Además, Frigerio sostuvo que la detención del senador nacional Edgardo Kueider en Paraguay “ahonda la grieta entre la sociedad y la política, genera desconfianza y bronca en la gente”.
Frigerio afirmó que “los argentinos estamos atravesando la crisis más grave desde la recuperación de la democracia, y ver hechos como este produce mucha indignación. También fortalece la sospecha de que todo lo que falta en las rutas, en la educación y en la salud pública está relacionado con que algunos políticos se apropiaron de los recursos de la gente”, precisó el mandatario.
“Espero que se haga justicia”, pidió el mandatarioy recordó que “si algo ha cambiado en estos 12 meses es que ahora la Justicia tiene la libertad para trabajar como nunca antes la tuvo, porque hay un Poder Ejecutivo que no intenta influir en sus decisiones, que defiende a rajatabla la división de poderes, la República y la democracia”.
Por eso, “nosotros no opinamos sobre los fallos de la justicia”, recordó. “No queremos que los acusados y/o condenados tengan la excusa de hablar de lawfare, utilizando la politización de la justicia para evadir sus responsabilidades. Priorizamos que se haga justicia en lugar de aprovechar política o electoralmente los hechos de corrupción de nuestros adversarios”.
Luz y oscuridad
En esa línea, el gobernador de Entre Ríos advirtió que “la gente coloca en el lugar que corresponde el esfuerzo que estamos haciendo para llevar luz donde había oscuridad”, y repasó “toda la batería de reformas institucionales que estamos implementando para poner transparencia donde había opacidad”.
Cuando, en la madrugada del miércoles, Edgardo Kueider fue detenido en el control aduanero del Puente Internacional de la Amistad, lo primero que hizo fue intentar poner en valor su condición de senador argentino. Y lo segundo, a lo que le dedicó una energía potente, fue pedir que, por favor, no se filtrara con quién viajaba.
Kueider no quería que su familia —mujer e hijos— se enterara de que estaba acompañado de una mujer justo en ese destino al que venía dedicándole tantos viajes, con múltiples excusas laborales, en el último año. Es, quizás, una anécdota de orden personal, pero vale el relato porque, curiosamente, durante algunas horas —que no fueron pocas—, la noticia circuló sin mencionar con quién viajaba en la camioneta. Es decir, sus reclamos tuvieron quién lo escuche.
Recién mucho más tarde se supo el nombre que ya es famoso: Iara Guinsel Costa, la chica de 34 años designada como su secretaria en el Senado, monotributista de condición impositiva y autodiseñada como curiosa propietaria de los 211 mil dólares que incautó la aduana paraguaya. En su primera declaración, cuando el abogado de los dos todavía era un exfiscal de Ciudad del Este, César Niver Centurión, tanto Kueider como Costa sostuvieron que hay una sociedad que se llama Golden Sur —que no aparece en ningún registro y de la que ella se proclama apoderada—, que le dio esa plata para comprar mercadería. No hay inscripción impositiva, ni remito, ni domicilio, ni web, ni accionistas ni nada. Misterio. Dólares de cara grande sin ningún fajo bancario que permita trazabilidad.
Sin embargo, toda esa narrativa está por desaparecer. Aparecen datos sugestivos que se confirmarán en los próximos días y que están, en este momento, en el foco de la causa judicial. Junto a sus documentos, con la parva de billetes que guardaba en una mochila en el baúl, las autoridades paraguayas incautaron un elemento que parecía muy menor, pero que ahora tomará una relevancia trascendente: un pendrive encontrado en la camioneta junto a los lentes y las llaves de Kueider. Altísimas fuentes políticas y judiciales de Paraguay reconocieron a TN que ahí puede esconderse la clave para entender los cruces permanentes del senador por la Triple Frontera, ese cruce de países donde el contrabando de droga es un tema mundial y donde las facilidades para el lavado de dinero se ofrecen en múltiples localidades.
Lo que están descubriendo los fiscales es que se trata de un pendrive crypto, una herramienta desconocida para mucha gente, pero de uso muy común entre quienes invierten en criptomonedas. Una definición para principiantes que ofrece la IA explica que es “un dispositivo que se conecta a una computadora a través de USB y donde podés almacenar la data de las crypto que tenés en línea”. ¿Qué significa todo esto? Faltan pocos días para saberlo con exactitud, pero la plata física que llevaba en el baúl podría explicarse con la matemática que guarda ese pendrive. Un manual de lavado de dinero en la era techie.
El poderoso nuevo abogado de Kueider
Mientras esta situación se desentraña, el senador, curiosamente, cambió de abogado y contrató a Ricardo Preda Del Puerto, uno de los defensores más poderosos de Paraguay, especialista en lavado de dinero que defendió nada menos que a Horacio Cartes, el expresidente de ese país, íntimo amigo de Mauricio Macri, que seguramente está celebrando con una sonrisa el pantano que comparten el kirchnerismo y la Rosada por la propiedad de Kueider.
Es meterse en la política del país vecino, pero vale recordar la sombra que persigue a Cartes por sospechas de contrabando o lavado de dinero a través de la venta de cigarrillos. Ahora, además, el senador entrerriano y el expresidente paraguayo comparten asesor legal. Hay muchas teorías conspirativas alrededor de estos datos.
Otra pregunta inquietante es cómo pagará Kueider los honorarios de este penalista. Sobre todo, si se considera que la fianza de 300 mil dólares para el senador y su secretaria la abonó el abogado, quien se ocupó también de conseguirles alojamiento en un condo de lujo de Asunción. Si se mira la última declaración jurada patrimonial del legislador entrerriano (de 2021), reconoce apenas 8 mil dólares de ahorro. No es su mayor incongruencia: llegó hasta ese puente internacional arrastrando en sus antecedentes una denuncia por coimas dentro de la megacausa que lleva la jueza Sandra Arroyo Salgado por pagos indebidos de la empresa Securitas para conseguir contratos, y tiene abierto en Entre Ríos un expediente por enriquecimiento ilícito por supuestas compras de propiedades de lujo en Paraná a través de una sociedad que también es un agujero negro. Hay que mirar a Paraná. Habrá novedades sobre una casa en un country que se le adjudica a Kueider y a Costa.
La llamada entre Villarruel y Caputo
Son muchas las definiciones que suceden en este diciembre tumultuoso. Señales cruzadas. La Corte Suprema está por entrar en receso; se retira su juez más antiguo, Juan Carlos Maqueda. A pesar de la interna con Ricardo Lorenzetti, los jueces sacaron un fallo que confirmó el juicio contra CFK por el memorándum con Irán en el día del cumpleaños de Alberto Nisman, tal como reveló Romina Manguel. Y, al día siguiente, después de dos años sin resolver el caso, los magistrados devolvieron a su puesto de fiscal general a Cecilia Goyeneche, la mujer que investigó y consiguió pruebas irrefutables para que condenen al exgobernador entrerriano, Sergio Urribarri, que ahora está preso. Goyeneche había sido increíblemente destituida por esa tarea. Un acto de impunidad manifiesta en las tierras de Kueider que la Corte, justo esta semana, acaba de reparar.
