La Justicia ordenó al Consejo General de Educación (CGE) pagar un mes de sueldo a una empleada a quien se le negó el salario con el argumento de que había sido dejada cesante en el marco de un sumario administrativo. La trabajadora admitió que conocía la existencia del sumario pero negó haber sido notificada de forma fehaciente de que había sido despedida como consecuencia de esa investigación administrativa.
En primera instancia, la titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Paraná, Elena Albornoz, le dio la razón a la docente que, antes de acceder a la jubilación, se desempeñó en la Escuela de Educación Especial Celia Montoya. El Consejo de Educación y la Fiscalía de Estado apelaron esa resolución y acudieron al Superior Tribunal de Justicia (STJ), que confirmó lo resuelto por la magistrada.
El 14 de octubre último, la jueza Albornoz hizo lugar a la acción de ejecución interpuesta por Sandra Mariela Arener, con el patrocinio del abogado Federico Fenés, contra el Consejo de Educación y ordenó que en el plazo de diez días hábiles administrativos “efectivice la percepción por el actora del salario correspondiente al mes de setiembre del corriente año, debiendo comunicar su cumplimiento a este organismo”.
El 3 de octubre, Arener promovió acción de ejecución contra el CGE para que la Justicia ordene al organismo pagarle el salario correspondiente al mes de septiembre, “que le corresponde como empleada de la Escuela de Educación Integral N°21 Celia Ortiz de Montoya de la ciudad de Paraná”. En esa institución escolar desempeñó funciones hasta el 30 de setiembre de 2025 , fecha en la cual se acogió al beneficio de la jubilación, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones mediante resolución N° 4.409 del 14 de julio de 2025.
En su presentación, admitió que fue sometida a un sumario administrativo, sin que el mismo le haya generado modificaciones en su situación de revista, y que estaba en desconocimiento de cuál había sido la suerte de ese sumario.
A través de la resolución Nº 2.309, del 16 de junio de 2022, el Consejo e Educación dispuso la instrucción de un sumario administrativo a una empleada de servicios auxiliares de la Escuela Primaria N° 3 Bernardino Rivadavia, de Paraná, que cumplía funciones en la Dirección Departamental de Escuelas. Le reprocharon a esa trabajadora haber percibido fondos en forma indebida. Como Arener se desempeñaba como jefa de la División Contabilidad, Registros Operativos y Pago de Haberes de la Departamental también fue sometida a sumario por no haber efectuado el control y rendición de fondos a su cargo y/o haber facilitado el cobro indebido.
