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La oposición repudió que el Gobierno no apoye la demanda contra Maduro: “El kirchnerismo es cómplice de la violación de Derechos Humanos en Venezuela”

La Casa Rosada se retiró de una denuncia presentada por el Grupo de Lima ante la Corte Penal Internacional y dirigentes opositores plantearon fuertes cuestionamientos

La decisión del gobierno nacional de retirar su apoyo a la demanda que el Grupo de Lima interpuso contra el régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) generó repudio en la oposición. Lamentaron que Alberto Fernández haya acabado con “una tradición de décadas de denunciar la violación de los derechos humanos en la región”.

La demanda había sido interpuesta por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina en 2018, para que se investigara al régimen de Venezuela por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.

“El presidente reafirmó su apoyo al régimen de Maduro, dejándonos alineados con una dictadura al borde del colapso”, dijo la presidente del PRO, Patricia Bullrich, y señaló que Alberto Fernández “rechaza por cuestiones ideológicas la ayuda de Estados Unidos para vacunar a los argentinos”.

“Esto también explica por qué no tenemos la vacuna de Pfizer”, concluyó la ex ministra de Seguridad

“El kirchnerismo es cómplice de la violación de DDHH en Venezuela”, afirmó en las redes sociales el presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri.

Por su parte, el ex presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aseguró: “Me duele que se pueda entender que no somos solidarios con las víctimas de graves violaciones a derechos humanos básicos como la vida y la libertad”.

En la misma línea, el ex embajador en Estados Unidos, Brasil, Unión Europea y China, Diego Guelar, dijo que es “increíble que hayamos caído tan bajo” y apuntó contra el canciller Felipe Solá: “Este Señor y su Presidente (Alberto Fernández) se han c….. en la mejor tradición humanitaria y diplomática de la República Argentina”.

La denuncia en cuestión fue la primera presentada por el grupo de Estados contra un gobierno ante la Corte Penal Internacional, que se especializa en investigar genocidios, crímenes de guerra y actos de lesa humanidad.

El diputado nacional Fernando Iglesias se refirió al gesto geopolítico que esta decisión implica: “Los que creen que esta noticia no los afecta se van a quedar esperando la segunda dosis de la Sputin mientras el planeta se vacuna con la de Pfizer”.

Este gobierno termina de destruir una tradición de décadas de denunciar la violación de DDHH en la región. Perdón venezolanos. Cuánta vergüenza”, lamentó el diputado Waldo Wolff.

En tanto, el presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, planteó que es “lamentable que la ideología, los viejos negocios y los favores futuros hagan al gobierno argentino cómplice de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela”.

La semana pasada Alberto Fernández había sido consultado sobre la situación en Venezuela y señaló que el “problema” de las violaciones a los derechos humanos estaba “desapareciendo”.

“Lo digo con mucha franqueza: muchos de izquierda me criticaron porque apoyé el informe de (Michelle) Bachelet (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) cuando marcó acciones del gobierno venezolano que atentaban contra los derechos humanos, pero también trabajé para ayudar a Bachelet para que encare en Venezuela una oficina permanente que haga un seguimiento sobre el funcionamiento de los derechos humanos. Y ese problema poco a poco en Venezuela fue desapareciendo. Hay un camino para resolver los problemas que no pasa por meterse en los países ni de forma armada ni con bloqueos”, dijo Fernández.

De acuerdo a Foro Penal, una ONG que monitorea la situación de los derechos humanos permanentemente bajo la dictadura militar chavista, hasta el día de hoy existen 306 presos políticos en Venezuela. Además, según esa institución, “más de 9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad”.