Las consecuencias en la política local del escándalo de los dólares del senador todavía no están determinadas. “El diablo metió la cola”, decía ayer un altísimo referente peronista que suele funcionar como nexo entre la Casa Rosada y Cristina y que venía tejiendo con éxito un acuerdo que CFK —al igual que el Presidente— volvieron a negar, pero que estaba bien definido. “Bajan Ficha Limpia, y acordamos reforma electoral”. Es decir, el fin de las PASO y los cambios estructurales en las reglas de financiamiento de la política. Una indigestión para Mauricio Macri.
La escalada por quién es el jefe político del legislador, más una serie importante de eventos menores, tensionó una reunión secreta que sucedió el miércoles entre referentes de altísimo nivel de la Rosada y del peronismo. Nadie quiere revelar nombres ni lugar del encuentro, pero existió y terminó con la representación libertaria levantándose de la mesa cuando el kirchnerismo empezaba a negociar matices. Se niegan a perder los espacios gratuitos de difusión en los medios durante la campaña y querían poner topes a la liberación de los aportes propuesta en el proyecto oficial. En ese desencuentro está la clave de por qué, a pesar de que Manuel Adorni publicó en X que el 5 de diciembre empezaban las sesiones extraordinarias, todavía no se firmó el decreto oficial para convocarlas. ¿Se firmará? En las próximas 48 horas hay reuniones que definirán si hay o no acuerdo. Es una apuesta peligrosa: ¿qué pasa si libertarios y peronistas sacan esta reforma sin el aval del PRO y los radicales? ¿Quién podría negar un acuerdo?
“No quiero abrir el Congreso”
Algo de este contexto es el que llevó a Victoria Villarruel a mandarle un wapp de emergencia a Santiago Caputo. Son dos que no se quieren y que casi no se hablan. “No quiero abrir el Senado en sesiones extraordinarias”, escribió ella. “Van a destituir a Kueider y a bajar el DNU por el canje de la deuda”, explicó. El senador de la polémica pidió licencia, pero Unión por la Patria, rápido de reflejos, pidió su expulsión por inhabilidad moral, el artículo 66 de la Constitución que se utilizó por última vez en el Senado cuando Luis Barrionuevo fue echado de su banca después de quemar urnas en Catamarca. Hay una vuelta en el reglamento que les permite autoconvocarse cuando terminó el período ordinario de sesiones. Se usó en 2001 cuando renunciaban los presidentes. La están usando ahora al convocar para el 12 de diciembre próximo.
Curiosa la posición del kirchnerismo, que apura la destitución —razonable— del legislador, pero no dijo nada cuando eran mayoría en el Senado y José Alperovich, acusado de violación (luego condenado), se pidió dos años de licencia en su banca sin que nadie patalee.
El senador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, se encuentran actualmente bajo prisión domiciliaria, luego de ser acusados de tentativa de contrabando. La decisión judicial establece que ambos deberán pagar una fianza individual de 150 mil dólares y permanecer en la ciudad de Asunción, bajo estricta vigilancia policial. La causa detrás de esta medida es que Kueider y Costa intentaron introducir al país, sin declararlos, más de 200 mil dólares en efectivo, lo que motivó su detención en un procedimiento que involucró a las autoridades paraguayas.
El juez Humberto Otazú fue el encargado de tomar esta decisión, en el marco de una audiencia virtual en la que se resolvió mantener la imputación de los acusados. Durante la audiencia, se valoró que, debido a la posición pública que ocupa Kueider como senador, existe un riesgo latente de que él y su secretaria pudieran interferir en el curso de la investigación si quedaran en libertad. El juez, por lo tanto, optó por mantener a ambos en arresto domiciliario, con la justificación de evitar cualquier intento de obstrucción al proceso. La imputación establece que tanto el senador como su secretaria enfrentan una posible condena que podría llegar hasta los dos años de prisión. Además, deberán enfrentarse a un proceso administrativo tributario que podría derivar en sanciones adicionales.
En respuesta a la acusación, la defensa de Edgardo Kueider presentó un recurso solicitando su libertad ambulatoria, argumentando que el senador no reside habitualmente en Paraguay y que, debido a su posición, carece de fueros que lo eximan de ser procesado como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, Kueider y Guinsel Costa decidieron no hacer uso de este recurso y optaron por permanecer en Paraguay mientras se esclarece la situación jurídica. Este hecho subraya la intención de los acusados de colaborar con las autoridades y enfrentar el proceso legal de manera transparente, aunque las circunstancias de su detención siguen siendo un tema de discusión.
El incidente que desencadenó la detención ocurrió en la ciudad de Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná, fronterizo con Brasil. Fue en este lugar donde ambos fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional. Según los informes, Kueider fue arrestado con una considerable cantidad de dinero en efectivo, que no pudo justificar adecuadamente en el momento de la detención. Ante esta situación, el senador sostuvo que el dinero no le pertenecía, sino que era propiedad de su secretaria, Iara Guinsel Costa, quien trabajaba en Paraguay para una empresa local. En su defensa, se argumentó que Kueider solo estaba conduciendo el vehículo en el que se transportaba el dinero, el cual no era de su propiedad.
Por su parte, la secretaria de Kueider, Guinsel Costa, también fue detenida en el mismo operativo, y en su declaración, explicó que el dinero en efectivo estaba destinado a ser utilizado para la compra de mercancías de una empresa en la que trabajaba. El hecho de que ambos cruzaran desde Brasil a Paraguay en ese momento ha sido un punto clave de la investigación, pues las autoridades sospechan que la cantidad de dinero no declarado podría estar vinculada a una posible operación de contrabando, dado el contexto de la frontera entre ambos países.
Este caso ha causado gran revuelo en Argetina, principalmente por la implicación de un funcionario público de alto rango, como lo es el senador Kueider, en una presunta actividad ilegal que podría tener ramificaciones más amplias en cuanto a la corrupción y el contrabando en la región. La frontera entre Paraguay y Brasil es conocida por ser un punto caliente para este tipo de actividades ilícitas, y este caso pone nuevamente bajo la lupa las prácticas de contrabando y el flujo de dinero no declarado entre ambos países.
El proceso judicial sigue su curso, mientras tanto, la sociedad argentina sigue atenta a los desarrollos del caso, que podría traer consigo implicaciones no solo para Kueider y Costa, sino también para otros actores políticos y empresariales involucrados en redes de contrabando y evasión fiscal. La investigación está siendo llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado, quien tendrá que determinar si hay pruebas suficientes para formular cargos adicionales o si la defensa de los acusados logra desvirtuar las acusaciones. Este caso también ha abierto un debate sobre la efectividad de las políticas de control de contrabando y lavado de dinero en la región, así como sobre la transparencia y ética de los funcionarios públicos en Argentina.
