Los diputados nacionales por Entre Ríos, Gustavo Bordet y Blanca Osuna cuestionaron el Presupuesto 2026. Alertan sobre los fondos que perderá Entre Ríos con la reforma laboral
Durante la sesión en la Cámara de Diputados en la que se debatió el Presupuesto Nacional, el diputado nacional y exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, expresó su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional y fundamentó la posición de su bloque, que presentó un dictamen alternativo. Por su parte Blanca Osuna advirtió que se profundiza un ajuste regresivo que avanza sobre los sectores más débiles de la sociedad: estudiantes, jubilados, mujeres, niñas y niños, y personas con discapacidad.
Bordet cuestionó la idea de una supuesta “batalla cultural” para alcanzar el equilibrio fiscal y recordó su experiencia como gobernador durante ocho años: “Quienes hemos tenido responsabilidades de gobierno sabemos que el equilibrio fiscal no es una consigna, sino una construcción. En Entre Ríos fue una de mis principales preocupaciones y, al finalizar mi gestión, dejé las cuentas de la provincia en perfecto orden fiscal y financiero”.
En ese sentido, señaló que el problema de fondo no es el equilibrio fiscal en sí, sino cómo se construye el presupuesto, y remarcó dos variables centrales: los ingresos y la asignación de los recursos.
Sobre la primera, advirtió que el Gobierno nacional ha resignado ingresos “para favorecer a los sectores más concentrados del poder económico, en detrimento de la clase media y de los sectores más vulnerables”.
Respecto de la asignación de recursos, Bordet sostuvo que el Presupuesto marca una senda regresiva y de ajuste de cara a 2026, con prioridades que no responden a las necesidades de la mayoría de los argentinos.
“Para este gobierno las prioridades son la seguridad interior y los servicios de inteligencia, mientras no lo son nuestros jubilados, las personas con discapacidad —cuya emergencia se deroga— ni la educación, que atraviesa una profunda crisis, especialmente en las escuelas técnicas y agrotécnicas”, afirmó.
También alertó sobre la paralización de la obra pública en las provincias, mencionando rutas abandonadas, viviendas discontinuadas y problemas de hacinamiento y calidad ambiental que impactan directamente en la vida cotidiana de la población.
“El debate de fondo es qué presupuesto queremos. Desde nuestro bloque queremos un presupuesto, por eso presentamos un dictamen alternativo que contempla estas variables y asigna recursos para vivir en un país con valores federales y con respeto por todas las personas, independientemente de su condición”, subrayó.
Finalmente, Bordet se refirió a la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y advirtió sobre una contradicción grave: “Entre Ríos recibirá 20.000 millones de pesos en ATN, pero al mismo tiempo en el Senado se debate una reforma laboral que modifica el impuesto a las ganancias para sociedades. Si se aprueba, nuestra provincia perderá 80.000 millones de pesos en 2026. Es incomprensible”.
Por todo ello, el diputado explicó por qué no acompañó el proyecto de Presupuesto del Gobierno nacional y reiteró el compromiso de su bloque con un modelo de país que respete el federalismo, la equidad y los derechos de quienes habitan la República Argentina.
“Los más débiles no deben ser las víctimas del ajuste de Milei y Frigerio”
En tanto la diputada Blanca Osuna cuestionó con dureza el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el gobierno nacional y advirtió que profundiza un ajuste regresivo que avanza sobre los sectores más débiles de la sociedad: estudiantes, jubilados, mujeres, niñas y niños, y personas con discapacidad.
Osuna señaló que el presupuesto recorta derechos y desfinancia políticas públicas esenciales, y convocó a los diputados entrerrianos que anticiparon su voto a favor del proyecto a “recorrer las escuelas técnicas ubicadas en distintas ciudades de Entre Ríos y dar la cara frente a estudiantes y docentes”, destacando que, pese al ajuste, existen experiencias concretas que muestran capacidad de innovación, compromiso y trabajo en instituciones educativas que resisten el abandono.
En ese sentido, puso especial énfasis en la situación de la educación técnica, al advertir que el proyecto avanza sobre los mecanismos de financiamiento que la sostienen y pone en riesgo a miles de escuelas que forman jóvenes para el trabajo y el desarrollo productivo del país.
Asimismo, la diputada sostuvo que “no se puede sostener al estado con aportes mínimos de los más poderosos y despojando a los más débiles en beneficio del sector financiero y de la especulación”, y cuestionó el rumbo económico y social del gobierno nacional.
Finalmente, Osuna planteó la necesidad de avanzar en una modificación del Código Penal a fin de incorporar un agravante en la configuración del delito previsto en el Título XI, “Delitos contra la Administración Pública”, Capítulo IV, vinculado al incumplimiento del funcionamiento de la administración pública. En ese marco, recordó que agravar las penas que establecen los artículos 248 y 249 ya servirá para quienes incumplen sus deberes y “quienes hoy votan en contra de la salud, la educación, los trabajadores y las necesidades del pueblo respondan ante la ley”. Y afirmó que la historia demuestra que “los pueblos no se suicidan” y se movilizan en defensa propia. Más temprano que tarde, la justicia debe cumplir el rol que le corresponde.
