La Gerencia de Aduanas de Paraguay tomó la resolución luego de un juicio administrativo. Si no hay apelación, los USD 200 mil y la Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaba el ex senador pasarán a ser propiedad del Estado. En tanto, el gobernador Rogelio Frigerio ordenó investigar qué ocurrió durante la grabación en la que se ve al detenido contando plata en la Casa de Gobierno
Los 211 mil dólares, guaraníes y pesos argentinos sin declarar con los que Edgardo Kueider intentó ingresar a Paraguay habían sido incautados. Lo mismo ocurrió con su camioneta. Ahora, ambos bienes fueron decomisados.
Kueider fue detenido en la cabecera guaraní del Puente de la Amistad el 4 de diciembre del año pasado. Intentaba ingresar desde Brasil con los dólares en una mochila. Por esa acción lo acusan en Paraguay de contrabando. Además, tiene abierta otra causa por lavado de dinero. Está referida a la maniobra de su secretaria Iara Guinsel de comprar departamentos al contado en Asunción, lo que disparó las alertas por el origen de los fondos.
Juan Olmedo, gerente de Aduanas del vecino país, explicó que el procedimiento cuando se detecta el ingreso de dinero sin declarar dicta que, en primer lugar, tiene que hacerse un juicio administrativo. Se respetan todas las garantías del debido proceso y el derecho de defensa de los implicados, aclaró.
En la primera instancia del juicio sumarial, que concluyó el lunes pasado, se dictó la sentencia de decomiso. La decisión correspondió a la Gerencia de Aduanas, explicó el funcionario. Se tuvieron en cuenta las pruebas que aportó la acusación, a cargo del Estado guaraní, y la defensa de Kueider y Guinsel. Los implicados centraron su caso en aspectos formales que fueron descartados.
“La Gerencia de Aduanas ha dictado una sanción. Se determinó que el hecho está definido como una infracción aduanera. En función de eso, se sancionó a las personas involucradas y se dispuso el decomiso de estas mercaderías. Así se considera en Paraguay al dinero en efectivo”, detalló Olmedo en una entrevista con el programa GPS, de Canal Once de Paraná.
Según la legislación paraguaya, Kueider habría tenido que declarar que ingresaba al país con más de 10 mil dólares. No lo hizo. La requisa encontró en su mochila un monto significativamente mayor.
“En esta primera instancia se ha constatado el incumplimiento de la norma”, agregó el funcionario de Aduanas. Kueider y Guinsel tienen 5 días hábiles para pedir una reconsideración de la medida. El plazo vencerá el lunes de la semana próxima a las 9. Si no se interpone, el dinero y la camioneta pasarán a propiedad del Estado paraguayo. El vehículo tendría destino de remate, destacó Olmedo.
La Chevrolet Trailblazer negra en la que se trasladaban Kueider y Guinsel estaba a nombre de Daniel González, alias “Gonzalito” o “Pajarito”. Este sería un prestanombre que fungía de socio del ex senador en la firma Betail SA. La sociedad se habría montado para actuar de pantalla de las maniobras de enriquecimiento ilícito, según estima la Justicia.
En tanto, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dispuso la apertura de una información sumaria en el ámbito de la Secretaría General de la Gobernación. El objetivo es investigar posibles irregularidades administrativas detectadas en registros audiovisuales correspondientes a los años 2018 y 2019. En las mismas, se lo ve al ex senador contando dinero en la Casa de Gobierno provincial.
La medida contenida en el decreto 47/2025, tiene carácter estrictamente administrativo. Se tramitará en forma independiente de las actuaciones judiciales en curso. La finalidad será establecer responsabilidades, promover las sanciones que pudieran corresponder y resguardar los principios de transparencia, legalidad y ética pública que deben regir el accionar estatal, incluyendo acciones de recupero en caso de ser necesarias.
El Poder Ejecutivo encomendó a la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado la realización de la investigación. Para ello, la facultó a requerir la colaboración de la Contaduría General, el Tribunal de Cuentas y otros organismos provinciales que resulten pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.
El diario Infobae entró a las oficinas que ocupó el ex senador nacional cuando era funcionario en Entre Ríos. Ambos despachos se conectaban y tenían acceso exclusivo.
Entre el lugar en el que Edgardo Kueider realizó todas las operaciones con dinero en efectivo que están registradas en los videos que tiene en su poder la jueza Federal Sandra Arroyo Salgado y la oficina donde trabajaba todos los días el ex gobernador Gustavo Bordet hay apenas unos pasos. Así lo pudo registrar Infobae a través de una filmación que acompaña esta nota.
Entre el lugar en el que Edgardo Kueider realizó todas las operaciones con dinero en efectivo que están registradas en los videos que tiene en su poder la jueza Federal Sandra Arroyo Salgado y la oficina donde trabajaba todos los días el ex gobernador Gustavo Bordet hay apenas unos pasos. Así lo pudo registrar Infobae a través de una filmación que acompaña esta nota.
La secretaría General de Entre Ríos y el despacho de la gobernación se comunican a través de un pasillo interno. A ese lugar se puede acceder desde la calle en forma directa por un ascensor exclusivo que solo el secretario General y el gobernador están autorizados a utilizar. El elevador está ubicado junto a la entrada a Casa de Gobierno que da sobre calle Córdoba. La guardia policial del acceso es estricta: solo personal autorizado. Cruzando la calle en línea recta está el garaje oficial donde Kueider y Bordet bajaban de los autos del Gobierno en los que se trasladaban. Ambos podían entrar y salir del edificio con la máxima discreción.
La oficina que ocupó Kueider entre finales de 2015 y los últimos días de 2019 está en el primer piso de la sede gubernamental. Se ve algo distinta a lo que se observa en los videos que tiene la jueza Federal de San Isidro, que investiga al ex senador nacional por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Las cámaras que registraron los movimientos de efectivo de Kueider fueron retiradas. Ahora hay sensores de alarma.
Edgardo Kueider junto a Gustavo Bordet y Alberto Fernández
Para llegar hasta la dependencia hay que superar un primer control de seguridad ubicado en la intersección del pasillo que une de forma perpendicular el centro de la Casa de Gobierno con el que está enfrente de la secretaría General.
Se accede primero a una recepción. Su disposición es similar a la que tenía cuando se filmó el video que registró al empleado del Contable de la Gobernación, Gustavo Tortul, ingresando con una caja de resmas de papel que en su interior tenía paquetes con fajos de dinero.
Tras superar una puerta de vidrio que solo se abre desde el interior, se ingresa a la dependencia que ofició de secretaría privada y administrativa de Kueider. En ese sitio se filmó otra escena de los videos: Tortul y Yamila Camps, asistente del ex secretario General, abrieron los paquetes de nylon oscuro y contaron los billetes que luego volvieron a colocar en la caja y metieron en la oficina de Kueider. Rita Machuca, imputada por la magistrada por su supuesta participación en la maniobra, también fue filmada allí, hablando por celular.
El ex senador manejaba dinero en la Casa de Gobierno de Entre Ríos
Hay dos hipótesis sobre el origen de ese dinero. Arroyo Salgado estima que pudo tratarse de plata de las coimas pagadas por gerentes de Securitas para quedarse con el contrato de seguridad privada de la empresa estatal entrerriana Enersa. En el entorno de Bordet aseguran que se trataba de recursos de gastos reservados que Kueider manejaba. Sumaron casi USD 500 mil entre 2018 y 2019. La actual administración de Rogelio Frigerio los eliminó a poco de asumir.
