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Los principales procesados en la causa por la mega estafa a la Anses por la adulteración de certificados médicos y documentos oficiales con el fin de obtener pensiones no contributivas por invalidez de forma ilegítima, en lenguaje coloquial lo que se dice “pensiones truchas”, tendrían vinculaciones importantes con referentes políticos del PJ que fueron candidatos en las elecciones 2023 y que además tenían espacios relevantes en las oficinas de la ANSES en Concordia.
Una de las procesadas acompañó en una lista para senadores provinciales al jefe de la Unidad de Atención Integral I (UDAI I) de la ANSES, en calle Hipólito Yrigoyen 487 de Concordia, y ex concejal (En dos períodos: 2011-2015 como parte del Frente Renovador que encabezaba Sergio Massa y 2015-2019 por el peronismo), Alberto “Chelo” Zadoyko.
Se trata de Erica Abreu, una empleada de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANSES/ANDIS) que secundó a Zadoyko como precandidata a Senadora Provincial Suplente, del Departamento Concordia, en las pasadas elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Abreu está procesada por ser considerada integrante de una de las organizaciones, una supuesta asociación ilícita, que era liderada por la puntera barrial de la zona noroeste de Concordia, Cristina Repetto, una reconocida puntera crestista y también urribarrista en su momento.
Esta persona está señalada como la que se ocuparía de gestionar la carga de los certificados médicos supuestamente apócrifos. Pero no solo eso, sino que además habría cooperado dando prioridad a la documentación que le era presentada por los “clientes” de la asociación. Incluso, se infiere que Abreu era quien les otorgaba a los miembros de la “asociación ilícita” los certificados médicos obligatorios (CMO) que luego le presentaban las personas que serían -en apariencia- discapacitadas. Se trata de documentos indispensables para el otorgamiento de las Pensiones No Contributivas correspondientes.
Todo esto habría sucedido bajo las narices y la mirada de su superior, el referente político peronista, con quien tendría un estrecho vínculo con su subordinada: tal así que -como se señaló- confió en ella para que lo acompañe, en la última aventura proselitista.
Como informó este medio, la justicia trabaja sobre la hipótesis de que existían dos organizaciones delictivas, dos asociaciones ilícitas, que si bien mantendrían algún tipo de contacto entre sí, trabajaban de manera independiente, cada una con su “personal”, su “método”, y organización particular.
La otra organización estaría liderada por el jubilado de la Salud Pública Provincial, Hugo Doroteo “Tutuca” Cabrera, a quien una de las procesadas en su testimonial lo vinculó con el ex diputado y presidente de la legislatura en Entre Ríos, y ex precandidato a Intendente de Concordia, Ángel Giano.
Según la declaración testimonial de esta persona, “Tutuca” Cabrera, estaba trabajando para la campaña de Giano Intendente, y fue a partir de esa función que se habría acercado a un comedor del barrio Constitución para pedir colaboración para la campaña, personas que le trabajaran en el barrio, y a cambio brindar ayuda que tenía que ver con colaboraciones para la elaboración de las comidas que brinda el comedor. A partir de allí, este reconocido puntero de la zona sur habría establecido vínculos con las personas que frecuentaban el lugar y empezado a captar “clientes” ´-según se desprende también de la investigación- para las pensiones truchas de ANSES; con la supuesta complicidad de la encargada: Hilaria Isabel “Isa” Méndez, otra reconocida puntera barrial pero que -como otros muchos punteros de barrio- no respondería a un sólo dirigente, dado que fuentes diversas le han apuntado a este medio que trabajó para referentes políticos que incluso han estado fuertemente enfrentados entre sí.
Esta mujer de apellido Méndez, sería quien cobraba una comisión por la gestión en particular, recibiendo y resguardando también el dinero que percibía la organización por el trámite irregular llevado a cabo, para que después Cabrera dispusiera de aquél, abonando el monto pertinente al personal de la salud que intervenía en el proceso de falsificación de los estudios médicos y los Certificados Médicos Obligatorios, como así también efectuando los pagos a los respectivos integrantes de la asociación.
La oficina de la ANSES que fue allanada en diciembre pasado, la UDAI II de calle Buenos Aires 240, estaba bajo la jefatura del abogado y ex concejal Diego Lascuráin, quien tiene una estrecha relación política con el ex diputado y actual congresal del Partido Justicialista por el departamento Concordia, Ángel Giano. Tanto así, que fue apoderado legal de la lista 311 “Concordia lo siente” que llevaba a Giano como precandidato a intendente.
Lascuráin fue uno de los militantes vinculados a Giano que no quedó en planta permanente en Diputados.
A Lascuráin, Giano lo nombró por decreto en la planta permanente de la cámara mientras era director de ANSES Concordia. Luego le concedió licencia especial el 5 de enero de 2023 con retroactividad al 1 de diciembre del año anterior por desempeño de cargo de mayor jerarquía para que siguiera en su trabajo, pero tuviera reservado el cargo en la Legislatura. Sin haber tomado nunca posesión de su cargo, Lascuráin fue recategorizado al cargo de oficial principal por decreto del 28 de septiembre de 2023.
Sin embargo, un nuevo decreto del actual Presidente de la Cámara, Gustavo Hein, lo desafectó bajo la excusa de no haberse presentado jamás a trabajar en dicho lugar.
Más allá del cambio de gestión en el gobierno nacional, según la página oficial de ANSES, tanto Celedonio Alberto Zadoyko Rodríguez como Diego Gerardo Lascuráin siguen siendo los titulares en las oficinas de Concordia y no están vinculados a la causa que investiga la justicia Federal.
Fuente: Diario Junio