Con Urribarri en la cárcel , promesas de apertura de viejas causas, han puesto los pelos pelos de punta a varios “actores” políticos que son salpicados de cerca, por estos casos expuestos por actuación judicial , como así tambien por los medios de comunicación que amplían la investigación en todas sus ramificaciones.
Para el caso del ex gobernador y hoy diputado nacional Gustavo Bordet, quien hoy intenta despegarse del caso Kueider despegándose de su hombre de máxima confianza con un: “No tengo amigos en la política» .
Bordet y su entorno donde gravitaba Kueider, que llego a ser mano derecha del ex gobernador y principal armador político en la provincia.
En su momento cuando los medios de la ciudad originaria de varios de los casos “rutilantes de corrupción” conocían perfectamente el estado patrimonial de un austero contador que recién se iniciaba en la política , cuyo estado patrimonial actual difiere en mucho de aquel humilde contador .
En la base de la pesquisa está la denuncia que hizo un ciudadano de Concordia, Héctor D’Ambros, para que la Justicia investigue la presunta comisión de delitos de acción pública. En el escrito, acompañó la declaración jurada que Bordet entregó a la Oficina Anticorrupción de la Nación cuando asumió su banca y una serie de notas periodísticas de medios locales que daban cuenta de los datos.
Ante tantos señalamientos Bordet se defendió: “No tengo nada que ocultar”. Ante la Oficina Anticorrupción de la Nación, declaró 14 inmuebles y depósitos en plazo fijo en pesos y dólares que suman un global de 147 millones de pesos que si se los actualizarán a la fecha quintuplicarían o más ese valor.
Bordet fue en dos períodos consecutivos intendente de Concordia y luego, también en dos mandatos continuados, gobernador de Entre Ríos. En esos períodos, según surge de su declaración jurada, sus bienes no pararon de incrementarse.
“Como gobernador, el único bien que compré fue un terreno en el año 2022. Le pagué al propietario del terreno a través de una transferencia de mi cuenta corriente bancaria. Está todo registrado en la operación y está plenamente justificada”, consignó.
“Trabajo desde hace 43 años y mi primer inmueble lo compré a los 28 años en 1990. Ejercí la profesión de contador público durante más de 20 años en el estudio que era de mi padre y que en 1987 me lo cedió”, abundó.
“Además, desde 1988 fui jefe del departamento contable del casino de Concordia. Fui 14 años profesor y trabajé como síndico en concursos y quiebras y perito contable en el Poder Judicial”, agregó. Hizo saber además que ha recibido bienes heredados de su madre y de su padre.
“Esto trata de ensuciar, de enlodar, de desprestigiar. Todo en sintonía con lo que viene ocurriendo desde el 10 de diciembre. Sistemáticamente hay un ataque muy fuerte contra mi gestión y contra mi persona. Pero son las reglas del juego. Voy a demostrar plenamente mi honestidad”, concluyó.
En total, el patrimonio declarado el actual Diputado Nacional, considerando bienes, depósitos y dinero al Inicio del año 2024, asciende a $ 147.050.328,55.
Incluye 14 inmuebles y depósitos y plazos fijos en pesos y en dólares.
12 de los 14 inmuebles que declara ingresaron a su patrimonio después de asumir en la función pública. Un tercio las adquirió siendo gobernador.
Dos inmuebles (de los cuales es titular de un porcentaje) ingresaron por herencia en 2023, y un departamento lo recibió por donación, según declara.
Es probable que el patrimonio real del exmandatario supera holgadamente los 150 millones de pesos nominales declarados, si se parte de la premisa de que los inmuebles detallados en su declaración jurada aparecen con su valor “fiscal”, siempre inferior a los valores de mercado.
Inmuebles:
Casa de 347 metros cuadrados en Concordia valuada (fiscalmente) en $2.761.338,51 (destinada a vivienda)
Departamento de 25 metros cuadrados en Concordia valuado en $ 978.265,00 (destinado a inversión)
Casa en Concordia de 284 metros cuadrados valuada en $ 5.176.749,85 (destinada a alquiler)
Cochera en Concordia valuada en $53.866,35 (destinada a alquiler)
Departamento de 44 metros cuadrados en Concordia valuado en $ 715.038,32 (destinado a alquiler)
Baulera en Concordia valuada en $ 57.836,29 (destino alquiler)
Departamento de 77 metros cuadrados en Paraná valuado en $466.141,71 (destino a inversión)
Departamento de 75 metros cuadrados en Concordia valuado en $1.714.532,20 (destino a inversión)
Lote de terreno de 353 metros cuadrados en la localidad de Pronunciamiento cuyo valor declarado es $172.440,57 (destino a inversión)
Casa en Concordia de 1225 metros cuadrados valuada en $10.258.562,13 (destino a inversión)
Lote de terreno de 1184 metros cuadrados en Concordia valuado en $ 1.200.000 (destino a inversión)
Inmueble rural de 325.300 metros cuadrados en Concordia valuado en 1.886.823,97 (destino a inversión)
Inmueble rural de 100.000 metros cuadrados en la localidad de San Cipriano (del cual posee el 16,66%) valuado en $ 261.836,09 (destinado a alquiler)
Inmueble rural de 970.000 metros cuadrados en la localidad de San Cipriano (del cual posee el 33,33%) valuado en $ 4.921.638,28 (destinado a alquiler)
Depósitos
Además de los inmuebles, Bordet declara ser titular de Depósitos de dinero y Plazos fijos, en pesos y en dólares, según detalla en su DDJJ:
Caja de Ahorro en Pesos $134.732,32
Caja de Ahorro en Dólares $ 2.602.265,15
Caja de Ahorro en Pesos $ 634.698,62
Cuenta de Pago PSP (billetera virtual) $ 1.210.816,46
Plazo fijo en pesos $ 10.613.995,89
Plazo fijo en pesos $ 29.739.698,63
Plazo fijo en Pesos $ 29.739.698,63
Plazo fijo en Pesos $ 15.895.356,16
Dólares en efectivo U$S 33.333,33 (adquiridos por herencia)
Por último, Bordet declara $55.000 en concepto de “aportes a fideicomiso del 1900”.
Deudas
La única deuda que figura en la DDJJ es por $ 109.980,97 por un crédito hipotecario tomado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos.
Vale destacar que Bordet declara que todos sus bienes (a excepción de los que ingresaron a su patrimonio por herencia) fueron adquiridos con ingresos propios.