El avance de la investigación deberá dilucidar cuál es la acertada. Por lo pronto, este medio corroboró que el Banco de Entre Ríos, que tiene la exclusividad en el manejo de los fondos públicos provinciales, no entrega dinero en paquetes de nylon sino en fajos membretados y fechados. Los envoltorios en los que llegaron a la secretaría General, por tanto, debieron colocarse en otro momento. O provenían de un lugar que no era el agente financiero entrerriano.
Entre la privada de la secretaría General y el despacho de Kueider hay dos accesos. Uno directo y otro lateral. El único que se utilizó en los videos es el primero. La dependencia tiene forma de “L”. Hay una mesa de reunión, en la que Camps y Tórtul contaron dinero. Más adelante y hacia la izquierda está la ampliación donde el secretario General tenía su escritorio. Ahora hay dos. Mauricio Colello, que ocupa el cargo en el Gobierno de Frigerio, optó por otra oficina. Pero dejó a parte de su equipo allí.
El último tramo de la dependencia es el pasillo que lleva al ascensor que comunica a calle Córdoba. A la derecha se accede de manera inmediata al despacho del Gobernador. Un registro fílmico de octubre de 2018 mostró a Kueider ingresando a su oficina por ese pasillo. Llevaba una bolsa de papel madera. En su interior había dinero que contó antes de meter dentro del maletín de Sebastián Bordagaray, director de la Imprenta Oficial y hombre de su confianza.
De las personas que se ven en los videos, solo Machuca está imputada por haber sido administradora de los departamentos que Kueider compró en un edificio de lujo en Paraná y que puso a nombre de la empresa Betail. Infobae pudo establecer que hay al menos dos personas más que tomaron contacto con el dinero que están buscando asesoramiento legal para el caso de que sean citados al Juzgado Federal de San Isidro.
El líder de La Cámpora enfatizó que el Gobierno «no pone en valor el sacrificio del pueblo» y señaló que las medidas económicas benefician exclusivamente al FMI.
El diputado de Unión por la Patria y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, aseguró que el peronismo regresará al poder con el objetivo de recuperar a la Argentina. En sus declaraciones, el legislador cuestionó la gestión de Javier Milei y criticó su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Durante una entrevista en un canal de streaming de La Cámpora, Kirchner enfatizó que el Gobierno actual «no pone en valor el sacrificio del pueblo» y señaló que las medidas económicas adoptadas benefician exclusivamente al organismo internacional. «Se lo está entregando al FMI», afirmó.
Además, el dirigente peronista cuestionó el cambio de postura de Milei con respecto al Banco Central. «Dijo que lo iba a quemar y ahora asegura que la plata del FMI es para sanearlo», criticó. En ese contexto, también alertó sobre la falta de transparencia en el acuerdo con el organismo y advirtió que el documento firmado es «un cheque en blanco».
Críticas al acuerdo con el FMI
En relación con el Fondo Monetario Internacional, Kirchner subrayó que el organismo gasta más de 2.000 millones de dólares al mes en salarios, pero «no puede hacer un plan bueno ni sustentable» para Argentina. Además, manifestó que el FMI busca condicionar al Gobierno nacional.
«Nuestro país siempre se hizo cargo de sus deudas y siempre quiso pagarlas, pero ahora quieren que no lo haga para tenerlo constantemente apretado», remarcó. En este punto, también arremetió contra los legisladores que respaldaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que convalidó el acuerdo con el Fondo. «Antes decían que el Congreso funcionaba como una escribanía, pero ahora votan sin cuestionar», señaló.
Cuestionamientos a la Ley Bases y el RIGI
El líder de La Cámpora también se refirió a la reciente aprobación de la Ley Bases y al escándalo protagonizado por el exsenador Edgardo Kueider, quien fue hallado con 200.000 dólares en Paraguay. «La manera en que se aprobó la Ley Bases habla del estado de descomposición que hay en los tres poderes en Argentina», afirmó.
En la misma línea, cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que su aplicación generará graves consecuencias ambientales. «Buscan destruir nuestros ríos, mares, sierras, mesetas y montañas», advirtió.
El rol de Cristina Kirchner en el peronismo
Por último, el diputado hizo referencia a la figura de la ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista, Cristina Kirchner. «Tiene capacidad y voluntad. Invita a pensar a nuestro país desde otro lugar», concluyó.
Máximo Kirchner reafirmó su compromiso con la militancia y la reconstrucción del peronismo, apostando a un proyecto político que, según él, permita devolverle dignidad a los argentinos. En ese sentido, subrayó que el actual Gobierno está tomando decisiones que afectan a los sectores populares y que es necesario un cambio de rumbo. «Nosotros tenemos claro que la Argentina se saca adelante con trabajo, producción y justicia social», sentenció.
Tres mujeres y dos hombres aparecen en el video en el que se observa al exsenador nacional Edgardo Kueider contando fajos de dólares en el despacho de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos. Se trata de cinco ex funcionarios que cumplían distintos roles en la gestión de Gustavo Bordet. Una de las mujeres está detenida.
Edgardo Kueider fue designado secretario General de la Gobernación cuando Bordet asumió al frente del Poder Ejecutivo, en 2015, y entre sus amplias facultades logró el manejo de los fondos reservados.
En una denuncia que presentó por la existencia del video, el ex senador sostuvo que los dólares que manipula en las imágenes corresponden a esas partidas. Lo mismo dijo Bordet cuando fue consultado al respecto por la prensa.
Esos fondos, que no eran auditados ni debían rendirse, fueron suprimidos en febrero de 2024 mediante un decreto del gobernador Rogelio Frigerio. Luego, el mandatario envío un proyecto de ley que fue aprobado y ratificó la eliminación de estas partidas.
Durante su gestión, Bordet decidió no nombrar a nadie al frente del Ministerio de Cultura y Comunicación y, por decreto, puso a Kueider a cargo de esa cartera, lo que le dio al poderoso ex funcionario el control del millonario presupuesto de publicidad oficial.
Para manejar esos recursos, Kueider se apoyó en una de las mujeres que aparece en el video: Mariela del Carmen Teruel, secretaria de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos del Ministerio de Cultura y Comunicación.
Teruel es una funcionaria de carrera de amplia experiencia en la administración pública. Ingresó al Estado durante el último gobierno de Jorge Busti como secretaria privada de otro hombre emblema de la corrupción entrerriana: el ex secretario de Reforma del Estado y Control de Gestión, Oscar Pacha Mori.
Mori, que falleció en 2019, había sido condenado por fraude a la administración pública en 2006 por el desvío de dos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por casi un millón de dólares.
Tras la renuncia de Mori, en 1999 en medio del escándalo por los ATN, Teruel fue nombrada en la planta permanente de la entonces Dirección General de Información Pública, donde fue designada jefa del área Publicidad.
En 2011, cuando Pedro Báez asumió al frente de la cartera, Teruel se posicionó como una de las personas de confianza del entonces ministro, que también terminó condenado por corrupción a seis años de prisión que cumple actualmente en modalidad domiciliaria.
