Los cinco opositores se encontraban asilados tras ser acusados por el gobierno de Nicolás Maduro de conspiración y traición a la patria

os cinco opositores venezolanos que se refugiaron en la embajada argentina en Caracas en marzo de 2024, para escapar de la persecución del régimen de Nicolás Maduro, abandonaron la sede diplomática y Venezuela en los últimos días. Después de crecientes versiones, el dueño del diario El Nacional, Miguel Otero, confirmó hace minutos la noticia a través de la red social X. Desde la Cancillería argentina, declinaron hacer comentarios.

Los cinco opositores, todos cercanos a María Corina Machado, se encontraban asilados tras ser acusados por el gobierno de Maduro de delitos como conspiración y traición a la patria. Originalmente eran seis dirigentes los que buscaron refugio, Magalí Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos y Fernando Martínez Mottola.

Pero, en diciembre de 2024, Martínez Mottola abandonó la embajada con su salud muy deteriorada y posteriormente falleció en Caracas.

Durante sus meses de reclusión, los refugiados fueron blanco de un hostigamiento total y permanente, que incluyó el bloqueo al ingreso de alimentos, medicinas y agua y un cerco de agentes de seguridad que amenazaban con irrumpir en la embajada.

Meda había profundizado sobre las condiciones en las que vivían. Allí es que mencionó que estuvieron más de 100 días sin servicio eléctrico, que el agua les llegaba a cuentagotas cada 15 días y que convivían con el asedio tortuoso que incluía gritos, amenazas y hombres encapuchadas armados.

Además, los ingresos de alimentos y medicinas eran arbitrarios. “Nos toca resistir hasta que termine esta pesadilla”, había dicho. Las condiciones de vida de los refugiados habían empeorado enormemente en los últimos meses.

La sede diplomática estaba bajo monitoreo de Brasil, luego de que la delegación argentina fuera expulsada por Maduro en julio pasado.

En diciembre de 2024 el Gobierno argentino había denunciado el “asedio” a la embajada ante la Corte Penal Internacional (CPI). La decisión surgió después de varias quejas renovadas de la oposición venezolana a las que la gestión administración nacional buscaba responder, junto con otras demandas internacionales.

El encargado había sido el embajador argentino en Países Bajos y representante ante la CPI, Mario Oyarzábal, quien en ese entonces enfatizó las “detenciones arbitrarias” y los “tratos inhumanos” que requerían de rigurosas investigaciones.

“Es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras sedes diplomáticas, y que se otorguen de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura”, había manifestado.