Mientras avanza el proyecto, comenzaron a conocerse algunos puntos clave que podrían cambiar por completo el acceso al préstamo.
El Gobierno nacional analiza la posibilidad de volver a lanzar los créditos de ANSES de hasta $1.500.000, una medida que podría beneficiar a miles de personas.
Sin embargo, quienes deseen acceder a estos préstamos deberán cumplir con una serie de requisitos y condiciones específicas que serían clave para su aprobación.
Cuáles serían las restricciones para acceder a los nuevos créditos de ANSES
Uno de los aspectos más relevantes es que las personas que accedan a este financiamiento y mantengan una deuda activa no podrían ingresar al mercado de cambios para comprar dólares, ni a través de entidades bancarias ni mediante herramientas financieras como el dólar MEP o el contado con liquidación, hasta haber cancelado el crédito por completo.
A su vez, si bien el dinero sería acreditado en la misma cuenta donde el beneficiario cobra su prestación, el esquema buscaría fomentar el consumo directo mediante tarjeta de débito u otros medios de pago electrónicos. En esa línea, no se descarta la implementación de controles o límites sobre determinadas transferencias, movimientos hacia terceros o incluso inversiones.
Otra de las pautas centrales es que quienes obtengan el préstamo no podrán asumir nuevas deudas ni modificar la forma en la que cobran su prestación si eso altera el porcentaje de la cuota mensual, que se descontaría automáticamente del haber antes de ser depositado. El objetivo de esta medida sería asegurar el cumplimiento del pago y reducir el riesgo de sobreendeudamiento.
Quiénes podrán acceder al préstamo de $1.500.000 y qué requisitos deberán cumplir
En relación con quiénes podrían acceder, la iniciativa incluye a jubilados y pensionados del SIPA que perciban hasta seis haberes mínimos, además de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), beneficiarios de Pensiones No Contributivas, monotributistas de las categorías más bajas y trabajadores de casas particulares registrados.
En caso de que el proyecto avance, la propuesta permitiría extender el acceso al financiamiento a sectores clave de la población, aunque bajo una serie de requisitos y restricciones pensadas para regular el destino del dinero y garantizar el cumplimiento de las cuotas.