Con la llegada de Kueider al poder, Teruel una vez más logró ubicarse en el círculo íntimo del influyente funcionario. En los fragmentos de video que se filtraron aparece manipulando los fajos de dólares sentada junto al ex senador en el escritorio del despacho oficial
El video fue encontrado en un departamento de Kueider en el marco de un allanamiento ordenado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. En esa jurisdicción tramita una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex funcionario entrerriano.
El expediente es conexo con la causa Securitas, donde se investigan presuntos sobornos pagados a Enersa. No escapa a los investigadores el dato de que Teruel es esposa de Néstor Balcar, ex gerente de la distribuidora de energía que fue removido del cargo en medio del escándalo, y que Kueider figura en mensajes analizados en el marco de esa investigación.
Sobre el final de la gestión de Bordet, Teruel fue una de las funcionarias que logró el preciado pase a la Cámara de Diputados para engrosar sus haberes. Para concretar el trámite, renunció a su cargo de planta permanente en la Secretaría de Comunicación.
La llegada de Gustavo Hein a la presidencia del cuerpo legislativo y los controles que implementó derivaron en la anulación de numerosos nombramientos que fueron considerados irregulares. Entre ellos estaba el de Mariela Teruel.
Las gestiones del entorno de Bordet para que no quedara sin empleo no lograron dar marcha atrás con la anulación, pero sí consiguió volver a la Secretaría de Comunicación adonde había renunciado.
Los otros colaboradores
“Las filmaciones que Kueider conservó, por razones desconocidas, aunque presumiblemente para deshacerse de imágenes comprometedoras poco antes de dejar su cargo provincial, ilustran cómo aquel funcionario y su entorno disponían de importantes sumas de dinero en efectivo en el interior de oficinas gubernamentales. De esta manera, lo que también deja en absoluta evidencia es que parecía tratarse de una práctica habitual ejercida con naturalidad, en el interior de las oficinas de Kueider y sus colaboradores”, expresó en un escrito incluido en el expediente el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez.
Entre esos colaboradores, en el video que protagoniza Kueider se ve a un hombre que ingresa al despacho y al que el exsenador le entrega una bolsa en la que previamente colocó el dinero.
Según pudo determinar ANÁLISIS, es el especialista en informática Andrés Sebastián Bordagaray, quien trabajó en la Secretaria de Prensa de la Municipalidad de Concordia durante la intendencia de Bordet.
Sebastián Bordagaray, informático que dirigía la Imprenta Oficial.
En 2015 fue nombrado “programador” con cargo de funcionario Nivel 1 en una Oficina de Prensa y Ceremonial dependiente de la Secretaría de Comunicación de la provincia que se creó en Concordia.
En 2018, meses antes de las imágenes, Bordagaray se mudó a Paraná y asumió la dirección de la Imprenta Oficial.
En otro de los videos se ve la imagen de un hombre y una mujer alrededor de la mesa de reuniones de la oficina de Kueider. Ambos sacan bolsas negras con dinero de adentro de una caja, colocan los fajos en una mesa y se ponen a contarlo.
El hombre es el contador Gustavo Tórtul, quien fuera designado director de Administración de la Gobernación en 2011, a propuesta del entonces ministro de Gobierno, Adán Bahl, durante la segunda gestión de Sergio Urribarri.
Gustavo Tortul volvió a su cargo en el Tribunal de Cuentas.
Tórtul ocupó el cargo hasta el final de la gestión de Bordet y luego retornó a su puesto en el Tribunal de Cuentas. En el medio, estuvo imputado en el Megajuicio por su rol como coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre del Mercosur. El Ministerio Público Fiscal lo acusó de ser partícipe primario del desvío de fondos y le pidió una pena de tres años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero resultó absuelto en el juicio oral y público. También fue presidente del Club Paracao de Paraná.
La mujer es Rita Soledad Machuca, histórica colaboradora de Kueider procedente de Concordia, que lo acompaña desde su tarea como concejal a fines de los años ’90.
Al momento del video, Machuca estaba al frente de la Coordinación de Gestión Administrativa de la Secretaría General de la Gobernación. Según su decreto de designación, la tarea de Machuca era el “planeamiento, organización, coordinación y control de los procesos administrativos desarrollados en el ámbito de la repartición, asistiendo a su titular, administrando los recursos tecnológicos disponibles a fin de propender a la optimización de los procesos desarrollados, con el objeto de lograr de manera eficiente y eficaz los mandatos y objetivos establecidos”.
Machuca es una de las personas detenidas la semana pasada. Las fuerzas de seguridad primero la buscaron en Concordia, en un domicilio en barrio Nebel, y finalmente la localizaron en Paraná, donde fue apresada por personal de Gendarmería Nacional.
En el expediente que lleva adelante Arroyo Salgado, Machuca aparece como beneficiaria de un comodato firmado por el primo y testaferro de Kueider, Javier Rubel, también acusado de abuso sexual contra dos menores. En ese contrato se le concedía a Machuca uno de los departamentos que se adjudican a Kueider en el edificio de calle Santiago del Estero en Paraná.
La otra mujer que aparece en las escenas, de anteojos, es Yamila Evelyn Camps, secretaria privada de Kueider. En el video se la puede ver caminando por el despacho, trasladando en sus brazos una cantidad de fajos de dinero.
Camps es trabajadora social y durante la gestión de Bordet su nombre sonó para integrar la conducción del Copnaf, pero finalmente no logró su acceso al cargo.
En 2022 pasó a desempeñarse en la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Santa Fe, donde vieron con sorpresa su imagen en el video del escándalo.
El despacho en el que transcurren las escenas está en el lugar más jerarquizado de la Casa de Gobierno, a metros de la oficina de la Gobernación, con la cual se conecta mediante un pasillo interno.
Ambas dependencias comparten acceso a un ascensor exclusivo y el ingreso es verificado por la custodia gubernamental del Escuadrón Estrella. Están ubicadas en el ala del edificio que da a calle Córdoba.
En los últimos días, han aparecido carteles y declaraciones que recopilan una serie de hechos y decisiones atribuidas a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la Argentina. Este texto busca recoger dichas afirmaciones, contextualizarlas, y reflexionar sobre su impacto en la historia reciente del país.
“Cuanto más oscura es la noche, más cerca está el amanecer.” ULTIMO ALOCUTORIO DE LA EX PRESIDENTE
Acusaciones destacadas durante su gestión:
Negativa al traspaso de mando: Cristina Fernández fue la primera presidenta en no realizar el tradicional traspaso de mando al presidente entrante, Mauricio Macri, en 2015. Esto generó tensiones institucionales y marcó un precedente inédito en la democracia argentina.
Falta de conferencias de prensa: Durante sus dos mandatos, evitó conferencias de prensa con preguntas abiertas. Su comunicación se centró en discursos televisados y cadenas nacionales. Según un informe de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), esta práctica limitó la transparencia gubernamental.
Banco Central sin reservas: Al final de su mandato, se reportó que las reservas del Banco Central estaban en niveles críticos, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Economistas como José Luis Espert y Carlos Melconián señalaron que la situación financiera heredada complicó la gestión posterior.