Bordet se despega de su hombre de máxima confianza: “No tengo amigos en la política”
El exgobernador Gustavo Bordet formuló declaraciones periodísticas en las que se despegó del senador nacional Edgardo Kueider, su mano derecha y hombre de confianza a lo largo de toda su carrera. “No tengo amigos en la política. Yo no puedo hacerme responsable de errores ajenos”, expresó tras la detención de su otrora poderoso funcionario, armador y jefe de campaña.
Consultado por la agencia APF a raíz del escándalo por la detención de Kueider en Paraguay, Bordet contó que recibió la noticia“con mucha sorpresa”.
Luego, argumentó: “No hablo con Kueider desde la previa a la aprobación de la Ley Bases. A partir de ahí la relación, que ya venía distanciada desde que él abandonó el bloque, directamente se cortó”, aseguró.
“Fue un funcionario muy estrecho de mi gestión. Después asumió como senador. Por algún motivo la relación se fue enfriando. Él siguió otro camino. A veces las personas toman decisiones. Él tendrá que dar las explicaciones que sean necesarias para aclarar de dónde salieron los fondos con los que lo detuvieron”, manifestó Bordet.
“Todos estamos requiriendo y esperando estas explicaciones”, acotó.
“Yo doy mis explicaciones como siempre las he dado. Cada uno es dueño y responsable de sus actos y se tiene que hacer cargo de ellos. Yo no puedo hacerme cargo de las decisiones que ha tomado Kueider, como la de irse del bloque y aprobar la Ley Bases generando un perjuicio muy grande a nuestro espacio político y al conjunto de la sociedad. No soy quien tiene que dar las explicaciones, sino quien ha cometido las faltas o defeccionado del partido que lo llevó a ese lugar”, aseveró.
Además, Bordet indicó que la candidatura de Kueider, a pesar de ser su principal espada política en aquel momento, no fue responsabilidad suya.
“En su momento hubo lista de consenso. El acuerdo fue ese. Después, en el devenir, Kueider mostró otra faceta. Esto es, lamentablemente, habitual en la política. Hay personas que llegan por una fuerza política y se van con otra. Pero cada cual tiene que hacerse cargo. Yo no puedo hacerme responsable por los errores ajenos”, señaló.
“Él defeccionó de nuestro espacio político votando leyes para este gobierno. Eso ha generado muchas suspicacias. Esto debe ser aclarado por las repercusiones políticas que tiene. Su voto en la Ley Bases fue clave. Se habló mucho en su momento. Por el bien de todos (Kueider) debe aclarar esta situación”, consignó.
Bordet afirmó que con el senador nacional no tenía un vínculo de amistad. “Mis amigos están fuera de la política. No tengo amigos en la política”, sostuvo. La razón de esto es que la construcción de las relaciones de poder se hace “desde otro lugar. A veces hay alianzas y otras no.”
Pese a esta definición, marcó: “Tuve amigos en la política que hoy forman parte del gabinete de (el gobernador Rogelio) Frigerio. Son decisiones. No las comparto y no estoy de acuerdo. Pero, repito: no tengo porqué hacerme cargo de las decisiones equivocadas de los otros”, concluyó.
Iara Magdalena Guinsel Costa, de 34 años, es la persona que viajaba con el senador nacional Edgardo Kueider al momento de ser interceptados en el operativo en la Triple Frontera. Es oriunda de Concordia, madre de dos nenas y hasta hace dos años trabajaba como vendedora en una empresa prestadora de servicios de internet. El legislador la hizo nombrar en la planta temporaria del Congreso. Ante la justicia paraguaya, ella se declaró responsable de los dólares incautados y dijo que se los dio para hacer compras una empresa paraguaya de la que es “apoderada”. Anoche quedó detenida en una dependencia policial.
Iara Guinsel fue noticia meses atrás cuando su nombre apareció ligado al de Kueider en las causas por presunto enriquecimiento ilícito que se le siguen al senador en la justicia entrerriana y en el fuero federal. Distintas fuentes la señalan como secretaria de Kueider, como presunta testaferro e incluso como su actual pareja. El legislador tiene cinco hijos de dos matrimonios anteriores.
A Kueider se le adjudica la propiedad de departamentos de lujo en Paraná, en un edificio desarrollado por los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, procesados por presunta asociación ilícita en relación a los presuntos sobornos de la causa Enersa/Securitas. En la documentación recabada, Costa figura como pagadora de las expensas de las unidades.
Los departamentos están a nombre de Betail SA, cuyos miembros son Kueider, Rodolfo González y Javier Rubel, primo del legislador.
Rubel está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de dos menores de edad, hijas de su expareja. La causa recientemente fue elevada a juicio por la justicia concordiense. A la denuncia la originó la madre de las presuntas víctimas en 2022 luego de que una de sus hijas, hoy mayor de edad, revelara los abusos mediante un video que publicó en redes sociales. La joven contó abusos sufridos por ella y por su hermana menor cuando tenían 12 y 14 años respectivamente.
A nombre del otro socio, Rodolfo González, figura la camioneta 4 x 4 Chevrolet Trailblazer SUV negra modelo 2021 en la que viajaba la pareja cuando los interceptaron en el Puente de la Amistad en el vecino país. Manejaba Kueider y Iara Guinsel tenía una tarjeta azul a su nombre. González es empleado de la Biblioteca del Senado y está afectado al despacho de Kueider desde que asumió en 2019. Comerciante de 63 años, González es señalado como cercano a Kueider y en los últimos tiempos aparecieron empresas a su nombre dedicadas a servicios de comunicación audiovisual y promociones publicitarias.
Tanto Costa como Rubel y González están siendo investigados por la justicia como presuntos testaferros del senador nacional. La pesquisa que conduce en los Tribunales de Concordia el fiscal José Arias incluye también a los cinco hijos de Kueider y a su primera y su segunda esposa. Edekom SA, una empresa constituida por Haidar Iván Kueider, hijo del senador de 31 años, también está bajo la lupa de los fiscales.
Iara Guinsel fue nombrada en planta temporaria del Senado de la Nación a pedido de Kueider en febrero de este año en categoría 1, mediante el expediente 552/2024. Cuando se conocieron las causas judiciales de Kueider, a través de la resolución 730/2024, fue afectada al Bloque Unidad Federal, que integra Kueider y preside el correntino Carlos Camau Espínola. Más allá de los cambios en la situación de revista, distintas fuentes coinciden en que nunca se la vio en los despachos legislativos. Posteriormente, Kueider decidió darla de baja y en su lugar nombró con categoría 1 a Celina Costa, familiar de Iara.
Al declarar ante la justicia paraguaya, Guinsel se hizo cargo de la propiedad de los 200 mil dólares incautados. Al ser indagada, aseguró que la plata era suya y que se la entregó Golden Sur, una empresa de Asunción de la que es “apoderada” para comprar electrónica, perfumes y cosméticos, según informó el abogado del senador y la mujer, César Nider Centurión.
