
Cada 24 de marzo, desde el retorno de la democracia en 1983, la Argentina vuelve a enfrentarse a una escena repetida: memoria, condena, reivindicación, discusión. No hay síntesis. No hay cierre. Hay, en cambio, una tensión persistente que atraviesa generaciones y que en 2026 sigue tan vigente como hace décadas.
La dificultad no es menor: se trata de interpretar uno de los períodos más violentos de la historia nacional sin caer en simplificaciones, sin negar responsabilidades y, sobre todo, sin utilizar el pasado como herramienta de disputa política del presente.
La dicotomía que nunca se resolvió
En ese debate reaparece, una y otra vez, la llamada “teoría de los dos demonios”, una interpretación surgida en los primeros años de la democracia bajo el gobierno de Raúl Alfonsín.
Esa teoría planteaba que la sociedad argentina había quedado atrapada entre dos violencias: la de las organizaciones armadas y la del Estado. Con el tiempo, fue fuertemente cuestionada por organismos de derechos humanos y buena parte de la academia, que subrayaron una diferencia clave: el Estado no es un actor más, sino el garante de la legalidad. Cuando el Estado se convierte en aparato represivo ilegal, la escala y la responsabilidad cambian.
Sin embargo, la persistencia del debate revela algo más profundo: la imposibilidad de una narrativa común. Para algunos, el foco está exclusivamente en el terrorismo de Estado; para otros, en el contexto previo de violencia política y guerrilla. La grieta no es nueva: tiene medio siglo.
Los años 70: violencia, descomposición y decisión militar
El contexto previo al golpe del 24 de marzo de 1976 fue de creciente desorden institucional. Tras la muerte de Juan Domingo Perón, el gobierno de María Estela Martínez de Perón quedó debilitado, sin conducción política clara y con una escalada de violencia que incluía acciones de organizaciones armadas.

En ese escenario, sectores del propio sistema político y económico comenzaron a ver en las Fuerzas Armadas una salida. El golpe no fue un rayo en cielo sereno: fue el desenlace de una crisis.

A partir de allí, el régimen encabezado por Jorge Rafael Videla desplegó un plan sistemático de represión ilegal: secuestros, torturas, desapariciones. La respuesta fue desproporcionada, clandestina y, sobre todo, planificada.

Pero reducir todo a una lógica binaria tampoco explica completamente el fenómeno. La violencia previa existió, y su interpretación sigue siendo parte del conflicto narrativo argentino.
El “loop” histórico: economía, poder y consecuencias
A 50 años del golpe, otra discusión emerge con fuerza: no sólo qué pasó, sino para qué pasó.
El modelo económico implementado por José Alfredo Martínez de Hoz marcó un quiebre. Endeudamiento, desindustrialización y apertura financiera configuraron un esquema que, con distintas variantes, reapareció en etapas posteriores.
Ese “loop” —dictadura, reformas estructurales, crisis, retorno democrático, nueva crisis— es señalado por muchos analistas como una de las claves del declive argentino.
Del pasado al presente: el doble estándar global
Pero el debate argentino no ocurre en el vacío. Hoy, en 2026, las discusiones sobre violencia, terrorismo y respuesta estatal vuelven a escena en el plano internacional.
El conflicto entre Irán e Israel reabre preguntas incómodas: ¿cómo se responde frente a actores que no respetan reglas? ¿Dónde termina la defensa y empieza el exceso?
Irán, gobernado por un régimen teocrático, ha sostenido durante décadas una retórica de eliminación de Israel, además de su vinculación con grupos armados en la región. Frente a esto, la reacción israelí y el posicionamiento de potencias occidentales generan críticas —especialmente desde sectores de izquierda— que denuncian desproporción o incluso genocidio.
En ese marco, figuras como Donald Trump han sido calificadas por algunos como “genocidas” por su política exterior o su respaldo a determinadas acciones militares.
La pregunta incómoda
Aquí aparece el nudo del debate:
Si se condena —con razón— el terrorismo de Estado en Argentina, ¿cómo se evalúan las acciones de Estados frente a amenazas reales y actores radicalizados?
¿Es comparable una dictadura que reprime clandestinamente a su propia población con un Estado que responde, en un contexto de guerra, a un enemigo externo?
¿Es válido aplicar la misma categoría moral en todos los casos?
Memoria, pero también coherencia
El problema no es recordar —eso es indispensable— sino cómo se interpreta ese recuerdo.
La Argentina construyó, con esfuerzo, una política de memoria basada en el “Nunca Más”. Pero esa construcción corre el riesgo de debilitarse cuando se vuelve selectiva o se utiliza como herramienta ideológica.
La condena al terrorismo de Estado no debería implicar la negación del contexto histórico, ni tampoco la justificación de otras violencias en el presente por afinidad política.
Lo que no se dice
Quizás la verdadera dificultad del 24 de marzo no sea histórica, sino contemporánea: la incapacidad de sostener un criterio universal frente a la violencia.
Porque si todo depende del actor que la ejerce, entonces ya no hay principios, sino relatos.
A 50 años del golpe, la Argentina sigue discutiendo su pasado porque, en el fondo, sigue discutiendo su presente.
Y la pregunta sigue abierta:
¿Se puede construir una memoria completa —no parcial— sin caer en justificaciones ni dobles estándares?
Redacción : Análisis Litoral
