Tras su intento de disolver el Congreso en Perú, Castillo fue destituido y quedó detenido

Castillo había anunciado el cierre del Congreso, lo que desató denuncias de autogolpe por parte de miembros de su Gobierno, aliados parlamentario y opositores. El presidente fue detenido cuando se presentó en la Prefectura de Lima para pedir garantías después de abandonar la Casa de Gobierno. Lo reemplazará la vice Dilma Boularte.

El Congreso de Perú destituyó este miércoles a Pedro Castillo por “permanente incapacidad moral” después de que decretara la disolución de la Cámara e instaurara un Gobierno de emergencia nacional. La vicepresidenta Dina Boluarte jurará al cargo a las 15 hora local (17:00 hora argentina).

Tras el anuncio de Castillo, Boluarte se desmarcó y calificó la decisión como un “golpe de estado”. Tres ministros de su gabinete renunciaron a sus cargos y diputados de la izquierda y la oposición reclamaron orden constitucional.

“Se dictan las siguientes medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, dijo Castillo en un mensaje a la nación que no fue previamente anunciado por su equipo de comunicaciones o en sus redes sociales.

Con un temblor evidente en sus manos, anunció que también dicta “convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses” y ordenó un toque de queda a nivel nacional a partir de hoy desde las 22 horas.

Los ministros de Economía, Relaciones Exteriores y Trabajo anunciaron su renuncia, pocos minutos después de que Castillo anunciara la disolución del Congreso y la instauración de un “gobierno de excepción”.

A través de sus cuentas de Twitter, los titulares de estas carteras, Kurt Burneo, César Landa y Alejandro Salas, respectivamente, anunciaron su decisión de abandonar el Ejecutivo alegando su “apego a los valores democráticos” y constitucionales.

Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitió un comunicado donde manifestaron ser “respetuosas del orden constitucional” establecido en el artículo 134 de la Constitución Política del Perú. “Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú” informaron, y pidieron a la población mantener la calma.

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo pidió la “inmediata renuncia y puesta a disposición ante las autoridades judiciales por incumplimiento” de la Carta Magna del presidente Castillo y demandó al Congreso la “conducción célere del procedimiento de sucesión presidencial para asegurar la gobernabilidad y la defensa de los derechos humanos en el corto plazo”.

Los diputados de diferentes bancadas del Congreso de Perú denunciaron que este anuncio constituye un golpe de Estado.

“Esta decisión configura un golpe de Estado y se aleja de todos los marcos constitucionales”, declaró la legisladora izquierdista Ruth Luque, cuya agrupación había apoyado habitualmente la permanencia de Castillo en el poder. 

Por su parte, la legisladora progresista Susel Paredes consideró que “nadie debe obediencia a un gobierno golpista”, respaldando la sucesión presidencial. 

“Gloriosas Fuerzas Armadas, valerosa Policía del Perú. Nadie debe obediencia a un gobierno golpista. Respaldo al Congreso y que se inicie la sucesión presidencial. Pedro Castillo con esta actitud pisotea la mínima presunción de inocencia q x Constitución le corresponde”, escribió en Twitter. 

La derechista Norma Yarrow indicó que no permitirán “el golpe de Estado de Pedro Castillo”. “No vamos a permitir la dictadura en nuestro país. Firmes nuestras Fuerzas Armadas con la Policía Nacional”, destacó.

Los legisladores avanzaron con el juicio político, con 101 votos a favor de destituirlo, seis en contra y 10 abstenciones, informó Reuters. Así, llamaron a tomar posesión a la vicepresidenta Dina Boluarte, quien se había manifestado en contra de la decisión del ahora expresidente, calificándolo como un golpe de estado.

El presidente Castillo fue detenido al presentarse en la Prefectura de Lima para pedir garantías, después de abandonar la Casa de Gobierno, y fue trasladado a la Procuradoría.