En Concordia, hasta hace dos años, Guinsel Costa trabajaba como empleada de la empresa Internet Plus, prestadora de servicios informáticos. Allí figuraba como “responsable de atención comercial”. Años atrás cursó materias de la carrera de Derecho y es madre de dos nenas. En las últimas horas restringió los perfiles de sus redes sociales.
En la base de datos Nosis, Guinsel figura como monotributista categoría H y como autónoma con categoría I. Le figuran tres domicilios: uno en calle Rodríguez Peña al 1900, en el barrio de Recoleta en la ciudad de Buenos Aires, y dos en Concordia. Aparece como socia de su padre, Gustavo Guinsel, en un pequeño negocio en la ciudad entrerriana dedicado a la venta de motos de baja cilindrada.
Según se supo en las últimas horas, el de ayer era el sexto viaje que la pareja realizó a Paraguay en lo que va del año.
El caso Kueider, con una causa abierta por enriquecimiento ilícito, está en proceso de esclarecer las diversas ramificaciones en las que estuvo y sigue estando involucrado el senador Edgardo Kueider. En estos momentos, el gobierno nacional estaría evaluando la posibilidad de retirar las “gentilezas” que Kueider recibió como retribución por su histórica votación en el Senado, una retribución que parece estar vinculada a favores políticos. Las “gentilezas” más conocidas tienen como origen la ciudad de Concordia, lugar natal del senador,(Salto Grande, Anses etc etc) quien DESDE HOY es conocido por su “mochila verde” en Paraguay.
Mientras tanto, dentro del peronismo provincial, crece la preocupación de que la prensa porteña pueda comenzar a poner el foco en los distintos actores involucrados en diversas causas de corrupción que se entrelazan. Entre ellos, destaca el exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet, quien ha presentado una declaración de bienes que resulta complicada de justificar. Bordet se ha visto vinculado con lo que, según versiones, habrían sido retornos de “Tortul”, de los cuales Kueider no estaría exento. A esto se suma la megacausa de los “Contratos Truchos”, cuyo tratamiento judicial ha sido, sorprendentemente, postergado.
En noviembre pasado, el Poder Judicial había decidido congelar la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura. Se había previsto que las audiencias de remisión a juicio comenzaran en los primeros días de ese mes, pero, debido a una serie de solicitudes de aplazamiento, el proceso sufrió demoras.
A principios de septiembre, la Justicia finalmente había establecido las fechas para las audiencias de remisión a juicio en esta megacausa. El 31 de mayo de 2021, el Ministerio Público Fiscal solicitó la remisión a juicio, pero el trámite se complicó debido a una disputa de competencia con la Justicia Federal.
La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial había fijado las audiencias para los días 11, 12 y 13 de noviembre, sin embargo, en los últimos días previos se sucedieron varios pedidos de aplazamiento. En marzo de este año, después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara el pedido de intervención del Juzgado Federal Nº 1 de Paraná, y ratificara la competencia de la jueza de Garantías de Paraná, Marina Electra Barbagelata, la magistrada reactivó la investigación.
La megacausa de los Contratos Truchos investiga los contratos laborales presuntamente falsificados en la Legislatura de Entre Ríos, un caso que abarca una década, entre 2008 y 2018. La causa busca establecer el desfalco de fondos públicos mediante la creación de contratos laborales fraudulentos, que habrían servido para establecer una red de recaudación de fondos destinada a financiar la política.
La investigación comenzó en 2018, pero en 2021 se produjo un conflicto de competencia que retrasó su avance. Aunque la investigación estaba en manos de la jueza Barbagelata, algunos defensores de los imputados solicitaron que el caso fuera transferido al Juzgado Federal a cargo de Daniel Edgardo Alonso, argumentando que los delitos investigados implicaban la violación de la Ley Electoral. Según esta versión, los fondos desviados de la Legislatura habrían sido destinados a financiar campañas del Partido Justicialista, lo que justificaría la intervención de la Justicia Federal.
Qué investiga la causa Contratos Truchos
La investigación penal se abrió en septiembre de 2018. Se trata de una investigación que abarcó una década, de 2008 a 2018, y que busca establecer el desafalco producido al erario público mediante la celebración de contratos laborales truchos que servirían para conformar una red de recaudación de fondos para financiar la política.
En un escrito de 540 páginas, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry remitieron la causa a juicio -en medio ocurró el planteo de competencia- y señalan que «encontrándose concluida la presente Investigación Penal Preparatoria en lo que refiere a los imputados antes nombrados, efectúe el control correspondiente y remita el caso a Juicio, previa realización de la audiencia». La petición fue elevada a la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, quien notificó a todos los defensores y también al actor civil, la Fiscalía de Estado.
Son 32 los imputados en la causa :Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.
Para el exadministrador del Senado, Gustavo Pérez, los fiscales piden 18 años de prisión.
Para Juan Domingo Orabona, 7 años de cárcel.
Para Jorge Fabián Lázzaro, 5 años.
En el caso del exadministrador de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, fiscalía pide 12 años de prisión.
Para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, 1 6 años.
Para el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, 10 años.
Para Alfredo Bilbao, 12 años de prisión.
Para Roberto Ariel Faure, 9 años.
Para Hugo Mena, 10 años.
Flavia Beckman, esposa de Mensa, 7 años y 6 meses.
Para Esteban Scialocomo, 7 años.
Para Verónica Caíno, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Mena Gioveni, Andrea Noemí Beatriz Demartin, María Victoria Álvarez, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Alejandro Rubén Ferreyra y Jorge Pablo Balladares, 3 años de prisión.
Para Pedro Eduardo Opromolla, 6años de prisión.
Guido Daniel Krapp y Renato Jesús Mansilla, 5 años.
Nicolás Beber, 3 años.
Hernán Javier Díaz, 3 años.
Maximiliano Degani, 3 años.
Marta Aurora Pérez, 3 años.
Mariano Speroni, 2 años.
Diego Pagnoni, 2 años.
Jorge Enriqu De Breuil, 6 años.
Javier Schneider, 3 años y 6 meses.
“Ha quedado establecido –dicen los fiscales- que este particular modo de saqueo, según la evidencia encontrada, se inició en momentos diferentes según la Cámara legislativa de que se trate y continuó de forma progresiva, ampliándose de manera significativa luego del inicio del período de Gobierno que comenzó el 10/12/2011”. Al respecto, agregan: “En efecto, obran registros específicos que permiten afirmar con certeza que en la Cámara de Senadores las maniobras de sustracción, a través de la suscripción masiva de contratos de obras, se iniciaron allá por el mes de enero de 2008, mientras que la Cámara de Diputados se incorporó a esta mecánica sustractiva en fecha 11 de diciembre de 2011”.
