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«La amenaza constante y, en algunos casos, explícita, de recusaciones, procesos de jury o de juicio político, o aún, de denuncias penales contra miembros de la Magistratura y de los Ministerios Públicos, de cualquier instancia, ubica al Poder Judicial en su conjunto en un entorno en extremo hostil que no puede ser tolerado por ningún funcionario ni poder estatal, toda vez que defender la integridad y la independencia del Poder Judicial
es esencial para proteger el Estado de derecho y fortalecer las bases de nuestra democracia».
De ese modo, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos reccionó de modo enfático ante la presentación hecha ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, por uno de los imputados en la causa por supuesto pago de sobreprecios en una obra de pavimentación y en la que está involucrado también el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, esposo de la senadora provincial Patricia Díaz (PJ), a su vez presidenta del Jurado de Enjuiciamiento. El rechazo de la Magistratura también alcanza a los pedidos de recusación a los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Gisela Schumacher y Miguel Giorgio impulsados por la defensa del exgobernador Sergio Urribarri, quien tramita una queja ante la Sala Penal por su condena a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio.
Tal como se había anticipado , la Asociación de la Magistratura salió a condenar fuertemente ese accionar contra miembros del Poder Judicial que tramitan causa por corrupción. «El Dr. Carballo ha sido denunciado dos veces ante el Jurado de Enjuiciamiento, en el marco de esa misma causa -la vez anterior, por el Dr. Guillermo Reggiardo, abogado personal y familiar del Sr. Rossi y de la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, la senadora Patricia Diaz-, lo que se revelaría no solo como una represalia hacia su persona, sino también como una inadmisible e indebida presión hacia aquellos/as funcionarios/as judiciales y/o de los Ministerios Públicos que intervengan o hayan intervenido en la misma causa, que hoy se está juzgando en los tribunales de La Paz. Por tal razón, en nombre del colectivo que representamos -integrantes de la magistratura judicial y de los ministerios públicos- rechazamos cualquier condicionamiento o amenaza a nuestra independencia y función, toda vez que tienen como objetivo socavar la confianza en el sistema judicial y en sus
integrantes».
La denuncia al juez Carballo se relaciona con la tramitación de una causa penal contra el intendente de Santa Elena que se inició en 2016 a partir de una denuncia de su concuñado y exintendente, Silvio Moreyra. El Ministerio Público Fiscal pidió en 2020 la remisión de la causa a juicio oral. En su acusación, Fiscalía señaló que durante la gestión Rossi, el Municipio de Santa Elena pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de una 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado era $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.
Pero los empresarios quedaron al margen del proceso. En marzo de 2022, el juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, otorgó la probation o suspensión de juicio a prueba al empresario de la firma L&C Construcciones, Néstor Juan Szczech, y al ingeniero y apoderado de la empresa, Carlos Alberto Lescano.
Pero Rossi y sus funcionarios siguieron ligados a la causa penal.
María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez, falleció mientras transcurría la investigación.
Justamente, Menéndez presentó la denuncia al juez Carballo ante el Jurado de Enjuiciamiento por haber otorgado la probation a los empresarios.
A esa denuncia se sumó el planteo recusatorio formulado contra dos vocales de la Sala Penal del STJ que tramitan una queja del exgobernador Sergio Urribarri en el marco del megajuicio.
Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, integrado por José María Chemez -hoy jubilado-, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón. Ese fallo fue refrendado en 2023 por la Cámara de Casación Penal de Paraná, que además denegó una impugnación extraordinaria a la defensa del exgobernador para llegar a la Sala Penal del STJ; así, la vía que quedó fue la de la queja. En el círculo de Urribarri tendrían la certeza de que esa queja sería rechazada por 2 votos a 1: Schumacher y Giorgio votarían por denegarle la vía; en cambio, el veterano Germán Carlomagno lo haría por hacerle lugar.
Urribarri se anotició que de modo irregular se habrían ventilado en forma anticipada dos de los votos de la Sala Penal, de los vocales Schumacher y Giorgio, que se inclinarían por el rechazo a la queja. En ese caso, el exgobernador quedaría a un paso de la cárcel: si el STJ rechaza el recurso extraordinario federal, luego de confirmar el revés a la queja, se haría efectiva la condena a 8 años de prisión.
Ahora en el escrito de recusación a los jueces Schumacher y Giorgio, Cappa -que trabajó a la par con Burlando en su redacción- reseña que el miércoles 27 de marzo, «siendo las 11:30 hs me llama el exgobernador Urribarri para informarme que hacía unos minutos le había llegado a su poder, la información (…) donde se advierte que se ha filtrado el voto del Dr. Giorgio, de manera negativa, es decir rechazando el recurso de queja impetrado por Urribarri y otros imputados, solicitándome en dicho momento que lo asista en esta instancia procesal».
Luego, apunta en el escrito: «Cuando empieza a navegar por las redes, también encuentra un video de la página de Facebook de radio La Voz (…) adonde el periodista Rubén Almará manifiesta (…)¨Él ya sabe que la Vocal Gisela Schumacher votaría en el mismo sentido que el Dr. Giorgio, y que Urribarri dentro de los 10 días siguientes estaría en el Penal de Paraná, empezando a cumplir su condena”.
Urribarri presenta como «testigos» de su aseveración al propio Fernando Burlando, y a los miembros de su equipo, Martín Leguizamón y Germán Francone, quienes «se anoticiaron de igual manera hoy por la mañana, a través de diversas fuentes periodísticas de la negativa del Vocal Giorgio como Schumacher en esta causa». Además, sumaría como testigo a Mariano Tedeschi, quien aportaría «el testimonio de la enemistad manifiesta respecto del Vocal Giorgio con Urribarri».
