En plena temporada de verano, el senador nacional José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, eligió Ostende, en el Partido de Pinamar, para pasar sus vacaciones familiares. No se trata de un destino ocasional: lo frecuenta desde hace más de treinta años, con la naturalidad de quien se mueve cómodo, lejos de las urgencias cotidianas de la política y, sobre todo, de la provincia que dice representar.
Desde allí, brindó una entrevista al diario La Nación en la que defendió con énfasis la gestión del gobernador formoseño Gildo Insfrán, quien gobierna la provincia desde 1995 y se ha consolidado como uno de los ejemplos más claros de poder político ininterrumpido en la Argentina. Mayans relativizó las críticas a la reforma constitucional que habilitó la reelección indefinida y sostuvo una frase que resume su mirada del poder: “No alcanza con una cláusula constitucional: para que te voten, tenés que hacer una buena gestión”.
El senador fue más allá y presentó a Formosa como un modelo de administración. Aseguró que se trata de una provincia “sin deuda, sin déficit y con obra pública”, destacando la construcción de unas 1.500 escuelas y una supuesta transformación de los sistemas de salud y comunicación. También marcó un contraste con el gobierno nacional al afirmar que la Nación arrastra una deuda cercana a los 350 mil millones de dólares, pese a sostener un discurso de superávit fiscal.
Sin embargo, el relato oficial que defiende Mayans merece ser analizado con mayor profundidad y sin complacencias. La afirmación de que Formosa no tiene deuda es, como mínimo, engañosa. Funcionarios provinciales han reconocido en distintas oportunidades la existencia de compromisos financieros, aunque señalen que se encuentran “ordenados” o “al día”. La ausencia de crisis financiera no equivale a ausencia de deuda, y mucho menos a transparencia estructural.
A esto se suma que Formosa es una de las provincias que más recursos recibe por coparticipación federal en términos per cápita, un dato que suele ser omitido cuando desde el oficialismo local se construye un discurso de aislamiento o castigo por parte del Estado nacional. La dependencia de fondos nacionales, lejos de disminuir, se ha mantenido como un pilar central del esquema de poder provincial.
Más delicado aún es el plano institucional. El proceso que permitió la reelección indefinida de Insfrán fue cuestionado por sectores de la oposición, organizaciones civiles y llegó incluso a instancias judiciales superiores. No se trata solo de una discusión legal, sino de un debate de fondo sobre la calidad democrática, la alternancia en el poder y el uso del aparato estatal como herramienta de control político.
Formosa se ha convertido, con el paso de los años, en un caso testigo de lo que muchos definen como un feudo moderno. Un sistema donde el poder político se confunde con el Estado, donde la disidencia enfrenta obstáculos estructurales y donde la libertad de expresión aparece condicionada por la pauta oficial, la presión indirecta y el disciplinamiento social. Las denuncias por persecución política, aprietes y falta de pluralismo informativo no son nuevas, aunque rara vez ocupan un lugar central en la agenda nacional.
Las comparaciones con regímenes como Venezuela o Cuba suelen ser descartadas como exageraciones retóricas. Sin embargo, más allá de las diferencias evidentes de escala y contexto, lo que subyace es una crítica concreta: la persistencia de un poder personalista, sostenido durante décadas, que erosiona los mecanismos básicos de control y alternancia que definen a una república democrática.
El contraste que plantea Mayans entre la administración de una provincia y la complejidad económica de la Nación también resulta forzado. Comparar las cuentas de Formosa con las de un país entero, con compromisos internacionales, ciclos de endeudamiento históricos y una economía atravesada por crisis recurrentes, no solo es técnicamente improcedente, sino políticamente funcional a un relato que busca justificar lo injustificable.
Mientras tanto, el senador defiende ese modelo desde una playa bonaerense, lejos de una provincia donde el poder se ejerce sin sobresaltos desde hace más de treinta años y donde las voces críticas suelen quedar relegadas al margen. La escena no es menor: revela una forma de entender la política como administración perpetua del poder, sin autocrítica ni rendición de cuentas.
La democracia no se mide solo en balances fiscales ni en cantidad de obras públicas. Se mide en libertad de prensa, en competencia política real, en instituciones independientes y en la posibilidad efectiva de alternancia. Defender un modelo que carece de esos elementos, aunque se lo revista de cifras y slogans, es una forma de negar el problema de fondo.
Que un senador nacional salga a respaldar sin matices un esquema de poder concentrado, mientras descansa en uno de los destinos turísticos más exclusivos del país, no es una anécdota de verano. Es una postal política que interpela al periodismo, a la sociedad y al propio sistema democrático argentino.
