Las frazadas frizadas de Laura Stratta y Gustavo Bordet: 437.500. dólares “no es nada” y la diferencia de 93.700 dólares, menos

El “siga, siga”, copyright Procurador García. El mundo del no “todo le chupa un huevo” y el “todo le cuesta el doble” de Bordet y el Observatorio que no observa nada.

Está “frizada” desde 2017 la investigación por la operación de compra de 30.000 kilos de tela polar destinados a la confección de frazadas y prendas de abrigo para el Programa Cobijar. Allí se denunció abuso de autoridad» y «desfalco», y al mandatario por «encubrimiento» y «abuso de autoridad», contra la Ministra Laura Stratta y el Gobernador Bordet.

El art. 213 de la Constitución de la provincia de 2008 estableció la obligatoriedad del ‘control desde el origen de las contrataciones de alta significación económica’.

No es la única causa que preocupa a la fórmula del gobierno ( Bordet – Stratta), está la de los subsidios truchos que habrían sido entregados por la presidenta del senado cuando ocupaba el cargo de ministra de desarrollo social.

Un conocido abogado del fuero penal, indignado por la impunidad de los funcionarios  (avalado por el Tribunal de Cuentas, cuando no estaba Diego Lara) denunció en julio de 2017 que que se trataba de una «contratación perjudicial para el estado.

El cuento es corto: Se presentaron las firmas Litoral Textil, Ra-mar-com y Compañía Comercial Mayorista SRL, que resultó adjudicataria por un monto de 6.996.000 pesos (unos 437.500 dólares para que nos ubiquemos a esa época).

Ra-mar-com, que había sido dejada de lado, pese a ofrecer un mejor precio, interpuso un recurso de revocatoria, pero la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social rechazó la acción.
Intervino el Tribunal de Cuentas, y en un dictamen consideró que la contratación causaría al Estado un perjuicio cercano al millón y medio de pesos (93.700 dólares). Cumplía con la Acordada del año 2016 (Acordada 284) que atento al tiempo transcurrido desde la promulgación de la Constitución y no habiéndose sancionado la ley que reglamente tal obligación, este órgano considera necesario dictar la normativa necesaria que permita realizar este tipo de control’.

Consideró, con buen criterio, «contrataciones de alta significación económica» a aquellas cuyo presupuesto superase los 4,9 millones de pesos en bienes y servicios, los 24 millones de pesos en obras de arquitectura y los 62,6 millones de pesos en obras de ingeniería. También se plasmó la obligatoriedad de remitir los proyectos de pliegos de cada licitación antes de su publicación y se determinaron sanciones para los organismos que no cumplieran. A la vez, se definieron tareas de contralor en las distintas etapas, para lo cual se capacitó al personal. Fue firmada por Federico Tomás, y por los vocales José Luis Gea Sánchez y José Alberto Miranda
Todos los recaudos incumplidos.

¿Cuál fue la respuesta del Ejecutivo? «Caso omiso al Tribunal de Cuentas”.

La Secretaría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo a cargo de José Gervasio Laporte dijo que era nula la acordada ( cómo nos van a controlar?), que el Tribunal de Cuentas (y no Stratta) se excedió en sus atribuciones (el mundo del revés). ¿Qué hizo el gobernador Gustavo Bordet?: Operación blanqueo, demostrando que como le dijo Lauritto, “todo le chupa un huevo”. La hizo fácil: 437.500 dólares es “un vuelto”, “poca plata la diferencia de 93.700 dólares, si vivimos en la abundancia”. Dictó el decreto 820 el 18/4/17 publicado en julio de 2017 en el Boletín Oficial. Decidió alegremente «no aplicar las disposiciones de la acordada 284 del Tribunal de Cuentas» y que mandaría un proyecto de ley que contemple y precise cuándo una contratación del Estado debe ser considerada dentro del concepto de alta significación económica, y deslinde las respectivas competencias a cada uno de los órganos de control, de conformidad al artículo 213 de la Constitución de la provincia de 2008.

”Si no hay ley no es culpa mía, yo tengo derecho a pagar todos los sobreprecios que se me antojen y ustedes no se pueden meter”, le habría dicho enojadísimo en ese entonces a un funcionario que habría quedado temblando de miedo.

DECRETO-820-2017-MDS by Ricardo David on Scribd

¿Qué hizo el observatorio de independencia judicial, el Ministerio Público Fiscal?. Absolutamente nada.
El lunes estaremos presentando una nota al “Observatorio” para que nos explique la máxima transparencia de la compra de 30.000 kgs. de tela por medio millón de dólares, casi en violación a las reglamentaciones vigentes.

Fuente 😛 de R.David