Sin absolución por el desvío de 47 millones de pesos para Sergio Urribarri

El juez de Garantías de Paraná no aceptó sobreseerlo. Los fondos se habrían desviado para su campaña presidencial en 2015.

El juez de Garantías de Paraná, Ricardo Bonazzola, rechazó este viernes el pedido de los abogados defensores del ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri de sobreseimiento del ex mandatario, en la causa conocida como “sueño entrerriano”, en la que se investiga el desvío de 47 millones de pesos para promocionar su campaña presidencial de 2015.

Los delitos por los que los acusan son “negociaciones incompatibles con la función pública”, “direccionamiento de publicidad oficial” y “peculado”, entre otros, explicaron fuentes judiciales.

Los letrados Raúl Barrandeguy e Ignacio Díaz también pidieron el sobreseimiento del diputado provincial y ex ministro de Comunicación y Cultura provincial, Pedro Báez ya que consideran que “no hay delito”, y de otros imputados a los que representan.

Los abogados consideraron que “los decretos que aprobaron las partidas de dinero pasaron sin reparos el filtro del control administrativo” correspondiente.

Indicaron que de haber cometido un delito, deberían ser imputados también los responsables de dichos organismos de control administrativo.

En tanto, el Ministerio Público Fiscal integrado por Cecilia Goyeneche, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano rechazó el pedido y afirmaron que existe “suficiente evidencia” como para iniciar un juicio.

En diciembre, los fiscales pidieron 9 años de prisión para Urribarri, y 8 para Báez.

El juez Bonazzola rechazó el pedido de los abogados defensores e inició el control de prueba para la elevación a juicio oral, aunque esta decisión será apelada por los letrados.

Además, están imputados los ex coordinadores de la Unidad Operativa de la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014: Gustavo Javier Tórtul y Hugo Félix Céspedes; el ex ministro de Turismo provincial, Hugo Marsó.

El cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; la contadora de las empresas implicadas, Corina Cargniel, y el ex director de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Caruso, también figuran en la causa.

Para Tórtul, Marsó, Céspedes y Caruso solicitaron cuatro años de prisión y seis para Cargniel, mientras que para Aguilera pidieron una pena de ocho años de prisión.

También para todos los implicados solicitaron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos.

Si bien fueron tres las causas que se iniciaron, los fiscales unificaron los expedientes ya que todos se basan en la “utilización de fondos públicos para financiar la campaña presidencial de Urribarri durante 2015”.

Según la investigación, se desviaron 4.308.500 pesos destinados a la publicación de una solicitada en 18 diarios nacionales contra los fondos buitre; y 14.561.870 de pesos para la instalación de un parador playero en Mar del Plata.

Asimismo, siempre según la investigación judicial, se utilizaron cerca de 28 millones de pesos para contratar a la productora “Nelly Entertainment” de Jorge “Corcho” Rodríguez, para difundir spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

A mediados de 2017, Rodríguez acordó con la fiscalía la suspensión del juicio a prueba por un año, el pago de 150.000 pesos al Estado y realizar “campañas de bien público en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos”.