombre. A los 17 años, cualquiera está autorizado. Después, lo podrá vender o cambiar de titular sin pagar aquellos impuestos franquiciados siempre y cuando el auto permanezca en la provincia (solo se autoriza a salir de los límites de Santa Cruz 90 días al año). En su caso, hasta el quinto año, tendrá que devolver un porcentaje decreciente de los tributos que no pagó hasta tenerlo totalmente liberado a los 5 años, cuando podrá disponerlo sin limitaciones, sin pagar nada y cuando ya está habilitado a comprar uno nuevo.
El “plan autito versión Santa Cruz” llevaría los vehículos a precios muy por debajo a de lo que cotizan en el resto del territorio argentino, con excepción de Ushuaia. De hecho, según el modelo, además de ser a precio de dólar oficial, podría tener un valor de entre el 35% y el 50% por debajo de lo que sale en otra concesionaria del país.
Para este año, el Gobierno dispuso que se comercializarán por esta vía 6000 unidades, mientras que para 2024 serán otras 7500. En 2025 el cupo será de 7750 y desde entonces se adicionarán 250 por año, tomando como base de cálculo el límite de unidades establecido para el año inmediato anterior.
Dos expertos en la industria automotriz consideraban que los montos autorizados (35.000 dólares para autos y 56.000 para camionetas) sólo deja afuera a vehículos de muy alta gama, como las camionetas importadas de lujo. Además, prácticamente no resulta conveniente comercializar autos nacionales, ya que para ingresarlos a la zona franca deberían ser exportados previamente.
Uno de los interrogantes más importantes, que nada aclara la norma, es cómo hará la Aduana, organismo a cargo del régimen, para controlar que los autos y las camionetas que se comercialicen sin impuestos no salgan de la provincia más de 90 días por año. Claro que actualmente la tecnología lo permite mediante sistemas de rastreos, pero nada se dice respecto de cómo se efectuará y cuáles serán las penalidades si ocurre.
Tampoco hay ninguna instrucción respecto de a quién se asignará el cupo para hacerse de un auto importado sin impuestos. Pero en la Argentina del gasto público poco importan los controles ni las cuestiones presupuestarias. Desde ahora, el “plan autito” está en marcha y casi que invita a imaginar cómo Massa guiña un ojo y la familia Kirchner sonríe, y, mientras, se anota para el auto sin impuestos.
Por Diego Cabot para LA NACION
