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La Justicia federal convoca a las partes por el desalojo del predio en el Gauchito Gil

El juez federal Gustavo Fresneda citó a diferentes organismos nacionales, provinciales y municipales, y a actores civiles a una audiencia preliminar el 25 de agosto, a fin de tratar el pedido de desalojo solicitado por la Dirección Nacional de Vialidad del parador Gauchito Gil, ubicado en la Ruta Nacional 123.

Ayer se dio a conocer la determinación de una audiencia de conciliación preliminar que tendrá lugar en el Juzgado Federal de Paso de los Libres el próximo 25 de agosto, a partir de las 9, y a ella fueron citados representantes de Vialidad Nacional (por el Estado nacional),  Vialidad Provincial y Ministerios de Justicia y de Seguridad de Corrientes, de la Municipalidad de Mercedes y el interventor de la Asociación Civil Centro Recreativo Devotos de Cruz Gil y demás partes que integran el proceso.

Dicha reunión judicial se llevará a cabo en el marco de la causa caratulada “Dirección Nacional de Vialidad c/ ocupantes y/o subocupantes Ruta Nac. 123 km. 100 parador Gauchito Gil y otros/ desalojo”, en trámite ante Secretaría Civil n.º 1 del mencionado juzgado.

En declaraciones a Radio Dos, Fresneda comentó que buscarán llevar adelante un plan de urbanización en el predio del Gauchito Gil, que esté a cargo de los diferentes gobiernos para que “todos queden conformes” y que “todos los intereses afectados hoy tengan una solución”.

El funcionario judicial también indicó que van a planificar la reubicación de los puesteros en un lugar predeterminado donde no entorpezcan la circulación por la Ruta Nacional 123.

Sobre si es optimista con la nueva intervención para que se pueda llegar a buen puerto con todas las partes, dijo: “Si todos aportamos racionalidad y sentido común, entiendo que sí. Pero si seguimos con la violencia y esos métodos que nada ayudan a esto, no creo que se solucione”.

Cabe recordar que el doble crimen que conmocionó a Corrientes se produjo hace una semana, cuando, de acuerdo a la investigación, un grupo de personas vinculadas con la anterior administradora del santuario, Ramona Villalba, irrumpió en terrenos donde se domicilia la familia Canteros con el fin de tomar posesión de un predio pretendido como lugar de instalación de puestos de venta, ubicado frente al santuario.

Como consecuencia de los ataques con armas blancas, Sergio Canteros murió en la noche del viernes 6 de agosto y su padre falleció el lunes 9 de agosto, cuando permanecía internado en el Hospital Las Mercedes.

El expediente está caratulado “de oficio por supuesto homicidio agravado por ensañamiento y en concurso real y homicidio en grado de tentativa, una vez reiterado, agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Por el caso hay once personas detenidas, entre ellas tres mujeres y un menor de edad. Serían los principales autores de los sangrientos homicidios.

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