La defensa de Urribarri, enredada en sus propias paradojas

En estos días hemos escuchado asombrados, cómo Sergio Uribarri planea defenderse de las numerosas imputaciones que, mal que le pese, lo tienen sentado en el banquillo de los acusados. Por su propia boca nos enteramos de su ansiedad por ser juzgado, luego de utilizar cuanta artimaña tuvo a su alcance para posponer el inicio de su propio juicio. Hasta apeló a los efectos de una pandemia francamente en retirada para suspender las audiencias públicas, logrando el justificado hartazgo de los jueces que llegaron a contabilizar sus intentos dilatorios para decirle que, como cualquier funcionario público debe rendir cuentas de sus actos reñidos con la ley, no en las urnas que ya no lo tienen siquiera como candidato, sino en los tribunales de justicia, ya que no se juzga su gestión de gobierno, sino su conducta y la de su grupo más estrecho.

Por boca de uno de sus defensores, específicamente el exfiscal de Estado y exdiputado nacional del Frente para la Victoria, Raúl Barrandeguy, nos informamos como explicará como hizo para amasar un patrimonio afortunado, cuyos componentes aún hoy siguen apareciendo. O alguien sabía que además de las empresas agropecuarias que todo el mundo desconocía, ahora también se supo -lo informamos la semana pasada-, que tiene un viñedo en la inmensidad de su mansión millonaria de fin de semana, en el lago Salto Grande de Concordia.

Urribarri, tal como lo planteó Barrandeguy, ¿apelará a la remanida estrategia por la cual para ocultar lo que acumuló en años de saqueo, acusará a quienes fuimos los que investigamos y difundimos el detalle de los bienes que integran el botín de un hombre que vivió de un sueldo de legislador, ministro, gobernador y ahora embajador o se defenderá con documentación concreta? Que es, en todo caso, lo que vale en estos juicios, donde no alcanzan con discursos políticos para la tribuna.

A veces pienso que es triste el papel de algunos defensores, que supieron escalar en la consideración pública la ladera del prestigio defendiendo presos políticos en las horas más oscuras de la dictadura y que descienden -más allá del derecho que le asiste a todo imputado- vertiginosamente años después, defendiendo el saqueo del patrimonio público y atacando a quienes develamos los secretos más oscuros de un poder perverso.

Es posible y lícito atacar a la prensa libre acusándola de interesada para defender las miserias propias. Puede ser y seguramente hablen por la experiencia acumulada en años de gestionar con propaladores rentados con dineros públicos operaciones políticas periodísticas destinadas a perjudicar al adversario ocasional. Pero lo que francamente es una canallada es pontificarlo a Sergio Uribarri como la víctima de un “liberticidio” y pretender transmutar al único ex gobernador que la democracia que supimos conseguir sentó en el banquillo de los acusados a kilómetros de distancia, en una suerte de prócer inmaculado, exento de toda crítica y peor aún, de cualquier investigación, cuando a sus espaldas y las de su hijo y cuñado, a quienes no se le conoce otro vínculo laboral que no haya sido con el Estado Entrerriano, les brotan los billetes como lava de un volcán. Y hablamos de lo que recién se pudo conocer en torno a los manejos de la familia Urribarri.

El actual embajador debería haber solicitado licencia en Cancillería de la Nación y venir a dar la cara al juicio, acá en Paraná. Y si tiene pruebas que la acusación es una montaña de mentiras, en lugar de intentar matar al mensajero, mostrarlas como corresponde.

Esta historia recién empieza en la justicia. Y acá no se está juzgando al peronismo, como dijera en una columna de opinión el exvicegobernador José Cáceres. Acá hay hombres del poder con nombre y apellido que se enriquecieron de modo vergonzoso en los últimos 15 años, pero siguen hablando de las necesidades de los pobres. En el 2007, pese a que ya venían esquivando procesos judiciales donde tendrían que haber sido sancionados por los desvíos de dinero que ya habían hecho, como sucedió con otros, no tenían el patrimonio que hoy ostentan y siempre con ingresos públicos. La gran mayoría de los dirigentes peronistas no vive de esta manera, ni en Paraná, ni en Concordia, ni en Concepción del Uruguay, ni en Gualeguaychú. Y en cada uno de esos lugares hubo hombres y mujeres con puestos importantes en el poder político gobernante. Pero no cambiaron sus vidas y nadie los acusó de desviar dineros públicos. Acá los dirigentes corruptos los conocemos con nombre y apellido. Sabemos quiénes son y cómo actuaron. La justicia los investiga a ellos. Por los hechos que cometieron. Y tendrán que hacerse cargo, como cualquier ciudadano de esta tierra y sin privilegios.

 

(*) Director de ANALISIS. Consignado en el programa Cuestión de fondo, de Canal 9 Litoral, el 6 de octubre de 2021.