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UNA BUENA : Rechazaron apartar de la causa a los fiscales que investigaron “contratos truchos” en la Legislatura

La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, decidió rechazar el planteo de recusación presentado contra los representantes del Ministerio Público Fiscal que llevaron adelante la Investigación Penal Preparatoria, en el marco de la causa conocida como “Contratos truchos en la Legislatura”.

Los abogados de algunos de los imputados habían recusado a los fiscales por “pérdida de objetividad y/o la violación al deber de objetividad” que, según argumentaron, se evidenciaba en el requerimiento de elevación de la causa a juicio, donde no aparecen nombres de diputados, senadores ni autoridades legislativas en la nómina de imputados.

“La decisión de llevar a juicio solo a quienes han logrado ser identificados, de ningún modo puede ser valorado como una falta de objetividad”, sostuvo la magistrada. Del mismo modo, rechazó la recusación del procurador general de la provincia, Jorge García, por haber adelantado en los medios que produciría un recorte en la investigación, como así también de la fiscal coordinadora, Mónica Carmona.

Esta decisión abre la posibilidad de continuar con la tramitación de la causa con la remisión a juicio, como pretenden hacer los fiscales que se encuentran a su cargo, aún cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver un incidente de competencia suscitado entre la justicia federal y los tribunales provinciales.

La audiencia celebrada en el marco del Legajo Nº 10.668, caratulado “Beckman, Flavia Marcela y otros s/Estafa”, comenzó pasadas las 16 y se extendió por el lapso de 40 minutos, con transmisión en vivo del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, a través de su canal de YouTube.

Audiencia de recusación contra los fiscales de la causa “Contratos truchos”

Así, la jueza Barbagelata confirmó a los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry al frente de la causa en la que se investigan contrataciones irregulares en la Legislatura entrerriana, entre los años 2008 y 2018, con un desfalco que superaría los mil millones de pesos.

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