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La causa se conoce mediáticamente como la de los Contratos Truchos en la Legislatura, pero técnicamente se la denomina con una carátula enojosa, que alude a los «recaudadores», el último escalón de lo que se preteden establecer como un fraude a la Administración Pública. La causa, entonces, se identifica así: «Beckman, Flavia Marcela, Scialocomo, Esteban Ángel Alberto, Álvarez María Victoria s/Estafa».
Esa investigación penal, que se abrió en septiembre de 2018, tuvo pedido de remisión a juicio oral el 31 de mayo de 2021: una investigación que abarcó una década, de 2008 a 2018, y que buscó establecer el desfalco producido al erario público mediante la celebración de contratos laborales truchos en ambas Cámaras de la Legislatura, que servirían para conformar una red de recaudación de fondos para financiar la política.
En un escrito de 540 páginas, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry pidió la remisión de la causa a juicio a la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, quien notificó a todos los defensores y también al actor civil, la Fiscalía de Estado. Incluyeron 32 imputados en la causa :
Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni;
Luego de más de año de trabajo, los peritos contables concluyeron el informe en la causa por los presuntos contratos apócrifos de la Legislatura, investigación que abarca el período entre los años 2008 y 2018. El dato relevante es que esa pesquisa finalmente llegó a establecer el monto final del perjuicio al Estado que se habría producido: $1.111.871.715, a valores de marzo de 2021.
El pedido de remisión a juicio sobreviene luego de la finalización de la pericia contable.
La causa se conoce mediáticamente como la de los Contratos Truchos en la Legislatura, pero técnicamente se la denomina con una carátula enojosa, que alude a los «recaudadores», el último escalón de lo que se preteden establecer como un fraude a la Administración Pública. La causa, entonces, se identifica así: «Beckman, Flavia Marcela, Scialocomo, Esteban Ángel Alberto, Álvarez María Victoria s/Estafa».
Esa investigación penal, que se abrió en septiembre de 2018, tuvo pedido de remisión a juicio oral el 31 de mayo de 2021: una investigación que abarcó una década, de 2008 a 2018, y que buscó establecer el desfalco producido al erario público mediante la celebración de contratos laborales truchos en ambas Cámaras de la Legislatura, que servirían para conformar una red de recaudación de fondos para financiar la política.
En un escrito de 540 páginas, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry pidió la remisión de la causa a juicio a la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, quien notificó a todos los defensores y también al actor civil, la Fiscalía de Estado. Incluyeron 32 imputados en la causa :Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni;
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Pero antes de que la jueza Barbagelata pueda convocar a una audiencia de remisión de la causa a juicio sobrevino la discusión por la competencia. El intríngulis se inició en julio de 2021. Barbagelata rechazó desprenderse de la causa de los Contratos Truchos, y enfrente, el juez federal de Paraná Daniel Edgardo Alonso se mantuvo en sus trece y dijo que se trataba de financiamiento de la política, que era territorio del fuero federal y no del fuero ordinario. Entonces, terció la Corte Suprema de Justicia, que pidió la causa y ahora está evaluando si le corresponde tramitarla a uno u a otro. Mientras, hubo un pronunciamiento de la Cámara Nacional Electoral, que pidió que el caso vaya al Juzgado Federal.
A principios de mayo -con el conflicto de competencia trabado en medio- la jueza Barbagelata emitió nueva opinión: insistió con la posición que expresó en 2021, cuando se disparó la cuestión de competencia con la Justicia Federal respecto del manejo de la voluminosa causa de los Contratos Truchos en la Legislatura: ante un pedido de opinión que le solicitó la Corte -que debe dirimir la cuestión de competencia-, la magistrada entrerriana ratificó que la competencia es del fuero ordinario y no de los tribunales federales.
José Raúl Velázquez, defensor de los denominados «recaudadores» en la investigación de los Contratos -entre ellos, Flavia Beckman, cuyo nombre encabeza la denominación de la megacausa- recusó por esa resolución a la jueza Barbagelata. El planteo se funda, dijo el abogado, en razón de que la magistrada resolvió un incidente sobre el cual «ya ha decidido». Se refirió a la resolución de 2021 cuando rechazó la competencia del fuero federal. «En aquella ocasión resolvió negar la inhibitoria», recordó Velázquez. Y que el hecho de que la magistrada «se haya abocado a resolver el mismo incidente», razona, «genera una percepción razonable de temor objetivo de parcialidad».
Barbagelata rechazó el planteo del defensor, y ahora quien debe resolver si la jueza se mantiene en la causa o se aparta será la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno. La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) fijó que el trámite se analizará este lunes, a las 11, en audiencia pública.
Castagno ya dijo que no cuando otro defensor, Emilio Fouces, pretendió que se dejen sin efecto los embargos y la inhibición general de bienes que pesan sobre los imputados en los Contratos Truchos. Barbagelata rechazó el planteo y en apelación, Castagno resolvió que no resultaba apelable esa cuestión.
Entre Ríos Ahora.
