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“Presenciamos pero no consentimos esta audiencia”, advirtió Miguel Ángel Cullen, codefensor junto a Raúl Barrandeguy, del exgobernador Sergio Daniel Urribarri en la megacausa del supuesto pago de coimas durante el gobierno que encabezó, dos períodos, entre 2008 y 2015. Antes, Ignacio Díaz, que ejerce, junto a José Velázquez, la representación legal del considerado “testaferro” de Urribarri, el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de la firma Relevamientos Catastrales SA, había pedido la suspensión de la audiencia de remisión a juicio de la causa «Urribarri Sergio D.; Cardona Herreros, Diego A.; Smaldone Guillermo; Erbes, Luis Alfonso; Haidar Carlos Marcelo; Ulrich, Miguel Ángel; Flores, José Humberto; Campitelli, Alfonso José; Zanabone, Jorge Adrián s7 Cohecho, fraude en perjuicio de la Administración Püblica, peculado y negociaciones incompatibles con la función pública”:
La audiencia, presidida por el juez de Garantías, Julián Vergara, comenzó a pesar de las reservas de los defensores. Los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro abrieron los alegatos con la acusación a todos y cada uno de los imputados, con un desarrollo pormenorizado de cómo fue el circuito de la coima que permitió el pago de retornos por parte de la firma Relevamientos Catastrales, y otras empresas satélites, a funcionarios del gobierno de Urribarri, y al propio exgobernador y a su familia, traducidos en compra de computados, autos y costeo de viajes al exterior.
En el salón Nº de los Tribunales de Paraná estaban, además, Gaspar Reca, defensor oficial de Miguel Ángel Ulrich; Raúl Barrandeguy y Miguel Ángel Cullen, defensores de Sergio Urribarri; Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, en representación de Humberto Flores; Ignacio Díaz, que es codefensor junto a José Velázquez de Diego Armando Cardona Herreros; Andrés Bacigaluppo, al frente de la defensa de Luis Alfonso Erbes; Guillermo Smaldone, imputado, que ejerce su propia defensa por cuanto es abogado; y Juan Antonio Díaz y José Candelario Pérez, codefensores de Carlos Marcelo Haidar.
Si el trámite de remisión a juicio de la denominada “Causa Coimas” no tropieza con recursos que puedan trabar su continuidad, el exgobernador Urribarri se encamina así al segundo juicio en su contra. En 2021 ya fue condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio; en esta investigación penal, el Ministerio Público Fiscal solicita 10 años de prisión para el extitular del Ejecutivo entrerriano.
Las revelaciones
El fiscal Badano repasó una a una las imputaciones y detalló por qué Urribarri y Cardona Herreros quedaron bajo el ojo de la Justicia. Dijo que ambos iniciaron una relación en 2007, cuando Urribarri era ministro de Gobierno de Jorge Busti, y que ese lazo comercial se afianzó cuando llega a la Gobernación, en 2008.
Durante 2007 Relevamientos Catastrales SA, la firma de Cardona Herreros, accedió a información privilegiada que le permitió conocer los detalles de una licitación que el Gobierno entrerriano lanzaría un año después para dotar de un nuevo sistema de sowftware para el control del personal de la Administración.
El representante del Ministerio Público Fiscal ventiló mails, planillas, apodos, y dio detalles de la relación demasiado cercana entre Urribarri y una mesa de un puñado de funcionarios, todos imputados en la causa, con un proveedor del Estado que había diseñado un mecanismo de pago de retornos.
El intercambio epistolar se hacía de forma reservada: ora se utilizaban las siglas de las personas aludidas, ora los apodos: «El Negro» era el desaparecido secretario de Legal y Técnica de la Gobernación, José Gervasio Laporte; «El Ruso», el exsecretario de Finanzas, luego mudado a la Legislatura, Luis Alfonso Erbes; y «El Zurdo», Humberto Flores, exsecretario de Hacienda. Urribarri era, indistintamente, «El Nº 1», «Pato», «El Jefe».
El dato ya se había ventilado en una audiencia previa, a comienzos de octubre de 2019.
Fue después de que se allanara la sede de la empresa Relevamientos Catastrales, en Buenos Aires, y se secuestrara un lote de computadoras. De esas computadoras se extrajo información valiosísima.
