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Esta medida, establecida a través de la Resolución 1296/2023, afecta los cargos fijos relacionados con la compra, venta, patentamiento y transferencia de vehículos, generando preocupación en la población sobre el impacto económico de este incremento de costos.
Este incremento en la carga fiscal ha suscitado críticas debido a su impacto directo en la economía de la clase media, que se ve afectada por costos adicionales al comprar, vender, o transferir vehículos.
Muchos ciudadanos se encuentran luchando para adaptarse a estos cambios, lo que plantea interrogantes sobre la equidad y la accesibilidad a la movilidad para las familias de ingresos medios.
El sistema del Registro Automotor, que alguna vez fue un servicio esencial, ahora se percibe como una carga financiera significativa para los ciudadanos. La comunidad espera una revisión cuidadosa de estas políticas fiscales para aliviar la presión sobre la clase media y garantizar un acceso equitativo a los servicios del Registro Automotor, sin imponer cargas financieras excesivas a aquellos que buscan comprar, vender o transferir vehículos.
