Una profunda y peligrosa tensión institucional atraviesa de manera directa la estructura del control público en la provincia, tras salir a la luz un enfrentamiento directo de proporciones inéditas entre el presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara, y el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. El conflicto central entre los dos más altos funcionarios de contralor radica en una espiral de denuncias mutuas y acusaciones cruzadas de altísima gravedad, las cuales exponen severas anomalías administrativas, supuestos delitos de corrupción y un gravísimo bloqueo de controles contables, una situación límite que amenaza con desencadenar procesos de remoción e invocar mecanismos de destitución para ambos en sus respectivos cargos públicos.
La gravedad de esta disputa causa una enorme sorpresa en los pasillos del poder, ya que ambos protagonistas mantenían históricamente una excelente relación personal y política, tejida a lo largo de los años. Se trata de dos figuras clave del esquema provincial que compartieron gestión y espacios de poder durante los mandatos de los exgobernadores Sergio Urribarri y Gustavo Bordet, período en el cual Julio Rodríguez Signes se consolidó como el indiscutido Fiscal de Estado mientras Diego Lara ejercía como diputado provincial. Nada hacía prever que dos aliados de tanta trayectoria, a quienes era habitual ver juntos en actos oficiales e iniciativas legislativas, terminarían desencadenando una guerra institucional abierta.
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El foco del conflicto radica en una marcada resistencia por parte de la Fiscalía de Estado, ya que Julio Rodríguez Signes no quiere dejarse controlar por la conducción de Diego Lara. La acusación específica impulsada desde el Tribunal de Cuentas señala que la repartición conducida por el fiscal es la única en todo el Estado entrerriano que no rinde cuentas sobre sus movimientos financieros. Según marca la normativa, todo organismo público, desde el Senado, la Cámara de Diputados y la Gobernación hasta los ministerios de Salud y Educación, tiene la obligación de someter la totalidad de sus contrataciones, licitaciones, sueldos y gastos operativos a la auditoría permanente para obtener el correspondiente aval de cuentas.
Sin embargo, en el caso de la Fiscalía de Estado, desde hace un tiempo se registra una omisión sistemática de balances, convirtiéndose en la única dependencia estatal que evade el control presupuestario sobre el destino del dinero público. Esta negativa a transparentar los movimientos de caja, licitaciones y contrataciones internas es interpretada dentro del Tribunal de Cuentas como una falta administrativa gravísima, constituyendo el argumento legal y técnico prioritario sobre el cual se fundamenta el pedido para promover la remoción de Rodríguez Signes.
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Por su parte, la respuesta de la Fiscalía de Estado ante la exigencia de auditoría no se hizo esperar, activando una inmediata contraofensiva basada en documentación sensible de alto impacto. Desde el entorno de Julio Rodríguez Signes trascendió que el organismo cuenta con material probatorio reservado sobre causas judiciales de enorme repercusión que comprometen de manera directa al titular del órgano de control. La difusión de estos elementos colocaría a Diego Lara ante una seria causa judicial comprometida, reflotando además sospechas por el cobro de una veintena de cheques irregulares vinculados a etapas anteriores de su función pública.
La posesión de estas pruebas de fuerte repercusión funciona como un elemento de presión extrema para remover a Diego Lara de la presidencia del Tribunal de Cuentas, abriendo la puerta a un inminente jury de enjuiciamiento. Este complejo escenario deja al descubierto una dinámica de presiones mutuas, en la cual la fiscalización de los recursos provinciales ha quedado atrapada en una maniobra de frenos y contrapesos personales, donde el intento de ejercer un control institucional obligatorio es respondido con la amenaza de causas judiciales destructivas. Una pelea que promete: mientras desde el Tribunal de Cuentas (TDC) advierten que, ante la falta de rendición de cuentas de la Fiscalía de Estado existen sobrados motivos para solicitar la destitución de Julio Rodríguez Signes, éste habría dado la orden de retener toda información a Diego Lara debido a la existencia de documentación muy comprometedora para apartarlo de su cargo, un objetivo que persigue un sector importante del gobierno desde el inicio de la gestión.
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