Incremento patrimonial: En sus declaraciones juradas, se registró un incremento significativo de su patrimonio. Esto generó controversias y fue objeto de investigaciones judiciales, como la causa “Hotesur” y “Los Sauces”, que implican movimientos financieros sospechosos relacionados con sus empresas familiares.
Negocios hoteleros: Fue acusada de irregularidades en la explotación de hoteles familiares, donde se investigó la falta de registro de huéspedes y movimientos de dinero injustificados. Un informe de la UIF (Unidad de Información Financiera) reveló presuntas maniobras de lavado de activos.
Frases polémicas y confrontativas:
Comentarios como “la diabetes es una enfermedad de ricos” generaron rechazo en la opinión pública.
Durante una cadena nacional, llamó “caranchos” a jubilados que litigaban por ajustes de haberes.
Se refirió a los docentes diciendo: “¿De qué se quejan? Trabajan 4 horas y tienen 3 meses de vacaciones”. Estas declaraciones generaron indignación entre los sectores afectados.
Vetos y apelaciones contra jubilados: Vetó la ley del 82% móvil para jubilaciones y apeló numerosos fallos judiciales a través de la ANSES, lo que demoró pagos a los jubilados. En declaraciones del abogado previsionalista Eugenio Semino, estas decisiones afectaron a millones de adultos mayores.
Corrupción y figuras cercanas:
Lázaro Báez, empresario cercano al kirchnerismo, fue investigado por lavado de dinero y tenencia de más de 400 propiedades. En 2020, fue condenado a 12 años de prisión.
José López fue capturado en flagrancia intentando ocultar bolsos con millones de dólares. Este hecho se volvió emblemático de la corrupción kirchnerista.
El caso de la “Rosadita”, donde se pesaron enormes cantidades de dinero, quedó grabado y divulgado, comprometiendo a funcionarios y empresarios.
Caso Nisman: La muerte del fiscal Alberto Nisman, un día antes de presentar una denuncia contra la expresidenta por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, conmocionó al país y generó acusaciones sobre su posible responsabilidad indirecta. En su denuncia, Nisman apuntaba a un pacto con Irán que habría facilitado la impunidad de los acusados.
Planes sociales y destrucción de la cultura del trabajo: Durante su mandato, se incrementaron los planes sociales. Críticos como el politólogo Marcos Novaro sostienen que esto fomentó la dependencia al Estado en detrimento de la cultura del trabajo.
Uso de recursos públicos para fines personales: Se reportaron vuelos del avión presidencial para trasladar diarios a Santa Cruz y transportar a amigas de su hija a eventos personales. Esta información fue revelada por investigaciones periodísticas de La Nación y Clarín.
Falta de transparencia en el ejercicio del poder:
Informes de inteligencia no declarados, hallados en su residencia.
Patrimonio histórico, como cartas de San Martín, encontrados en su poder.
Se detectaron movimientos irregulares en sus cuentas bancarias, investigados por organismos internacionales.
Impacto político y social:
El período de gestión de Cristina Fernández estuvo marcado por polarización, enfrentamientos entre sectores de la sociedad y una visión confrontativa del poder. Si bien sus defensores destacan políticas como la Asignación Universal por Hijo y medidas de inclusión social, las denuncias de corrupción y abuso de poder dejaron una huella profunda.
En palabras de la analista política Beatriz Sarlo: “El kirchnerismo consolidó un estilo de liderazgo personalista y populista, donde las instituciones quedaron subordinadas a la figura presidencial”.
Reflexión final:
Independientemente de las posiciones políticas, resulta esencial mantener la memoria y el análisis crítico de la historia reciente para construir una democracia más transparente y equitativa. Las denuncias, tanto judiciales como sociales, deberían ser investigadas hasta sus últimas consecuencias, garantizando justicia y evitando la impunidad.
Viva la esperanza y los ideales de una Argentina unida y próspera.
Compra de departamentos con una empresa fachada, préstamos simulados para eludir a la AFIP, deudas ficticias, adquisición de vehículos a nombre de un tercero, balances adulterados y la utilización de estructuras societarias. Estas fueron las maniobras perpetradas por el ex senador Edgardo Kueider y su entorno para – según la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez, aumentar su patrimonio fuera de los radares de la Justicia y el fisco. Formaron parte de “un entramado de acciones” que tenían como fin dar apariencia lícita a un gran volumen de dinero de origen ilegal.
Así consta en una extensa resolución firmada por la magistrada, en la causa que tramita en los Tribunales de San Isidro, donde se investiga al ex legislador por Entre Ríos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La reconstrucción de esta operatoria fue lo que disparó, el jueves pasado, la detención de siete personas vinculadas a Kueider, entre los que había socios, prestanombres, una abogada y contadores que participaron de las maniobras.
Kueider se encuentra con prisión preventiva domiciliaria en Asunción desde que fue interceptado en diciembre pasado, tratando de ingresar a Paraguay más de USD 200.000 sin declarar, junto a Iara Guinsel Costa. La joven, que sería su actual pareja, había sido designada por el ex senador en su despacho en la Ciudad de de Buenos Aires como asesora, con la categoría más alta, pese a que no solía vérsela por el Senado. Arroyo Salgado pidió, a finales de 2024, la extradición de Kueider y de Guinsel Costa para que sean enviados detenidos al país e indagarlos. Pero Paraguay no accedió, hasta ahora, a la solicitud de la magistrada argentina. En ese país enfrenta un proceso por contrabando.
Uno de los detenidos el jueves fue el primo de Kueider, Javier Rubel, quien figuró como socio del ex legislador en Betail SA, una empresa fachada a través de la cual Kueider compró tres departamentos en la ciudad de Paraná y realizó movimientos de dinero que están siendo investigados por la Justicia. La vivienda en Concordia de Rubel, un maestro mayor de obras, fue allanada por Arroyo Salgado junto a otros seis operativos simultáneos en la Ciudad de Buenos y el Conurbano bonaerense.
Allanamiento el jueves en la vivienda de Javier Rubel, socio de Kueider, en Concordia.
Según la documentación oficial, Betail fue creada el 16 de diciembre de 2019, apenas 6 días después que Kueider asumiera como senador nacional. Su amigo Rodolfo Daniel González -empleado de la Biblioteca del Congreso – ingresó originalmente como presidente de la firma. Conocido como “Pajarito”, González fue otro de los detenidos el jueves, ya que la juez le revocó la exención de prisión que le había otorgado anteriormente, se indicó en un informe publicado en el portal de Infobae.
Para la Justicia, “ante su mayor exposición pública, (Kueider) requería de un instrumento societario para solapar la gestión de sus activos de origen ilícito obtenidos durante su función pública anterior. En efecto, el día 13 de diciembre Kueider recibe en su despacho a González y 3 días después éste comienza a presidir Betail”.
González fue asignado en comisión al despacho de Kueider, y días después, renunció como presidente de Betail. En la asamblea extraordinaria del 20 de enero de 2020, fue reemplazado en ese rol por Rubel, sin actividad comercial o empresarial conocida. Como director suplente, quedó el propio Kueider. “De sus balances y estados contables obtenidos en esta investigación, surge que (la empresa) nunca desarrolló actividad” y “no tuvo nunca estructura operativa” para desarrollar la actividad declarada: la venta al por mayor ganado bovino, se advierte en la resolución judicial.
