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La Jueza FEDERAL Arroyo Salgado, que lleva adelante la investigación por las COIMAS pagadas por directivos de una empresa de seguridad a funcionarios, tendría en su poder conversaciones telefónicas y MAILS del Ex Síndico Laporte, con CLARAS instrucciones a los hermanos Tórtul para hacerse de la concesión del servicio de seguridad de ENERSA, y las ramificaciones del entramado rozarían al mismísimo Bordet.
El caso que irrumpió en la sociedad paranaense por tener involucradas a personas muy conocidas, ahora tomaría más relevancia porque las implicancias llegarían hasta las más altas esferas gubernamentales de la gestión anterior. La jueza Sandra Arroyo Salgado declaro que “en la causa se investiga la presunta existencia de una ASOCIACION ILÍCITA que tendría por objeto, entre otros hechos, el pago de SOBORNOS a funcionarios públicos de diferentes reparticiones nacionales y provinciales”.
Hay tres directivos de ENERSA que declararon ante la Jueza VÍA ZOOM, que estarían sospechados de INCLUMLIMIENTO DE DEBERES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. No fueron detenidos ni trasladados como los hermanos Tórtul, que el martes 16 fueron arrestados en Paraná y llevados al edificio Centinela de Gendarmería Nacional en Capital Federal, para ser indagados.
De los tres hombres ligados a ENERSA, el más comprometido es el gerente Alejandro Cis, Gerente de Logística hasta su jubilación. También declararon el abogado Marcelo Morales, Gerente de Asuntos Legales de ENERSA, hijo del ex procurador general Héctor Daniel Morales, y el Ingeniero Juan Carlos Pimentel.
De los funcionarios del Poder Ejecutivo de la gestión anterior involucrados en la causa, el más complicado es el fallecido José Ignacio Laporte, hombre de confianza de Bordet, que era Secretario Legal y Técnico del Gobierno Provincial, y A LA VEZ ERA y COBRABA por ser Síndico de ENERSA. Existirían mails y escuchas telefónicas entre Laporte y los hermanos Tórtul con indicaciones sobre la cumplimentación de requisitos de papeleo y formalismos para que pueda ser habilitada su empresa y participar de una licitación que tendrían ganada de antemano POR MILLONES DE RAZONES.
Los otros integrantes del gobierno anterior que estarían implicados son el ex Ministro de Economía, Hugo Ballay (implicado en la investigación iniciada en Concordia al ex gobernador Gustavo Bordet), y quien ERA, ES, y a pesar de este nuevo escándalo parece que SEGUIRÁ SIENDO Fiscal de Estado, Julio César Rodríguez Signes. Tanto Ballay, como Rodríguez Signes son partícipes necesarios y estaban al tanto de TODO lo referente a la concesión del Servicio de Seguridad de ENERSA, ya que ambos, al igual que Laporte, además de COBRAR por sus cargos en el gobierno, también formaban parte de las autoridades de la empresa. Ballay era DIRECTOR, cargo por el que también COBRABA, y Rodriguez Signes era SINDICO, también cobrando por ese cargo.
La FACILITACIÓN del otorgamiento del Servicio de Seguridad de ENERSA a la empresa de los hermanos Tórtul también IMPLICA a Gustavo Bordet, ya que es quién firmó el DECRETO que habilitó a la empresa creada por los Tórtul en TIEMPO RECORD, cuando el proceso real lleva casi un año, además de tener que presentar y demostrar antecedentes, cosa que en este caso no se exigió. Sencillamente la empresa de los Tórtul se presentó en la licitación por el servicio de seguridad de ENERSA y ganó, a pesar de que la otra empresa que se presentó hizo impugnaciones.
La denuncia de sobornos realizados por directivos de la empresa de Seguridad SECURITAS se inicia en 2020, POR INICIATIVA DE LA MISMA EMPRESA, en se momentos en manos de capitales suecos, a fin de proteger la integridad de la marca. Entre esos directivos se encuentran los hermanos Tórtul, que habían vendido su empresa de seguridad, llamada El Guardián, a SECURITAS, pero fueron mantenidos en sus puestos para que la manejen. Luego de la venta, los hermanos Tortul forman dos empresas, Segar Seguridad SA, y Tornell SA, junto con Daniel Eduardo Carbonell (Tornell= Tortul+Carbonell). Sandra Arroyo Salgado entiende que ambas empresas eran fantasmas que se utilizaban para el pago de coimas.
La empresa de seguridad privada Securitas admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otros, para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Incluso pagó para que le agilicen trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones.
Hoy la filial de Argentina de SECURITAS es de capitales argentinos y latinos. Claudio y Marcelo Tortul fueron detenidos por haber pagado supuestamente coimas millonarias para retener contratos en organismos públicos y por la emisión de facturas truchas, evasión y lavado de activos.
Hay MUCHA PREOCUPACIÓN por parte de funcionarios públicos, ex y actuales, porque todo lo investigado hasta el momento, más los MAILS y ESCUCHAS, apuntan a que muchos estaban al tanto de los sobornos, que en definitiva es dinero de los entrerrianos, ya que estos seudos empresarios usan el dinero que reciben del Estado en forma de sobreprecio, para pagar los acuerdos monetarios de las coimas.
Resta saber hasta dónde llegará la investigación y las acusaciones, ya que en todos los documentos de las asignaciones IRREGULARES a la empresa de los hermanos Tortul, están la aprobación de Ballay y Rodriguez Signes en sus dobles función como integrantes del directorio de MINISTRO Y FISCAL DE ESTADO A LA VEZ, ADEMAS DE LA FIRMA DE BORDET. Se estaría levantando otro frente de batalla judicial para quien está siendo investigado por ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.
Es llamativo que el Fiscal de Estado, Rodriguez Signes, esté reclamando que la causa SECURITAS, en lo que refiere a ENERSA, sea entregada a la Justicia entrerriana para que se encargue de la investigación, cuando la jueza Arroyo Salgado, si bien en lo formal, en la orden de allanamiento y detención que dictó solicitaba se informe a un juez federal entrerriano, en los hechos esto no sucedió. No se sabe si fue un error de omisión o estaba previsto hacerlo así, lo cual da a sospechar que el no revelar lo que sucedería fue para que no haya fuga de información que ayude a los implicados a tomar recaudos. Además, la petición de Rodriguez Signes, sobre un caso que LO INVOLUCRA DIRECTAMENTE, abre el interrogante de SI el podría manipular la Justicia entrerriana.