Entonces, se ventilaron escandalosas maniobras: puntilloso, Cardona Herreros tenía archivado en su computadora varios archivos de Excel con el detalle de los «gastos» que efectuó para el exgobernador. Allí, en aquella oportunidad, se leyeron una serie de correos electrónicos y planillas de cálculos en los que Cardona Herreros habría llevado una puntillosa contabilidad de los gastos que costeaba a Urribarri y a su familia, incluidos viajes al Caribe, a Cuba y a Venecia, y hasta el pago de su teléfono celular.
En los mails que intercambiaba Cardona Herrero con Urribarri se demostraría que entre ambos había una relación sobradamente estrecha que excedía lo protocolar.
«Estimado Pato: Aprovecho para saludarte y preguntarte qué hacemos con los temas en cartera. No sé cómo seguir», dice un correo electrónico que el empresario envió al exgobernador. «Me gustaría saber si estás enojado conmigo. Necesito hablar con vos», rogaba en otro. «Tengo que cerrar números con vos», urgía un tercero.
Revelaciones
La audiencia de 2019, que se reeditó este martes 12 de marzo, sirvió para ventilar una serie de datos que dan cuenta del estado de sospecha en el que la Procuración ha puesto el crecimiento patrimonial del exgobernador Urribarri, el modo cómo una empresa contratada por el Estado entrerriano entre 2007 y 2014 financió actividades privadas del extitular del Ejecutivo y su familia, y en qué medida Relevamientos Catastrales se hizo de jugosos contratos mediante el pago de coimas a funcionarios provinciales.
El fiscal Badano se ocupó de explicar por qué la Procuración considera una prueba relevante esas computadoras para la investigación de dos causas por corrupción que involucran a Urribari: una por enriquecimiento ilícito y otra por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, en las dos involucrado Cardona Herreros. En uno de los equipos, están peritando 134 mil correos electrónicos; en otra, 55 mil.
El fiscal relató que la causa por enriquecimiento que se abrió a Urribarri en 2015 incorporó a un empresario que resultaría clave en su “desproporcionado” crecimiento patrimonial: Cardona Herreros. Y para eso se basó en un informe pericial del contador Héctor Enrique que demuestra de qué modo la incorporación de un patrimonio de 11 millones de dólares a los bienes del exgobernador sólo pudo ser posible con la participación del empresario de origen paraguayo. “Urribarri utilizó la infraestructura de Cardona Hereros para su crecimiento patrimonial. Este dinero que incorporó a su patrimonio, además, no encuentra registro en ningún organismo oficial. No está en la ATER ni en la AFIP, ni en ninguna declaración jurada. Hemos podido determinar que Cardona Herreros compraba vehículos para la familia Urribarri, le compraba viajes al Caribe, para que viajen el exgobernador y su familia. También está la compra de muebles. Y de todas estas operaciones no existe registro en otro lado que no sea en las computadoras de Cardona Herreros que secuestramos”, afirmó.
“La única manera de registrar esos movimientos era en las computadoras de Relevamientos Catastrales y de Cardona Herreros. Se valían de planillas de Excel, el envío de mail entre ellos, vinculados a inmuebles, viajes y muebles. Urribarri utilizó la estructura de Cardona Herreros por medio de Relevamientos Catastrales. En la empresa, cuando allanamos descubrimos que tenía cajas fuertes y equipos informáticos para poder administrar este dinero”, señaló el fiscal. “También hay datos de eso en la computadora secuestrada en el domicilio de Cardona Herreros”, apuntó.
Según Badano, las computadoras resultan una “pieza fundamental” porque registraron “las operaciones que no están asentadas en ningún lado”.
En una de las computadoras secuestradas, la de la empleada Laura Suárez, de Relevamientos Catastrales, la Fiscalía halló datos sobre “la compra de pasajes en Aerolíneas y en Austral a nombre de Urribarri, y sus hijos Mauro y Franco. Está hasta el detalle de los precios. Encontramos detalles de pagos a nombre de SDU, esto es Sergio Daniel Urribarri. También operaciones de cambio de pasajes a nombre de Bruno Urribarri; el pago de departamentos, con cuotas en dólares y hasta pagos a la empresa Kriptak Inc, de la familia Urribarri”.
En forma aleatoria, el fiscal Badano fue leyendo en la audiencia de Tribunales copia de la documentación encontrada en las computadoras secuestradas en la casa de Cardona Herreros y en las oficinas de su empresa. “Se encontró el dato del pago del teléfono celular de Urribarri, que lo hacía Cardona Herreros. También los gastos de un viaje a Venecia”, afirmó. Luego, leyó los datos de información encontrada en la computadora personal de Cardona Herreros: allí se dio con registros de la compra de un “voucher” de un tour por La Habana a nombre del exministro de Gobierno, Mauro Urribarri. También, los gastos pagados por un viaje a Madrid del exgobernador y su esposa, Ana Lía Aguilera.