Tal como reveló el portal de Infobae, como sede social de Betail figura el domicilio una casa familiar en venta, en la calle Ercilla 6288, en Liniers, deshabitada y en refacción.
La sede de Betail en Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires, pertenece a una familia y está en venta.
Los otros apresados a los que la Justicia federal identificó como integrantes de la “banda” de Kueider – por los que le cabría la figura de asociación ilícita – fueron la abogada Adriana Crucitta, socia de González en otra empresa y también empleada de la Biblioteca del Congreso, asignada al despacho de Kueider para cumplir funciones de “asesora”; los contadores José Carlos Nogueras y Ezequiel Bovetti; la empleada de ese estudio contable, Débora Ferreyra; y Gabriela Patricia Saint Pierre, quienes habrían participado de las maniobras de simulación de titularidad y falseamiento de datos societarios y financieros. También quedó detenida la ex secretaria de Kueider cuando era funcionario en Entre Ríos, Rita Machuca. Todos fueron llevados el viernes al Juzgado de la Arroyo Salgado para prestar declaración indagatoria.
Para el fiscal federal Domínguez, Kueider y los demás detenidos conformaron “una asociación ilícita para, mediante distintas maniobras, adquirir bienes inmuebles y vehículos, y colocar activos de origen ilícito en el sistema financiero local, desde el 1 de marzo de 2019 hasta el presente, con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal”. Hasta ahora, los delitos precedentes que se le imputan a Kueider son el cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público, se destacó en el portal de Infobae.
Según la acusación, las maniobras “configurarían el delito de lavado de activos doblemente agravado previsto y reprimido en el art. 303 inciso 2 a y b del Código Penal”. Este inciso prevé una pena aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, cuando el delito se cometiera “con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza”, y/o “cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones”. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres a diez años.
Las maniobras de presunto lavado
La Justicia corroboró que, para adquirir tres departamentos y dos cocheras en el edificio Live, sobre la calle Santiago del Estero 511 en la ciudad de Paraná, Kueider usó a Betail SA para no figurar directamente como titular. Para ello, contó “con el activo asesoramiento y respaldo del contador Nogueras, su socio Bovetti y la colaboración de Ferreyra”, para “simular actividades agropecuarias que (la firma) jamás desarrolló, ya que su real propósito era la conversión, aplicación y disimulación de activos de origen ilícito”.
Kuider en persona visitó los departamentos antes de comprarlos, incluso cuando estaban en construcción, según los testimonios de empleados de la administradora del fideicomiso Tejeiro-Santiago del Estero que construyó el edificio. Adquirió dos unidades de dos y tres ambientes en el 6to piso, y un semipiso en el 13, en el que vivió unos meses con Guinsel Costa.
Las operaciones inmobiliarias se realizaron entre marzo de 2021 y agosto de 2023, por la suma de, al menos, $41.149.659 (USD 152.106 a la época de la cancelación de los pagos). Los boletos de compra-venta fueron firmados por Rubel como presidente de Betail y los pagos fueron en efectivo. Para el fiscal Domínguez, Kueider “habría gestado esa estrategia” de la compra a través de Betail porque “nunca registró ingresos legales suficientes como para solventar dicha operación inmobiliaria en la modalidad expuesta”. De hecho, en el período investigado, solo tenía su sueldo de funcionario y, luego, de senador.
Kueider fue secretario general de la Gobernación durante el primer mandato de Gustavo Bordet en Entre Ríos.
Para los investigadores, Kueider “fue la persona que adquirió los departamentos y cocheras del edificio Live con fondos presumiblemente originados en hechos de corrupción funcional, contando con la estrecha colaboración de Rubel, González y Saint Pierre, en la configuración de la sociedad fantasma (Betail) que se instrumentó como pantalla, y de Nogueras, Ferreyra y Bovetti en el entramado de acciones para aparentar de que se trataba de una empresa real”.
Ante un requerimiento de la ex AFIP por inconsistencias de Betail SA en diciembre de 2022, Rubel y Ferreyra, como representantes de la empresa, alegaron la existencia de dos supuestos préstamos de dinero “con la intención de justificar parte del dinero ingresado en las cuentas bancarias” de la firma, lo que quedó reflejado en los balances que incluyeron datos falsos. Argumentaron que dichos préstamos habían sido gestionados para un proyecto destinado a la elaboración de fertilizantes que, al no concretarse, finalmente se aplicó para la adquisición de las propiedades. Así, “documentaron, falsamente, ante el organismo recaudador un préstamo de $3 millones concedido en noviembre de 2019 por Estructuras Financieras Regionales SA a González, entonces presidente de Betail”. Asimismo, también aportaron documentación para simular otro préstamo de $3.780.000 otorgado por esa misma firma a Rubel, un año después, en abril de 2020. falsearon datos de Betail SA, resaltó en el portal de Infobae.
Pero cuando la jueza convocó a declaración testimonial al presidente de esa empresa – un agente de liquidación y compensación registrado ante la CNV que se dedica a la intermediación de productos financieros -, Estructuras Financieras negó haber intervenido en el otorgamiento de un crédito a Betail. “El logo es nuestro, pero ese estilo de documento no nos pertenece. No hacíamos este tipo de operaciones”, sostuvo el titular de la firma ante la Justicia.
El edificio donde Kueider compró tres departamentos en Paraná, a través de una sociedad fachada.
Sobre el rol de otra de las detenidas, Machuca, la Justicia consideró que “cumplió la tarea de figurar como usufructuaria” de uno de los departamentos adquiridos por Kueider a través de un contrato de comodato de octubre de 2023, en donde Betail SA le cedía el semipiso del Piso 13 del edificio Live. La tarea de la ex secretaria de Kueider era gestionar la habilitación de los servicios básicos, de electricidad, gas y agua. Sin embargo, de acuerdo a la declaración del encargado, Machuca nunca vivió allí. “Ese documento se elaboró al solo efecto de otorgarle a este miembro de la organización un instrumento para gestionar los servicios de los departamentos y así evitar exponer a su verdadero titular”, consideró Arroyo Salgado.
Al menos a partir de junio de 2024, Guinsel Costa se presentó como titular de los inmuebles ante la administración del edificio. Era quien abonaba las expensas a través de transferencias bancarias desde una cuenta a su nombre, que era fondeada por Kueider, González y la firma Peninsular Sudamericana SAS, del González y su socia, Crucitta. A través de esta firma, también se pagaron – según detectó la Justicia federal del análisis de los celulares secuestrados – estadías en el Hotel Mayorazgo, un establecimiento cinco estrellas, de Paraná.
La compra de departamentos en esa ciudad entrerriana no fue la única operación bajo sospecha. El 17 de agosto de 2021, Kueider adquirió una camioneta Chevrolet Trailblazer por USD 31.180. Pero no lo hizo a su nombre sino en el de González quien figuró como el titular de la operación, con la colaboración del contador Nogueras. Ese vehículo contaba con cédulas que autorizaban a manejarlo al propio Kueider, a su entonces esposa Liliana Di Lello y a Guinsel Costa. En julio de 2024, Kueider compró otro vehículo, un Peugeot 208, por USD 19.700.
La camioneta de Kueider, que compró a nombre de su socio y amigo, González, y fue interceptada con más de USD 200.000 en efectivo al cruzar a Paraguay.