Más adelante, el escrito con el pedido de remisión a juicio destaca: “Asimismo, se pudo comprobar que el número de vínculos falsos experimento un rápido ascenso mientras se fue perfeccionando la mecánica extractiva de caudales públicos, y en particular luego de haber expandido el uso de las mismas maniobras a la Cámara de Diputados. Vale decir, el incremento fue directamente proporcional a la especialización de la arquitectura delictiva y de sus operadores”.
¿Cuál fue el valor del desfalco a partir de esas maniobras delictivas? Según el primer informe elaborado por el contador Héctor Enrique, perito del Ministerio Público Fiscal, sería de $ 2.244.142.048,47.
Esa cifra fue actualizada. “Es así que el monto sustraído durante los casi 11 años que fueron objeto de investigación asciende a 52.927.878,50 dólares, lo que actualizado a mayo de 2021 (cotización dólar oficial BNA $93,75 al 28/05/2021) nos informa de un total de $ 4.961.988.609”, apunta.
“De la evidencia reunida, resulta claro que se conformó una organización delictiva con el objeto de consumar actos sucesivos de sustracción de dinero público, primero de la Cámara de Senadores de la Provincia, para luego de transcurridos los primeros cuatro años, sumar las arcas de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el colectivo consumó, además, diversas ilicitudes complementarias”, dice los fiscales, y agregan: “Pergeñada la maniobra ilícita, teniendo en cuenta su complejidad, era indispensable generar una estructura con diversos estamentos que se encargara de ejecutar las fases del accionar delictivo, que comprendía desde el reclutamiento de los falsos contratistas; la registración de los mismos ante los organismos recaudadores; la firma de los instrumentos públicos contractuales; la presentación de éstos en los servicios administrativos y contables de la Legislatura; la posterior aprobación por éstos y las respectivas autoridades legislativas (Presidentes o Vicepresidente de ambas Cámaras); la autorización del libramiento de los pagos respectivos por los Servicios Contables de ambas Cámaras; la supuesta acreditación de los falsos servicios prestados para otorgarle un aparente marco de legalidad; la percepción de los importes a través de la presentación de los cartulares ante el agente financiero de la Provincia; la necesidad de mantener regularizada la situación impositiva de los ´contratistas´ mediante el pago mensual del impuesto al monotributo e ingresos brutos ante la ATER, la confección de facturas falsas, y la aprobación de todas estas contrataciones, a pesar de las irregularidades que presentaban, por parte del máximo organismo de control de las cuentas de la Provincia, el Honorable Tribunal de Cuentas”.
La situación del senador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider (PJ) podría complicarse todavía más tras ser demorado en la madrugada de este miércoles en la Triple Frontera, en Paraguay, con dinero en dólares, en pesos argentinos y en guaraníes sin declarar por cuanto la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) abrió una investigación sobre su situación patrimonial.
El director de Ingresos Tributarios de Paraguay, Oscar Orué, detalló que la detención ocurrió durante un control de rutina en el puente internacional de La Amistad. Al revisar el vehículo del legislador nacional, las autoridades hallaron paquetes con dinero no declarado. Allí, Kueider no explicó su intención al ingresar el dinero a Paraguay ni colaboró con las autoridades durante su detención, según detalló el diario paraguayo ABC Color.
En el vehículo de Kueider las autoridades paraguayas hallaron u$s 211.102 sin declarar; también, $646.000; y 3.900.000 guaraníes, equivalentes a unos u$s 5.000.
El senador peronista Edgardo Darío Kueider, que fue detenido en Paraguay el miércoles por la madrugada con más de U$S200.000 en efectivo sin declarar, no presenta declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) desde el año 2022 y la última vez que lo había hecho solo informó tener 8500 dólares en efectivo. Se trata de una cifra mucho menor a la cantidad hallada por las autoridades del país vecino.
Kueider, integrante del bloque Unidad Federal, aliado de La Libertad Avanza, fue detenido a las 00.40 del miércoles en un control de rutina en el puente internacional de la Amistad, que une Paraguay y Brasil. Al detener el vehículo en el que se movía, una Chevrolet patente AE797OJ, las autoridades advirtieron en una serie de paquetes se transportaban U$S211.102; $646.000 y 3.900.000 guaraníes, lo que excedía el límite permitido según ley. Según el parte policial, no contaba con ningún tipo de documentación respaldatoria del dinero.
Tras dar aviso a las autoridades de la Unidad Fiscal N2 a cargo de Edgar Benítez, se dispuso que el Senado quede demorado en un hotel de Ciudad del Este con una consigna policial. Todavía no fue indagado.
Kueider, que será investigado por la portación de este dinero sin documentación respaldatoria, no presenta sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción desde el año 2022. De hecho, adeuda esa DDJJ y la de 2023. Así se lo pudo saber de fuentes oficiales. El senador está obligado a hacer público sus bienes tal como lo establece la Ley de Ética Pública 25.188, modificada por la Ley 26.857.
La última vez que Kueider dio a conocer su patrimonio fue en 2021. Según esta declaración jurada, dijo tener un total de bienes y dinero por $5.399.157, que se componen de la siguiente manera:
Una casa en Concordia, Entre Ríos, adquirida en 1999. Tiene una superficie de 400 m2. Kueider dijo ser el titular del 50%. Fue declarada a un valor de $1.785.168.
Una casa en Concordia, Entre Ríos, adquirida en 2017, con un total de 391 m2. Es el titular del 12,50% y la declaró a $514.576.
Auto Chevrolet Meriva, modelo 2009. Titular del 50%. Valor: $199.000
Auto Chevrolet Spin Activ, modelo 2015. Titular del 50%. Valor: $489.150.
Efectivo en pesos: $955.249
Depósitos en pesos: $383.124
Efectivo en el país: U$S8500
Acciones en la firma Betails por un total de $50.000
Total bienes del hogar: $151.469
El dato de la firma Betails, de la que Kueider es accionista, no es menor. El senador es investigado actualmente por la Justicia de Entre Ríos (el caso está a cargo del fiscal José Arias) por supuesto enriquecimiento ilícito a raíz de una denuncia que indica que esa empresa era propietaria de una serie de departamentos de lujo en un complejo ubicado en la calle Santiago del Estero al 500, en Paraná.
Betails es una empresa que se creó con un capital de $100.000 y según fuentes judiciales nunca tuvo actividad real. Su objeto es la compra de ganado. La Justicia analiza una serie de expensas de ese complejo de unidades a nombre de la firma Betails y de la secretaria del senador, Iara Magdalena Guinsel Costa. Por ahora Kueider no está imputado.
La historia no termina acá ya que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado también investiga por supuesto enriquecimiento ilícito a Kueider en un expediente derivado de la causa Securitas, en la que se investiga el pago de coimas por parte de esa empresa a organismos públicos. Uno de esos organismos fue la empresa de electricidad Enersa, de Entre Rios, de la que el actual senador fue directivo. Kueider pidió que el caso pase a la Justicia federal y se vaya de su provincia. Aún no hubo resolución.
