La megacausa por los 771 contratos “truchos” en la Legislatura de Entre Ríos, considerada una de las mayores tramas de corrupción de la historia política provincial, podría sumar nuevos responsables en el plano civil. Sin embargo, pese a la magnitud del caso y el daño económico estimado, la investigación judicial avanza con una lentitud que preocupa a amplios sectores, y que mantiene en suspenso el reclamo de reparación integral para el Estado.
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, defendió la participación de la Provincia como actor civil en el expediente penal y confirmó que el reclamo por el perjuicio económico —calculado en $372.924.249 a valores históricos, pero aún pendiente de actualización— no se limitará a los 32 imputados originales. La cifra actualizada, advierte, podría ser muy superior, dado el tiempo transcurrido sin sentencia firme.
“Nuestra pretensión es la reparación del daño, la devolución de los fondos utilizados irregularmente. Y no requiere intervención de ningún otro organismo más que la Fiscalía de Estado”, sostuvo Rodríguez Signes en diálogo con el programa Puro cuento (Radio Plaza 94.7), rechazando los planteos defensivos que cuestionan la legitimidad de su actuación.
Lentitud procesal y planteos dilatorios
Actualmente, el caso se encuentra en etapa previa a la elevación a juicio oral, a cargo de la jueza de Garantías Marina Barbagelata. Allí se discuten cuatro excepciones presentadas por las defensas: prescripción, falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y defecto legal en la demanda. Si bien todas fueron rechazadas en primera instancia, continúan en trámite las apelaciones.
La dilación judicial ha generado malestar en la sociedad, ya que los hechos fueron probados pericialmente, pero el paso de los años amenaza con debilitar el impacto penal y complicar el recupero de los fondos.
Probation, abreviados y potenciales nuevos implicados
De los 32 acusados, 15 ya lograron acuerdos de juicio abreviado o probation, quedando 17 procesados. Sin embargo, Rodríguez Signes advirtió que la investigación administrativa que impulsa el Poder Ejecutivo podría detectar otras responsabilidades, incluso más allá de los imputados en el fuero penal, dado que no solo se investiga quién cobró, sino también quién intervino en el trámite y aprobación de los contratos.
En este sentido, el gobernador Rogelio Frigerio instruyó a las autoridades de ambas cámaras legislativas —Alicia Aluani (Senado) y Gustavo Hein (Diputados)— a declarar la nulidad de los 771 contratos irregulares. Esa nulidad, además de ser un acto simbólico de reparación institucional, abriría una vía administrativa y contencioso-administrativa para reclamar la devolución del dinero.
“Vamos a ponerle fin a una historia en la que la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos de corrupción dramáticos”, declaró Frigerio en abril. “La Justicia tiene que definir quiénes fueron los responsables y qué pena les corresponde. No podemos seguir esperando indefinidamente”.
Tres caminos para recuperar fondos
Rodríguez Signes explicó que la Provincia impulsará el recupero por tres vías complementarias:
- Penal: en caso de condena, con la obligación de reparar el daño.
- Administrativa: mediante invitación a los involucrados a acordar el resarcimiento.
- Contencioso-administrativa: si no hay acuerdo, vía judicial civil.
No obstante, la efectividad de estas acciones está condicionada a que el proceso judicial no siga estancado. La demora, advierten en ámbitos políticos y judiciales, podría favorecer la prescripción de delitos y reducir las posibilidades de recuperar el dinero malversado.
Analisis Litoral
