¿Quiénes declaran este martes en la sexta audiencia del Megajuicio a Urribarri?

La sexta jornada de audiencias en el marco del megajuicio al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, comenzará este martes a las 10, con la declaración de los primeros tres testigos citados por el Ministerio Público Fiscal, entre los que se destaca la presencia de Teresa Pot, una vecina de la empresa del cuñado Juan Pablo Aguilera, Tep SRL, ubicada en Racedo al 400, de Paraná. También lo harán Ignacio Fariña y Maximiliano Pepe.

Pot fue quien recogió, según afirma la Fiscalía, un soporte digital arrojado por la contadora Corina Cargnel, durante el allanamiento que realizó la Justicia a esa empresa el 1° de agosto de 2016 y que serviría de prueba en la acusación en la denominada “causa de la vaca”.

En la audiencia del lunes 27 de septiembre, la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, dijo: “La contadora era tan consciente de la ilicitud de este hecho que el día de los allanamientos, el 1° de agosto de 2016, en las oficinas de Racedo al 400, arrojó por el ventiluz de uno de los baños, un disco rígido. No se imaginó que la vecina de la casa lindera convocó al personal policial y a los fiscales y permitió el secuestro de ese disco rígido. Una vez que se abrió, se descubrió por qué lo arrojó. Era la caja negra de las maniobras ilícitas para la sustracción de dineros públicos”.

La “causa de la vaca” es una de las tres grandes investigaciones que sentaron en el banquillo a Urribarri, dos de sus exministros, allegados, parientes y funcionarios de su círculo próximo.

En aquel alegato de apertura del megajuicio se detalló de qué modo se operó durante el urribarrismo con las publicidades estáticas en vía pública para beneficiar a dos empresas que adjudicó al cuñado de Urribarri, Tep SRL y Next SRL, y con qué modus operandi actuaban en forma “cartelizada” con las firmas Fernando Montañana y Jesús Bustamante para la distribución de las pautas publicitarias, en maniobras delictivas “en continuado” entre 2010 y 2015.

En esas maniobras de cartelización, se sustrajo del erario público la suma de $21,5 millones, que dolarizada al valor de entonces representaba 3.250.000 dólares, dijo Goyeneche.

Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de más de $20 millones a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”.

Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que –a su vez– redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.

El 24 de mayo de 2018 apareció el primer arrepentido de la causa: el publicista Jesús José Bustamante. El empresario admitió en un juicio abreviado haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.

Goyeneche mencionó a Aguilera como “el dueño de las empresas”. Al respecto, apuntó: “Vamos a demostrar que las contrataciones con Next y Tep fueron posibles durante esos cinco años y pudieron escapar el control de los organismos de control porque se mantuvo oculta para los organismos de control un aspecto central, la identidad del verdadero dueño de estas empresas. Lo que permitió sortear el filtro de los controles fue el hecho de que Báez, como ministro, y Urribarri, como gobernador, decidían discrecionalmente qué empresas contratar. Y siempre eran Tep, Next, Montañana y Bustamante, las dos primeras manejadas desde las sombras por Juan Pablo Aguilera. Montañana y Bustamante, con acuerdos espúreos de cartelización con Aguilera, Tep y Next, creadas en 2009 para centralizar las contrataciones. Pero ambas eran una misma empresa. Su dueño era Juan Pablo Aguilera, que de ninguna manera podía aparecer explícitamente como tal. De haber aparecido hubieran impedido el negocio ilícito. Aguilera era funcionario público en la la Cámara de Senadores. Y por otro lado, porque además de ello era cuñado del gobernador de entonces. La ambición de Aguilera por acaparar la publicidad oficial hizo que tuviera intereses no solo en estas empresas, sino en todas las que tenían cierta competitividad en las licitaciones de publicidad”.

La fiscal habló de maniobras de Urribarri y de Báez para “desviar” fondos a favor de las empresas del cuñado Aguilera y de las firmas de Montañana y de Bustamante, “con las que Aguilera había realizado aquel acuerdo de cartelización. Las tres empresas, Tep y Nex eran una única firma, absorbieron toda la publicidad estática en vía pública. Y actuaban bajo la ficción de un reparto de publicidad”.

El mecanismo fue aceitado con la decisión de “ordinarizar” las contrataciones. Así, especificó Goyenehche, la contratación directa fue la regla. De las 142 contrataciones imputadas como irregulares, todas fueron discrecionalmente definidas por estos dos funcionarios. Transformaron exprofeso la excepción establecida en la contratación de publicidad en algo habitual. Cada una de estas contrataciones ilícitas implicaron también implicaban sustracción de dineros públicos, por el direccionamiento y el retorno del dinero.

En ese marco, apuntó, “prestó colaboración relevante el imputado Gustavo Tamay, que era responsable de certificar la publicidad en la vía pública”. En ese sentido, sostuvo que Tamay “expidió falsas certificaciones que daban cuenta de la realización de la publicidad contratada, cuando en realidad las publicidades no estaban realizadas o estaban sustituidas para un fin individual. Es por estas falsificaciones que en la opinión publica esta causa se la conoce con el nombre de la ‘causa de la vaca’”.

Después apuntó contra los empresarios Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, a los que sindicó como “prestanombres” para las empresas de Aguilera, y a la contadora de las firmas Tep SRL y Next SRL, Corina Cargnel, “responsable de obtener los reintegros de lo que cobraban las empresas cartelizadas. La contadora era tan consciente de la ilicitud de este hecho que el día de los allanamientos, el 1° de agosto de 2016, en las oficinas de Racedo al 400, arrojó por el ventiluz de uno de los baños, un disco rígido. No se imaginó que la vecina de la casa lindera, convocó al personal policial y a los fiscales, y permitió el secuestro de ese disco rígido. Una vez que se abrió, se descubrió por qué lo arrojó. Era la caja negra de las maniobras ilícitas para la sustracción de dineros públicos”.