Betails es una empresa que se creó con un capital de $100.000 y según fuentes judiciales nunca tuvo actividad real. Su objeto es la compra de ganado. La Justicia analiza una serie de expensas de ese complejo de unidades a nombre de la firma Betails y de la secretaria del senador, Iara Magdalena Guinsel Costa. Por ahora Kueider no está imputado.
La historia no termina acá ya que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado también investiga por supuesto enriquecimiento ilícito a Kueider en un expediente derivado de la causa Securitas, en la que se investiga el pago de coimas por parte de esa empresa a organismos públicos. Uno de esos organismos fue la empresa de electricidad Enersa, de Entre Rios, de la que el actual senador fue directivo. Kueider pidió que el caso pase a la Justicia federal y se vaya de su provincia. Aún no hubo resolución.
Los abogados defensores concluyeron este jueves las dúplicas en el marco de la remisión a juicio de la causa coimas. Intervinieron los representantes del exdirector de Informática del Gobierno provincial, Carlos Haidar; el defensor del director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; y los abogados del exgobernador Sergio Urribarri.
Según se informó a ANÁLISIS, antes de la resolución del juez de Garantías que controla el proceso, Julián Vergara, se concluirá con la etapa de admisión de pruebas para un futuro juicio oral. De modo que la instancia que comenzó entre febrero y marzo y llevó todo el 2024, se extenderá las próximas semanas sin definición. Para la discusión sobre la admisión de prueba que se discutirá en un futuro juicio oral (una instancia que llevará varias jornadas y consiste en convenir quiénes son los testigos que se citará y cuál es la prueba reñida, sobre la que no hay acuerdo entre partes), la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) debe fijar fecha.
Cabe recordar que este miércoles, realizaron las dúplicas en representación del resto de los imputados. Es decir, se expresó el abogado Ignacio Díaz por el empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros; el abogado Leopoldo Lambruschini por Humberto Flores; el exministro de Trabajo de la provincia, Guillermo Smaldone; y los abogados Andrés Bacigalupo y Franco Azziani Cánepa, por el exfuncionario de Economía Luis Erbes.
Los defensores atacan la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de Gonzalo Badano y Patricia Yedro, por varios motivos: sostienen que se excedieron los plazos procesales previstos en el Código; que la evidencia colectada no es suficiente para fundar las acusaciones; que los datos que conforman el cuerpo probatorio fueron levantados en allanamientos autorizados judicialmente para otro proceso (el presunto Enriquecimiento ilícito del exgobernador); que se obviaron los dictámenes de los órganos de control constitucional (Contaduría General, Tesorería, Tribunal de Cuentas) que avalaron las contrataciones observadas por los fiscales; que la formulación de acusación pública es defectuosa, entre otros puntos. Por todo ello, reclaman el sobreseimiento de los imputados.
A principios de noviembre, los dos fiscales realizaron las réplicas, una instancia en la cual contestaron los planteos defensivos sobre la acusación formal. Los miembros del Ministerio Público sostienen que durante las dos gestiones urribarristas, en la provincia se conformó una especie de “mesa de negocios” integrada por funcionarios políticos, empleados ejecutivos de Relevamientos Catastrales y Relcat, y el empresario Cardona Herreros a cargo de ambas firmas. En esa supuesta “mesa de negocios” se decidieron contrataciones millonarias por parte del Estado provincial a las dos empresas, para modernizar softwares de gestión pública. Esas adjudicaciones con presuntos sobreprecios supusieron, a la vez, retornos a los funcionarios públicos y los privados. Aseguran que desde las oficinas del Estado provincial, se adelantó información privilegiada a las empresas de Cardona Herreros que se quedaron con las licitaciones. Además, afirman los fiscales que, desde las oficinas empresariales se gestionó el dinero de los funcionarios públicos a partir de la compra de pasajes aéreos, paquetes turísticos, e incluso se guardaron montos que debían pasar a retirar.
La causa se remitió a juicio a fines de abril de 2022 y, los primeros días de mayo de ese año, quien estaba a cargo del control del proceso, el juez de garantías Mauricio Mayer (ahora está desempeñando una subrogancia en el Tribunal de Juicios y Apelaciones), sobreseyó a tres de los siete imputados: Urribarri, Haidar y Ulrich. Hasta que revocaron y confirmaron la revocación de esos sobreseimientos, el legajo estuvo frenado. El año pasado, la OGA había fijado el inicio de la remisión a juicio y se fue postergando hasta el 20 de febrero de este año, cuando finalmente comenzó el proceso que, a lo largo de 2024, se vio interrumpido en numerosas ocasiones.
ANÁLISIS realizó un cronograma de cómo vienen ocurriendo las audiencias desde el 20 de febrero en adelante. A continuación, se detalla el punteo:
Planteos previos a la remisión
20 DE FEBRERO: El empresario Diego Cardona Herreros pidió que se le otorgue una probation, es decir que para él se suspenda a prueba el juicio. La Fiscalía se opuso y el juez rechazó el pedido.
21 DE FEBRERO: El exministro de Trabajo Guillermo Smaldone pidió su sobreseimiento y que se suspenda la audiencia de remisión a juicio en base al fallo Cozzi.
23 DE FEBRERO: La Fiscalía rechazó el pedido de sobreseimiento de Smaldone y reclamó que continúe la remisión a juicio de la causa.
4 DE MARZO: El juez rechazó el pedido de Smaldone y continuó la audiencia de remisión.
11 DE MARZO. La defensa de Cardona Herreros apeló ante el juez Brugo el rechazo al pedido de probation.
15 DE MARZO. Brugo rechazó el pedido de probation de Cardona Herreros.
20 de MARZO. Smaldone presentó un RECURSO DE QUEJA ante el vocal Santiago Brugo por que el 4 de marzo el juez Vergara había rechazado su pedido de sobreseimiento y para que suspendan la audiencia.
27 de MARZO: El vocal de Juicios y Apelaciones, Santiago Brugo, rechazó el recurso de queja presentado por Smaldone y advirtió que la potestad de fijar y suspender audiencias es de la OGA.
8 DE ABRIL. La OGA recibe un pedido de suspensión de audiencia a propósito de la resolución de Brugo y eleva esa solicitud a la Presidencia de la Sala Penal del STJ, a cargo de Daniel Carubia.
Comienzo de la remisión
13 DE MARZO: Fiscalía comenzó a exponer sus argumentos para que el juez remita la causa a juicio.
14 DE MARZO. Fiscalía continuó y concluyó su alegato.
25 DE MARZO: El defensor de José Humberto Flores pidió que sobresean a su representado.
26 DE MARZO. El defensor del exdirector de Presupuesto y Hacienda de la provincia, Luis Alfonso Erbes, pidió su sobreseimiento.