Entre las maniobras, también se detalla la introducción en el sistema bancario de $8.586.827 y USD 26.011 en cuentas abiertas por Betail, a través de sociedades comerciales ligadas a la organización como Nopor Servie SA, Lectus SA , Vía SNP Logística SA , Felsir Biotecnología SRL, y Vijusa Industrial Argentina, para “ocultar su procedencia ilícita”.
Otro de los ardides que identificó la Justicia fue la cesión de un boleto de compraventa y rescisión de un contrato de mutuo celebrado en diciembre de 2020 por $30.000.000 y USD 200.000 de González a Betail, que resultó ser falso. A la fecha de celebración de la supuesta cesión, la deuda ascendía a USD 430.325 y, a los efectos de cancelar el mutuo, hicieron la cesión de boletos de compraventa de las unidades del edificio Live en Paraná, que “en rigor corresponden al patrimonio personal de Kueider”.
El origen de dinero
La investigación por enriquecimiento y lavado de dinero que lleva la jueza Arroyo Salgado contra Kueider es conexa con otra causa anterior que tramita en el mismo Juzgado de San Isidro, en la que también está siendo investigado el ex senador, conocida como “Securitas”, por el nombre de la empresa de seguridad privada. En este expediente, la propia empresa se autodenunció y contó que ex directivos – hoy todos procesados por Arroyo Salgado, con confirmación de la Cámara Federal de San Martín, – hicieron pagos ilegales entre principios de 2017 a abril de 2019 a funcionarios de la empresa de energía entrerriana ENERSA, para mantener u obtener los contratos de seguridad y vigilancia privada en organismos oficiales.
Para la jueza y el fiscal Domínguez, “hay fundadas sospechas de que los fondos convertidos y colocados por la asociación investigada (en referencia a Kueider y su entorno) son de procedencia espuria”, y que “en virtud de la tipología de maniobras realizadas y sus fechas de concreción”, habría “una directa vinculación con los pagos indebidos” realizados los ex directivos de Securitas.
Captura de un de los videos donde se ve a Kueider contando billetes en la Casa de Gobierno de Entre Ríos.
En ese sentido, advirtieron que, al menos entre el 28 de abril de 2017 y el 29 de abril de 2019, en su carácter de secretario general de la gobernación de la Provincia de Entre Ríos, Kueider “era, por mandato del gobernador Bordet, el representante de las acciones pertenecientes a dicha en ENERSA, y habría mantenido contactos con los imputados Marcelo Javier Tortul y Claudio Raúl Tortul”. Estos son empresarios entrerrianos que construyeron el edificio Live, en el cual poseen varias de sus unidades y son vecinos de Kueider, en el Piso 13.
Arroyo Salgado y Domínguez consideraron una prueba clave los videos que muestran cómo Kueider, siendo un funcionario con un alto cargo durante el mandato del peronista Gustavo Bordet, cuenta gran cantidad de fajos de billetes en efectivo en su oficina en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, tal como reveló el portal de Infobae el viernes pasado.
Edgardo Kueider contando dinero en efectivo en la Casa de Gobierno de Entre Ríos
Las imágenes registran “la recepción y entrega de importantes sumas de dinero por Kueider y funcionarios a su cargo, en Paraná, en el período en que se cometieron los hechos de corrupción del caso Securitas-ENERSA”; lo que podría considerarse “otro importante indicio” del delito precedente al enriquecimiento y lavado de dinero por parte de Kueider y su entorno. Fueron filmados entre el 31 de octubre de 2018 y el 29 de enero de 2019.
Los cinco videos estaban en un disco rígido secuestrado en el vestidor de un dormitorio, durante uno de los allanamientos realizado por la jueza federal Arroyo Salgado en un departamento del ex senador en Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires. Según le dijo el propio Kueider al periodista Daniel Enz, director de la revista ANÁLISIS, los billetes eran fondos reservados que manejaba diariamente como funcionario de la Gobernación. Estas partidas discrecionales estaban fuera del control de los organismos provinciales.
Consultado en su momento por el portal de Infobae, Bordet negó enfáticamente haber recibido coimas de Securitas. Si bien Kueider fue su hombre de confianza en la gobernación, luego – cuando este último llegó a Congreso nacional- se distanciaron políticamente ya que Kueider no votó con el bloque peronista al que pertenecía, y terminó apoyando la Ley Bases en el Senado, en sintonía con los deseos del gobierno de Javier Milei.
La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por administración fraudulenta.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes la apelación de Cristina Kirchner en la Causa Vialidad y la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con la firma de Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, el fallo sostuvo que “los recurrentes no han cumplido con el requisito de refutar todos y cada uno de los fundamentos que dieron sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales invocadas, como así tampoco han logrado demostrar que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales referidas y lo debatido y resuelto en el caso”.
Casación rechazó el recurso de CFK en la Causa Vialidad.
“Entendemos que los recursos extraordinarios federales presentados deben ser declarados inadmisibles”, agregaron los camaristas.
Con profundas críticas a los jueces que la condenaron, la exvicepresidenta había solicitado que el fallo sea revisado para revertir la condena, pero con esta sentencia, la única opción es recurrir en queja directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evitar que la condena quede firme.
La sentencia que dio a conocer la Cámara Federal de Casación Penal el 13 de noviembre no quedó firme, por lo que la expresidenta podría ser candidata en las elecciones legislativas de este año. El primer tribunal en condenar a Cristina Kirchner fue el TOF 2, en diciembre de 2022, donde se juzgó a la exmandataria por el desvío del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz.
En la causa, la expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por administración fraudulenta. La pena alcanza también a Lázaro Báez, José López, Mauricio Collareda, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibañez y Juan Carlos Villafañe.
La Justicia sospecha que el dinero proviene de coimas que la empresa Securitas le habría pagado a cambio de contratos con Enersa, la distribuidora de energía estatal de esa provincia. La causa es investigada por Sandra Arroyo Salgado.
Imágenes de TN
La Justicia sospecha que el dinero proviene de coimas que la empresa Securitas le habría pagado a cambio de contratos con Enersa, la distribuidora de energía estatal de esa provincia. La causa es investigada por Sandra Arroyo Salgado (Video: TN).
La Justicia federal sumó pruebas que muestran al exsenador Edgardo Kueider mientras cuenta dinero en sus oficinas del gobierno de EntreRíos cuando era funcionario provincial. Las imágenes, a las que accedió TN, alimentan la hipótesis de que la empresa Secutiras pagó coimas para quedarse con contratos con la firma de energía estatal provincial Enersa.
En las capturas se ve a Kueider manipulando millones de pesos y dólares en efectivo, lo que podría echar por tierra la teoría del kirchnerismo respecto de que el exlegislador es corrupto por sus supuestos acuerdos con la administración de Javier Milei, ya que las imágenes corresponden a cuando Kueider era secretario general de la Gobernaciónde Entre Ríos bajo el mandato de Gustavo Bordet, un dirigente justicialista.
Este medio pudo saber que las imágenes corresponden a los años 2018 y 2019.
