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El intendente de Concordia, Enrique Cresto, se refirió a la indagatoria a la que será sometida el próximo 14 de junio el exgobernador Sergio Daniel Urribarri en una causa por enriquecimiento, novedad que se conoció esta semana.
«Son demasiado obvios, causa iniciada en el 2015 y el día que arranca el cronograma electoral citan a indagatoria!! El abuso de Lawfare se les va a volver en contra. Eso sí, felicitaciones por la sincronización perfecta entre parte de la justicia y parte de los medios. Hay que terminar con la casta judicial y mediática en Entre Ríos», dijo el jefe comunal concordiense al postear su mensaje con la nota publicada en la revista Análisis.
El mensaje de Cresto, publicado en la red social Twitter, fue respondido por el exgobernador Urribarri, que puso: «Cada golpe nos fortalece. No nos van a disciplinar. No van a domesticar al peronismo. Ni los de afuera, ni el fuego amigo de los y las de adentro. NO LES TENEMOS MIEDO. Gracias compañero @EnriqueCresto , en nombre mío, de mi familia y de la militancia de nuestro espacio político».
La causa por enriquecimiento ilícito -que contó con el empuje de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, quienes tras la publicación de Análisis presentaron un escrito ante la Justicia para que se abra causa contra el exgobernador- tuvo un fuerte envión inicial a principios de 2016. Incluso, tras otra nueva publicación hubo un allanamiento en Capital Federal, que sirvió para encontrar importante documental.
Fue cuando uniformados de la Policía Federal irrumpieron –a mediados de agosto de 2016- en el edificio donde está registrada la empresa Kriptax Inc SA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los fiscales Santiago Brugo y Patricia Yedro los atendió el contador José Saúl en las oficinas de Junín 658, piso 6, torre B, oficina A, donde está registrada la firma de la familia Urribarri. Los efectivos policiales secuestraron todo tipo de documentación, computadoras, pen drives, otros medios de almacenamiento de información y elementos que pudieran ser de interés. Los allanamientos se realizaron exactamente una semana después de las pesquisas en la casa y la imprenta de Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador. Fue en 2008 que, en esas oficinas de calle Junín, se asentó la firma Kriptak Inc, comprada a dos punteras barriales de la provincia de Buenos Aires, que vivían del cobro de planes sociales y que, evidentemente, fueron utilizadas como testaferros, tanto de Urribarri como de otros kirchneristas, que pusieron a sus nombres por lo menos 14 empresas en el país. Kriptax es de los hijos del gobernador, Mauro Gabriel y Sergio Damián, aunque luego se sumó también Bruno, el futbolista. Sin embargo, la empresa recién comenzó a operar en 2013 y en enero de 2014 recibió un crédito de 1.012.000 pesos que le otorgó el Banco de la Provincia de Formosa, dependiente del gobierno de Gildo Insfran, un aliado del kirchnerismo. En un principio el objeto de la sociedad era la «construcción, refacción y reciclado de inmuebles». Pero a partir del desembarco de la familia Urribarri, la firma pasó a dedicarse a las actividades agropecuarias y la explotación de establecimientos rurales en inmuebles propios o arrendados compra venta cría y engorde de ganado vacuno ovino porcino o equino», entre otras actividades vinculadas al campo.
Cuando vieron los papeles, se encontraron con que el administrador de Kriptax era un viejo amigo de Urribarri: José Luis Galván, de San Salvador, a quien el exgobernador conoce muy bien desde principios de los ’80.