Global Means y Buffa

Después, apuntó a la contratación de la firma Global Means, del empresario Germán Buffa, que siguió las audiencias vía remota. El caso se originó a partir de una denuncia del exdiputado nacional Jorge D’Agostino.

Buffa fundó la empresa Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma. El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Pero extrañamente, un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano. Todo fue extraño, a decir verdad: la orden de publicidad que le pagó la administración Urribarri/Báez está fechada el 1° de julio de 2011; Global Means SA presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.

Según la Fiscalía, para la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismos legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública. Otro detalle que surgió es que el pago de los $118 mil se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.

“Báez direccionó una contratación hacia la empresa Global Means”, fustigó Goyeneche. “La elección de esta empresa no fue casual. Existió un vínculo estrecho entre el titular Germán Buffa y Báez. Esto llevó a contratar y sortear las cuestiones legales, para incurrir en groseras irregularidades administrativas, que ocultaban el direccionamiento”, dijo.

Al final, la procuradora adjunta detalló de qué modo Urribarri financió el “Sueño Entrerriano” con fondos del Estado provincial y que retrató en las tres causas agrupadas en un único expediente. “El denominador común es la desviación hacia interese particulares. El objetivo fue promover el conocimiento de su imagen personal como posible futuro candidato a presidente de la República”, detalló.

En ese marco se dio la contratación de una solicitada en varios medios nacionales que le costó al Estado $4 millones, 504.700 dólares.

La solicitada y las contrataciones para la Cumbre

Más adelante, la fiscal refirió que en junio de 2014 Urribarri, en su calidad de gobernador y precandidato a presidente, difundió una solicitada contra los Fondos Buitre pagada con fondos públicos.

“Vamos a demostrar que Urribarri y Báez sustrajeron de la partida presupuestaria que tenían en custodia la suma de 4.504.700 dólares”, señaló.

Luego también mencionó la investigación abierta por las contrataciones durante la Cumbre del Mercosur que se desarrolló a fines de 2014 en Paraná. “En noviembre de 2014, Urribarri y Báez sustrajeron fondos públicos que destinaron a la Cumbre de Mercosur. Fueron $28,4 millones para la contratación de cuatro spots publicitarios para instalar la imagen de Urribarri a nivel nacional. Ese dinero equivalía a 3.221.000 dólares”, aseveró.

Al respecto, manifestó que con “el fin de soslayar los procedimientos de control, se encuadró esa contratación en el marco de la Ley 10326, la que declaró de interés provincial la Cumbre”.

Enseguida, recordó que para la realización de los spots se contrató a la firma Nelley Entertainmaint, cuyo titular era Jorge Ernesto “Corcho” Rodríguez, quien accedió a una suspensión del juicio a prueba en diciembre de 2018.

“La contratación fue una fachada a través de la cual se ocultó que se negoció directamente, brindando ventajas solo al empresario con que se quería contratar. No solo se negoció antes con Rodríguez y su empresa, sino que además la publicidad del llamado a licitación fue tan genérica que ninguna empresa podía presentarse sin conocer cual era el objeto”, subrayó Goyeneche.

Sobre esta causa, dijo que “no se rindió a la Legislatura el gasto de la Cumbre” y que lo rendido fue oro dinero de campaña publicitaria.

El parador en Mar del Plata

Por otra parte, la fiscal también pasó revista a la causa iniciada por la instalación de un parador playero en Mar del Plaza, en enero de 2015, cuando Urribarri estaba en plena campaña por su precandidatura a presidente. En este caso también están imputados el exministro de Turismo, Hugo Marsó; y el empresario Gerardo Caruso, de la firma ‘El juego en que andamos’.

Al respecto dijo que se desvió dinero público con un interés particular: “Vamos a demostrar el direccionamiento de la contratación hacia la firma ‘El juego en que andamos’. Hubo una adjudicación de $14 millones a una empresa con patrimonio de $60 mil. Y que no tenía antecedentes, porque había empezado actividades seis meses antes”.

Sostuvo luego que en noviembre de 2014, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Franco Urribarri, hijo del entonces gobernador, viajaron con Caruso a Mar del Plata “un mes antes de publicarse la contratación” y que el viaje “fue abonado por la empresa Relevamientos Catastrales SA, de Diego Armando Cardona Herreros, del círculo íntimo del señor Urribarri vinculados con la corrupción”.

Explicó que el dinero se sustrajo de dos maneras: “La primera porque se convirtió la contratación pública en una con un destino particular. El auténtico objeto fue la promoción de la imagen de Urribarri”.

También afirmó que en esa contratación hubo “retornos” de $2 millones –de los $14 millones– en efectivo a Aguilera, que era titular de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires y jefe de campaña.

Indicó que una parte del dinero fue para contratar las imágenes de la campaña de Urribarri en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Para el servicio de cartelería en el vía pública se contrató a la firma “X la plata Publicidad”, a la que se le pagaron $338.800; y agregó que una tercera parte del retorno hacia el círculo de Urribarri “está dada por el retorno de $2.468.000 que se devolvieron por el Juego en que andamos, a terceras empresas, vinculadas a Aguilera”.

Por escrito

En el megajuicio no todos los testigos declararán en forma presencial. Amparados en prerrogativas legales, un grupo de testigos lo hará por escrito. Se trata del senador nacional Edgardo Kueider, el ministro de Economía, Hugo Ballay, el presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Diego Lara, y el vocal de ese organismo, José Luis Gea Sánchez, y el ahora juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo.