Desde el CAER reiteran que todos los actores del servicio de justicia deben bregar por un servicio de justicia de calidad que respete todas las garantías constitucionales y todas las figuras de nombramientos y de remoción de jueces fiscales. Y se reitera que no se busca “obstaculizar” ningún proceso, sino contar una Justicia transparente, ecuánime e independiente.

En respuesta a la posición de la Magistratura

En este sentido, y en relación a las audiencias realizadas en la última semana, coincidimos con la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos que se debe garantizar la independencia de jueces y fiscales, pero también mejorar muchos aspectos para brindar una verdadera “garantía y resguardo para todas las personas, organismos y/o instituciones de nuestra provincia”.

La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial había fijado posición, en las últimas horas, en medio de la dura polémica que se abrió tras los pedidos de jury al procurador Jorge Amílcar García y a la productora adjunta Cecilia Goyeneche y las recusaciones a los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, quienes desde 2018 llevan adelante la investigación penal por los contratos en la Legislatura y que derivó en una fuerte polémica en la audiencia de este miércoles 11 que presidió la jueza de Garantías, Marina Electra Barbagelata.

En ese sentido, “la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos reivindica la independencia de la que gozan jueces, juezas y fiscales en el ejercicio de su función, en el absoluto convencimiento de que la independencia judicial, tanto hacia adentro del Poder Judicial como respecto de los poderes políticos y los medios de comunicación, constituye una garantía y resguardo para todas las personas, organismos y/o instituciones de nuestra provincia”, rezaba el pronunciamiento de la entidad que agrupa a jueces y funcionarios de la Justicia entrerriana.

Agregó que los procedimientos de recusaciones y enjuiciamiento “de los miembros de la Magistratura y representantes de los Ministerios Públicos no pueden tener nunca por objetivo obstaculizar el ejercicio de las elementales funciones que la Constitución Provincial asignó al Poder Judicial”.