En la Argentina, la casta política ha demostrado a lo largo de la historia un instinto depredador que se activa cada vez que percibe debilidad en el poder de turno. Es un apetito destituyente que se alimenta del desgaste, de la parálisis y de la erosión sistemática de la gobernabilidad. Esa lógica no es nueva: hunde sus raíces en las peores prácticas de nuestra vida institucional.
Basta recordar que el país atravesó seis golpes de Estado militares entre 1930 y 1976, con la complicidad de sectores políticos, empresariales y sindicales que preferían dinamitar gobiernos antes que negociar acuerdos. Ese ADN de “oler sangre” nunca desapareció: mutó y se recicló en prácticas destituyentes dentro de la democracia.
En 1989, la hiperinflación y la implosión del alfonsinismo mostraron cómo la política fue incapaz de sostener al primer gobierno democrático tras la dictadura. En 2001, la voracidad del sistema político se combinó con el descalabro económico para hacer caer a Fernando de la Rúa en un escenario de anarquía institucional que todavía resuena en la memoria colectiva.
Curiosamente, cuando gobernó Alberto Fernández —un presidente débil, contradictorio y carente de liderazgo— la casta no activó sus reflejos destituyentes. ¿Por qué? Porque el poder real permanecía bajo control del peronismo y de Cristina Fernández de Kirchner, que contuvo cualquier intento de fractura terminal. El doble estándar es evidente: si el gobierno es propio, se tolera hasta el absurdo; si es ajeno, se lo cercena con cuchillo y tenedor.
Ese apetito insaciable es funcional a la lógica de la casta: la inestabilidad abre la puerta a negociaciones por debajo de la mesa, al reparto de cajas, al canje de favores. En otras palabras, el caos no es sólo un efecto colateral, sino también un recurso para sostener privilegios.
Por eso urge discutir mecanismos institucionales más firmes. La democracia no puede ser rehén de la voracidad descontrolada de quienes, en nombre del “control republicano”, operan con la misma lógica que ayer usaban los golpes militares. Ser oposición no equivale a conspirar. La oposición es necesaria; el destituyentismo, letal.
Argentina necesita leyes y marcos regulatorios que sancionen la irresponsabilidad institucional de quienes, sistemáticamente, trabajan para dinamitar la gobernabilidad. Porque la democracia no se defiende solo con elecciones cada dos o cuatro años: se defiende también evitando que la política viva permanentemente de la sangre que derrama el adversario.
AM para Análisis Litoral https://www.analisislitoral.com.ar/