La “Rosadita” de Kueider: las fotos del exsenador contando millones en las oficinas del gobierno de Entre Ríos
Las imágenes muestran diferentes situaciones comprometedoras. En una de ellas, Kueider coloca una gran cantidad de dinero en un sobre y luego se lo entrega a un hombre. En otra captura, su secretaria le entrega un sobre con plata al propio Kueider. También se lo ve trasladando fajos de dinero en la mano para dárselos a otra persona. En otro documento, una mujer aparece llevando “a upa” millones de pesos dentro de su oficina.
Según sospecha la Justicia, el dinero podría provenir de las coimas que la empresa de seguridad Securitas le pagaba a Enersa, la compañía de energía de Entre Ríos, en la cual Kueider oficiaba como representante del gobierno entrerriano por orden de Bordet.
Imágenes y chats que complican a Edgardo Kueider
“Exceden, por lejos, lo que podría interpretarse como caja chica o viáticos”, afirmaron fuentes judiciales sobre lo que se percibe en las imágenes. Advirtieron, además, que “el dinero no se respalda con documentos específicos”, como facturas, recibos o remitos.
En las últimas horas, la investigación judicial también reveló chats de la madre de Iara Guinsel Costa, exsecretaria y última pareja de Kueider, y quien lo acompañaba cuando fue detenido al intentar ingresar a Paraguay con miles de dólares sin declarar.
Imágenes y chats que complican a Edgardo Kueider
En los mensajes, la mujer intentaba vender los tres departamentos de lujo que Kueider compró en la ciudad de Paraná para eliminar pruebas. En un mensaje, una persona le responde: “Es turbio la pareja (de Iara)”.
Imágenes y chats que complican a Edgardo Kueider (Foto: TN)
El jueves, la jueza Arroyo Salgado ordenó el arresto de una serie de supuestos testaferros, socios y allegados a Kueider, involucrados en la maniobra. Se investigan acciones para poner en el circuito legal dinero proveniente de actividades espurias.
Los detenidos fueron:
Ernesto Javier RUBEL (socio de Kueider en la empresa Betail)
Rodolfo Daniel GONZÁLEZ (socio y dueño de la camioneta en la que lo detuvieron en Paraguay)
José Carlos NOGUERAS
Gabriela Patricia SAINT PIERRE
Ezequiel BOVETTI
Adriana CRUCITTA (abogada y socia de Gonzalez)
Débora FERREYRA
Rita MACHUCA
Días atrás, la Justicia de Entre Ríos rechazó el pedido de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado para quedarse con la investigación por enriquecimiento ilícito contra Kueider. El fallo, firmado por el juez de Garantías N°2 de Concordia, Edwin Ives Bastián, confirma que la causa seguirá tramitándose en la jurisdicción provincial a menos que la Corte Suprema decida lo contrario.
Kueider, quien fuera secretario general de la Gobernación de Entre Ríos (2015-2019) y antes concejal y funcionario municipal en Concordia, está bajo la lupa por la supuesta acumulación ilícita de un patrimonio millonario. Según la denuncia original presentada en Concordia, el exsenador habría incrementado notablemente sus bienes durante sus años como funcionario, valiéndose de empresas como Betail S.A. y otras personas interpuestas para ocultar propiedades y activos.
Mientras tanto, en Buenos Aires, Arroyo Salgado lleva adelante la causa “Securitas”, que investiga una red de corrupción a partir de la denuncia de la firma de seguridad Securitas Argentina. Allí se apunta a coimas para asegurarse contratos con empresas estatales, incluyendo la distribuidora de energía entrerriana ENERSA, y la jueza entiende que Kueider estaría relacionado con esas maniobras, por lo que pidió que todo se unificara en su juzgado.
El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, parece ser el rostro más visible de un sistema judicial que decepciona y genera indignación. Recientemente, fue visto en Concordia Entre Rios, saliendo del gimnasio “Maranao”, sin la tobillera electrónica que supuestamente debería portar como medida de restricción y supervisión. Como si esto no fuera suficiente, el ex funcionario continuó con su rutina: visitó una farmacia en calle Asunción de Concordia y luego se marchó cómodamente en su camioneta. Estas imágenes, que circulan como un símbolo del estado actual de la justicia, son un golpe directo a la credibilidad de las instituciones en Argentina.
Un Fallo Histórico, Pero Sin Consecuencias
En abril de 2022, Urribarri fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por delitos de corrupción. Los cargos incluyeron peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, vinculados al manejo fraudulento de millonarios fondos destinados a publicidad y eventos internacionales, como la Cumbre del Mercosur de 2014. La condena, ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en mayo de 2023, generó en su momento cierta esperanza en que la impunidad de los poderosos empezaría a quebrarse.
Sin embargo, el desenlace fue muy distinto. A pesar de la ratificación de su condena, Urribarri no ha pisado la cárcel y sigue disfrutando de privilegios que, lejos de ser excepcionales, son tristemente comunes entre la clase política en Argentina. La falta de medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de su pena no solo evidencia la lentitud del sistema judicial, sino también un entramado de complicidades y beneficios que están al alcance de unos pocos.
Entre Ríos, un Microcosmos de la Justicia Argentina
El caso de Urribarri no es un hecho aislado, sino parte de un fenómeno recurrente en la provincia de Entre Ríos. La justicia entrerriana ha sido históricamente cuestionada por su falta de independencia y su lentitud en los procesos contra funcionarios públicos. Mientras que la corrupción continúa desangrando las arcas públicas, las causas contra los responsables suelen dilatarse durante años en los despachos judiciales, para luego prescribir o derivar en penas irrisorias.
Lo ocurrido con Urribarri refleja esta dinámica a la perfección: un exgobernador condenado por desviar recursos destinados al desarrollo de la provincia se pasea libremente, sin restricciones visibles, mientras la ciudadanía sufre las consecuencias de décadas de mala administración. ¿Cómo pueden los entrerrianos confiar en un sistema que permite tales atropellos?
El Símbolo de una Justicia Nacional Burlada
Lo más preocupante es que este fenómeno no se limita a Entre Ríos, sino que se extiende a nivel nacional. La imagen de políticos condenados por corrupción, pero que continúan disfrutando de una vida de privilegios, es un patrón que socava la confianza en las instituciones democráticas. La justicia argentina parece estar diseñada para funcionar con una “doble vara”: es implacable para los ciudadanos comunes, pero sorprendentemente permisiva con quienes tienen poder, dinero o conexiones políticas.
La falta de una condena efectiva contra Urribarri envía un mensaje devastador: en Argentina, el peso de la ley depende de quién seas. Mientras tanto, los ciudadanos comunes enfrentan un sistema judicial burocrático, lento y muchas veces inalcanzable, que no solo no resuelve sus problemas, sino que parece empeñado en beneficiar a aquellos que más daño le hacen al país.
La Burla de la Tobillera Electrónica
Uno de los aspectos más indignantes de este caso es el uso (o, en este caso, la ausencia) de la tobillera electrónica. Este dispositivo, que debería garantizar cierto nivel de control y restricción, se ha convertido en un símbolo de la burla institucional. ¿De qué sirve implementar medidas de vigilancia si quienes deben cumplirlas no lo hacen? La falta de supervisión en este caso es un ejemplo más de cómo los mecanismos diseñados para garantizar justicia son, en la práctica, ineficaces.