Esos papeles indicaban que tenían más producción que lo que podía dar una hectárea sembrada y las ganancias eran netas; no había costos de gasoil o de alquiler de maquinarias. A los fiscales les quedó claro la relación de amistad y negocio del exgobernador con su administrador agropecuario, pero recién allanaron su domicilio y los de sus empresas en San Salvador y Concordia, varios años después de iniciada la causa. Lo hicieron en marzo de 2019. Urribarri era empleado bancario en General Campos en los ’80 y los fines de semana colaboraban con su mujer en el boliche bailable de Galván, que se llamaba Nipur. Fue el abuelo de Galván quien creó la estación de servicio que luego quedó enmarcada en la empresa Transoil SRL, que pasó a ser una pyme familiar, que tiene «cultivo de arroz» entre sus actividades, según los registros de la AFIP. Galván fue concejal del PJ y coordinador de la Dirección Provincial de Vialidad en la primera administración urribarrista. En San Salvador todos lo señalan como un supuesto testaferro de Urribarri y con un importante crecimiento económico a partir del segundo mandato del exmandatario. A fines de 2012 formó la empresa Majo SA, relacionada a la compra de Molinos Centro, en Villa Clara, en el departamento Villaguay. Transoil creció notablemente en cuanto a su capacidad exportadora y lo mismo sucedió con Majo SA que llega a destinos como Bolivia, Brasil, Chile, Irak, Libia, Perú y Venezuela. En 2012, y como representante del negocio arrocero, Galván se sumó a la numerosa misión comercial a Angola, donde se presentaron las insólitas cosechadoras truchas. También adquirió un departamento en Punta del Este.
El allanamiento se produjo siete meses después de la denuncia periodística de Analisis digital, donde se reveló la existencia de una de las empresas agropecuarias de Urribarri, dedicada a la siembra de arroz y soja. En la misma oficina donde está registrada Kriptax Inc SA, también tiene su domicilio legal la empresa Agro Premium SA, que integraban los hermanos del exgobernador, Jorge Guillermo Ramón y Armando Arturo Urribarri (fallecido a mediados de abril de 2016), y el hijo mayor del exmandatario, Sergio Damián Urribarri.
Por esos días, Urribarri se venía manteniendo callado, pero rompió el silencio tras el allanamiento a su contador en Buenos Aires. «No hay ningún problema con ningún procedimiento que ordene la Fiscalía. Me considero un judiciable como cualquier ciudadano y considero que me beneficia que el Ministerio Público Fiscal tenga toda la documentación que desee en el menor tiempo posible. Por supuesto que quienes buscan mi escarnio ante la opinión pública van a salir con una nueva oleada de declaraciones. Pero no me importa, tengo el cuero duro, voy a pelear y estoy seguro de que la Justicia va a aclarar estos asuntos», dijo el entonces presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Recordó además que «voluntariamente hemos ofrecido toda la documentación de las dos firmas en las que tiene participación mi familia, el movimiento de fondos y recursos y los bienes que tenemos y todo eso se demostrará que es consistente». Se refería a Kriptax, como así también a Agro Premium. «Es una locura estar contestando cada cosa que se dice. Ahora sólo queda que trabajen los peritos contables y que el Ministerio Público Fiscal se expida sobre si hay motivo para abrir una investigación penal o si esto se archiva», acotó. «Soy consciente del manto de sospecha que se ha generado sobre mí y que eso ha logrado poner en cuestión toda la obra de gobierno y la de todo el peronismo que me acompañó y me acompaña; pero eso no me amedrenta. Voy a seguir en la acción política porque, hacia atrás, cada día que pasa se hace más destacada nuestra obra de gobierno y, hacia adelante, más evidente la necesidad de ayudar a convocar voluntades para que la sociedad entrerriana no pierda sus objetivos de desarrollo que es algo a lo que uno no debe renunciar nunca», indicó, tratando de lograr obvias adhesiones dentro del justicialismo.
Enterado de la novedad judicial, el exgobernador sostuvo que sólo se busca ponerlo «en la parrilla», una frase acuñada por el extitular del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para dar cuenta de las investigaciones penales que no se cierran, que se extienden en el tiempo y mantienen el manto de sospecha sobre la persona.
“A esta altura ya no sorprende el burdo accionar de ciertos actores que lanzan una nueva embestida contra mi persona, siempre al compás de los tiempos electorales”, dijo el exgobernador en referencia al llamado a indagatoria realizado por el Ministerio Público Fiscal que se conoció en las últimas horas, en el marco de la causa en la que se investiga su patrimonio.