4 DE ABRIL: Smaldone volvió a pedir su sobreseimiento.
5 DE ABRIL: Miguel Ulrich, director de Ajustes y Liquidaciones de la provincia pidió su sobreseimiento.
9 DE ABRIL. La defensa del empresario Cardona Herreros volvió a pedir su sobreseimiento y reclamó que se suspenda la audiencia. Además, el abogado Esteban Díaz anunció el movimiento de OGA a la Sala Penal. El juez de Garantías pasó a un cuarto intermedio la audiencia, a la espera de la resolución de la Sala Penal.
11 DE ABRIL. Defensores recusaron al juez que controla el proceso, Julián Vergara y consiguieron suspender la audiencia.
19 DE JUNIO. Rechazaron la recusación contra Vergara.
7 DE AGOSTO. La OGA fija fecha para retomar la audiencia de remisión el 2, 3, 9 y 13 de septiembre, y 18, 22 y 24 de octubre.
14 DE AGOSTO. La OGA reprogramó la agenda a pedido de un imputado y se fijó fecha para el 2, 4, 9 y 13 de septiembre de 2024; y 18, 22 y 24 de octubre.
2 DE SEPTIEMBRE. Los defensores de Carlos Haidar comenzaron a pedir nuevamente su sobreseimiento.
4 DE SEPTIEMBRE. Los defensores de Haidar concluyeron su nuevo pedido de sobreseimiento.
9 DE SEPTIEMBRE. Los defensores de Urribarri comenzaron a pedir su sobreseimiento.
13 DE SEPTIEMBRE. Los defensores de Urribarri concluyeron su nuevo pedido de sobreseimiento.
19 DE SEPTIEMBRE. La OGA reprogramó las audiencias previstas para el 18, 22 y 24 de octubre y las fijó el 5, 6 y 7 de noviembre. La audiencia no continuó el 6 y 7 de noviembre y se reprogramó para el 27 y 28 de noviembre.
5 DE NOVIEMBRE. La Fiscalía realizó las réplicas a todos los planteos defensivos.
27 DE NOVIEMBRE. Los defensores de Flores, Erbes, Cardona Herreros y Smaldone hicieron las dúplicas.
28 DE NOVIEMBRE. Los defensores completaron las dúplicas en representación de Haidar, Ulrich y Urribarri. Se acordó pedir a OGA que fije fecha para comenzar con la admisión de prueba y luego, se conocerá la resolución del juez.
Ahora al ex gobernador y embajador argentino Sergio Urribarri le queda una posibilidad: que la misma Cámara de Casación que ordenó su prisión cambie de opinión.
El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri continuará en prisión luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó hoy el recurso de hábeas corpus que presentó su defensa para revocar la prisión preventiva que cumple en la Unidad Penal 1 de Paraná, por la condena que recibió en la “megacausa” por peculado y negociaciones incompatibles.
El vocal Miguel Giorgio declaró que fue “mal concedido” el recurso de apelación, y sostuvo que los planteos de inconstitucionalidad fueron “genéricos” por lo que fueron rechazados. En tanto, su par Gisela Schumacher solicitó apartarse de la resolución ya que se consideró víctima de “violencia moral”, luego de que una ONG solicitara un juicio político en su contra por mal desempeño.
Qué es un hábeas corpus
El martes 19 de noviembre Urribarri fue detenido y trasladado a la Unidad Penal 1 de Paraná. El abogado defensor Leopoldo Cappa solicitó su liberación con la presentación del recurso de hábeas corpus.
Se trata de una herramienta que busca proteger la libertad del acusado cuando es amenazada de una forma que no corresponde, o cuando las condiciones de encierro no son las adecuadas. La presentación “es idónea en esta situación de tensión urgente que sufrió Urribarri”, explicó el letrado y remarcó que con su detención “se están violando garantías constitucionales y generando un precedente muy peligroso para la ciudadanía entrerriana”.
Sin embargo, la jueza de Garantías Carola Bacaluzzo determinó que el recurso era improcedente, ya que la defensa tiene otras vías para discutir la decisión: “Pueden recurrir a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Se puede instar a que los pasos procesales sean expeditivos, con un procedimiento abreviado”, dijo.
El abogado Cappa coincidió en que existen “instancias recursivas como la impugnación extraordinaria”, y que si no se hace lugar “está el recurso de queja directo al STJ”, pero sostuvo que si debe “esperar a que ese recurso llegue a la Sala Penal nos estamos yendo en el tiempo y tenemos la feria judicial encima”, lo que haría que Urribarri continúe en la cárcel, al menos, hasta luego de la feria judicial.
Schumacher pidió apartarse
La vocal del Superior Tribunal de Justicia, Gisela Schumacher, solicitó apartarse de la resolución del planteo presentado por las defensas de Sergio Urribarri y otros acusados en la megacausa para terminar con la prisión preventiva que se les impuso. Según detalló APF, alegó “sentirse afectada en su juicio interno por la presión social que recibió y los planteos de juicio político que se le hicieron en causas anteriores relacionadas”.
En el pedido de excusación Schumacher menciona que ha sido objeto de dos denuncias y una ampliación presentada ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento que tienen como fin la apertura de un juicio político en su contra invocando la causal de mal desempeño. “Por una de esas denuncias, fui notificada por la Comisión con el fin de presentar un descargo, lo que así efectué, y no así de la segunda denuncia que habría presentado, según los medios de comunicación, una Asociación Civil llamada ‘Entre Ríos sin Corrupción'”, dijo.
“Si bien quiero expresar el rechazo categórico de conducta irregular de mi parte, toda esta situación ha generado en mí una grave afectación en mi juicio interno, configurante de lo que se denomina ‘violencia moral’ que afecta mi tranquilidad y que no me permiten juzgar la causa con la serenidad que exige el proceso”, fundamentó.
Qué le resta a Urribarri
Si bien se esperaba una decisión de este tipo, Urribarri y su defensa apuntan a otro recurso de Impugnación Extraordinaria Provincial para recuperar su libertad. Pero ese recurso será analizado por la propia Cámara de Casación que determinó su prisión preventiva la semana pasada.
El 7 de abril de 2022, Urribarri recibió 8 años de prisión por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos, mientras que su cuñado Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez fueron condenados a 6 años y medio de cárcel. Los tres permanecen en una Celda Especial Individual (CEI), conocida popularmente como “celda de admisión”.
La decisión judicial fue confirmada por la Cámara de Casación Penal de Paraná el 31 de mayo de 2023, y más tarde la Sala Penal de Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el recurso de apelación de las defensas, que actualmente buscan llevar esa decisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Los fiscales de la investigación, Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano solicitaron la efectivización de las penas.
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