La Corrupción, el Verdadero Lastre de la República
La corrupción no es un delito menor: es un flagelo que afecta directamente la calidad de vida de millones de argentinos. Cada peso desviado por funcionarios corruptos es un peso menos para hospitales, escuelas, rutas y otros servicios esenciales. La condena a Urribarri debería haber sido un ejemplo de que la justicia puede alcanzar incluso a los poderosos. En cambio, se ha convertido en una muestra más de la fragilidad del sistema judicial y de la complicidad estructural que permite que estos delitos queden, en la práctica, impunes.
¿Qué Debemos Exigir Como Sociedad?
El caso Urribarri debe ser un llamado a la acción para todos los argentinos. No podemos resignarnos a que la justicia funcione de esta manera. Es necesario exigir reformas profundas que garanticen un poder judicial independiente, ágil y eficaz, capaz de actuar sin importar la influencia o el poder de los involucrados. Además, se deben implementar mecanismos de control más estrictos para evitar que los condenados puedan eludir sus penas, como ocurre actualmente.
La justicia no puede seguir siendo un privilegio de unos pocos. Si queremos construir un país más justo, debemos empezar por derribar las barreras que perpetúan la impunidad. Y eso incluye hacer que figuras como Sergio Urribarri cumplan con las condenas que la sociedad y la ley les han impuesto.
La pregunta sigue en el aire: ¿cuánto más toleraremos que la corrupción y la impunidad dominen el escenario político y judicial de nuestro país?
Durante sus dos mandatos como gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet realizó decenas de viajes al exterior. Algunos oficiales, de largas semanas; otros, de placer a Norteamérica o Europa. Se alojó con su familia en un hotel de Nueva York de más de 1.000 dólares la noche. Uruguay se convirtió en su segundo hogar, instalado desde diciembre hasta enero y reiteradas veces durante el año. Se cuentan al menos 19 vuelos en jet privado. Los de cabotaje fueron cientos. Resulta difícil encontrar más de un mes entero de presencia del exmandatario en la provincia. Un viaje con Juan Domingo Orabona a Panamá genera suspicacias. Además, el mayor temor de Bordet, por toda la información que empieza a trascender con el caso “Kueider”, donde podría “rosarlo”, es la creciente preocupación por lo que está investigando la jueza Sandra Salgado, quien lleva adelante la causa (Kueider). Desde su entorno prometen nuevos e inéditos “bombazos” que podrían agregar más complejidad al caso.
José Amado
Un gobernador trotamundos tuvo la provincia de Entre Ríos a lo largo de ocho años. Con frenéticas visitas a Uruguay y varios viajes anuales a Estados Unidos y Europa, entre otros destinos desde donde, además, podría haber recorrido medio mundo, Gustavo Bordet pasó buen tiempo de sus mandatos en el exterior. Estos viajes no solo obedecían a cuestiones oficiales, sino también a un estilo de vida que incluyó descanso y disfrute en los destinos más exclusivos. Entre ellos, los desplazamientos hacia Punta del Este, un clásico del verano sudamericano, se repetían casi de forma ritual cada año, financiados en parte por el erario provincial.
Además de los viajes al extranjero, el exgobernador viajaba constantemente a Buenos Aires, con pasajes pagados por el Estado provincial, tanto para él como para su secretario privado. De hecho, se registraron miles de vuelos internos entre Entre Ríos y la capital, mostrando la necesidad de Bordet de estar presente en la política nacional, pero también planteando dudas sobre el uso eficiente de los recursos provinciales. Incluso parte de aquellos vuelos de ocio a Punta del Este eran solventados con las arcas públicas, y si no, se tomaba un jet privado, cuyo costo varía entre los 4.000 y los 10.000 dólares. El perfil bajo cultivado durante años contrasta con ese gusto por viajar y alojarse en hoteles de lujo. Si bien su figura fue vista como sobria y reservada en lo público, sus desplazamientos no dejan lugar a dudas sobre sus preferencias personales.
No pasó casi ningún fin de año en Argentina, entre fines de diciembre y mediados o fines de enero, cuando prefería descansar en el vecino país. Este comportamiento resulta curioso en un mandatario que debería haber estado al frente de los problemas de la provincia, especialmente en épocas de crisis. En plena función pública, al mando de una provincia bajo recurrentes crisis y con recursos menguados, Bordet no paraba de subirse a aviones como cualquier entrerriano lo hace a los penosos colectivos urbanos o a un Uber. Mientras tanto, las tensiones económicas y sociales de Entre Ríos exigían respuestas inmediatas y contundentes, pero el exgobernador parecía estar más enfocado en su vida personal y sus compromisos internacionales.
La suma de los pasajes, de los vuelos privados y de las estadías en el exterior no parecen tener su correlato en los ingresos declarados por el exmandatario. De hecho, la magnitud de los gastos fuera del país, sumada a su aparente desconexión con la realidad local, está siendo cuestionada. En este contexto, Bordet deberá justificar cada uno de esos gastos en la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la Fiscalía de Concordia. Dicha causa podría exponer aspectos desconocidos sobre su patrimonio y su posible vinculación con prácticas poco transparentes en el ejercicio del poder.
Según el registro de la Dirección Nacional de Migraciones, Bordet cruzó la frontera 120 veces (240 entre salidas y entradas) desde 2007 hasta febrero de 2024. Durante ocho años como intendente de Concordia fueron 54 viajes, la mayoría de uno o dos días a Uruguay en vehículos particulares u oficiales. Durante las dos gobernaciones fueron 66: la mayoría a Uruguay, Estados Unidos y con aterrizaje inicial en Francia, en distintas líneas aéreas. Esta cifra no solo refleja la constante movilización del gobernador, sino también una creciente red de viajes internacionales que podrían haber servido tanto a fines personales como a objetivos políticos, económicos o diplomáticos, lo que genera dudas sobre los motivos detrás de tantos desplazamientos.
Y más allá de los viajes al exterior del exgobernador, también sorprende la enorme cantidad de vuelos dentro del país, sobre todo de Paraná o Sauce Viejo hacia Buenos Aires, y viceversa. A inicios de la década pasada, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se creó una empresa de venta de pasajes y turismo dentro de la órbita de Aerolíneas Argentinas que se llamaba OPTAR. Se obligaba a todos los funcionarios públicos a sacar sus tickets de vuelo a través de esta sociedad estatal. El registro de viajes de Bordet desde 2013 (aún como intendente) hasta 2023 en OPTAR es de 392 pasajes; los de sus tres hijas suman 100. Estos números reflejan un nivel de movilidad interna fuera de lo común para un gobernador, lo que invita a la reflexión sobre las verdaderas necesidades de esos desplazamientos.
Una parte de estos pasajes fueron pagados por el Estado entrerriano, y otros de forma particular. Sin embargo, en varias oportunidades coinciden los vuelos pagados por la provincia con los viajes que Bordet realizó a Punta del Este, la mayoría en la temporada de verano, que difícilmente pueda justificar como vuelos oficiales. Esta coincidencia ha levantado cuestionamientos acerca de la transparencia en el uso de los recursos públicos y de la posibilidad de que se hayan utilizado fondos provinciales para fines personales. Este patrón de viajes, tanto al extranjero como dentro del país, plantea interrogantes sobre las prioridades del exgobernador y sobre el manejo de los fondos públicos durante sus años de gestión.
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