También, el registro de un viaje de la familia Urribarri a Miami.
Coimas
Badano planteó la hipótesis de la Fiscalía respecto a que esas computadoras secuestradas no sólo fueron instrumento del delito en la causa por enriquecimiento ilícito, sino en otra investigación que salpica al exgobernador: por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, un tecnicismo judicial para referirse al pago de coimas.
Esa causa, dijo, investiga de qué modo a partir de 2007, cuando Urribarri era ministro de Gobierno del exgobernador Jorge Busti, y luego durante sus dos gestiones como titular del Poder Ejecutivo, “como el fin de generar un núcleo ilícito, favoreció a Relevamientos Catastrales”. Lo hizo mediante maniobras para favorecer que esa firma lograra quedarse con las distintas licitaciones para la adquisición de software en la provincia. La imputación dice que Urribarri realizó “acuerdos con Cardona Herreros, y ordenó a funcionarios que aportaran información anticipada, y que gestionaran la contratación a favor de Cardona Herreros”. En esas maniobras, dijo, hubo cobro de sobreprecios que sirvieron, después, para el pago de sobornos a funcionarios.
En esa causa la investigación apunta a la participación de una serie de funcionarios, entre los que están el exministro de Economía, Diego Valiero; el titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el exsecretario de Hacienda, José Humberto Flores; y el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone.
Con el aval de Urribarri, Cardona logró contratos importantes en el Estado entrerriano: primero, con el Ministerio de Trabajo, en tiempos de Smaldone, por $19 millones, para la instrumentación de un software. A través del decreto N° 20, de enero de 2014, se contrató la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” para la cartera a su cargo. El acuerdo finalizará en el 2016 y tiene un costo mensual de 550.000 pesos.
Después formalizó un convenio con el Ministerio de Economía liderado por Diego Valiero. Fue por $7.833.600, según el decreto 788/15, por la prestación de un servicio de “soporte técnico operativo y de mantenimiento de software” en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía.
En el Boletín Oficial de Entre Ríos, de fecha 6 de junio de 2012, se encuentra el decreto Nº 482 del 29 de diciembre de 2011, con el cual el entonces gobernador Sergio Urribarri y su entonces ministro de Economía, Diego Valiero, aprobaron el contrato de Relevamientos Catastrales SA para que brinde “un servicio de soporte técnico, operativo y de mantenimiento de software, por un período de dieciocho (18) meses, con opción a prórroga a favor del Estado por dieciocho (18) meses más, con destino a las Direcciones Generales de Ajustes y Liquidaciones y de Informática”. Por ese servicio se le pagó un importe mensual de ochenta mil novecientos (u$s 80.900) dólares, y “un importe total por dieciocho (18) meses de dólares estadounidenses un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos (u$s 1.456.200), por cumplir con los pliegos y resultar el precio cotizado conveniente a los intereses del Estado”.
En enero de 2014, el entonces ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, contrató a la misma empresa para la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” por un plazo de 3 años, a un precio mensual de $ 550.000. El monto total que se le pagó fue de $19.800.000.
El 21 de diciembre de 2015, el periodista y director de la revista Análisis, Daniel Enz, reveló que ese año el entonces gobernador Sergio Urribarri le adjudicó a Relevamientos Catastrales SA un contrato anual por $7.833.600 por la prestación de un servicio de soporte técnico operativo y de mantenimiento de software en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía.
En esa publicación, Enz dio más datos sobre el empresario detrás de la empresa (y empresas) contratadas por Urribarri. Precisó que al firma tiene sede en Capital Federal, y estaba presidida por el empresario Diego Armando Cardona Herreros que “es amigo personal de Urribarri (hay quienes lo vinculan a ambos con la pasión por el fútbol y algunos negocios relacionados a ello) y a su alrededor giran por lo menos diez empresas que, en su mayoría, tienen el mismo domicilio: avenida Córdoba 1184, piso 4, en Capital Federal y, por lo general, se dedican a tareas de consultoría. Entre ellas aparecen TPI Invest SA; Organización Mesopotámica de Asesoramiento y Servicios; Economía y Regiones SA; Sistemas, Administraciones y Consultorías; Macadel SA; Novopharma SRL; Relevamientos fiscales SA; Mandatos y gestiones SA; Lemondata SA y Relevamientos Catastrales SA”.
