Este viernes a las 8 de la mañana, el juez de Garantías Ives Bastián deberá resolver si dicta prisión preventiva para el abogado Pedro De La Madrid, detenido este jueves bajo la acusación de ejercer ilegalmente su profesión. De La Madrid fue condenado en 2021 a cinco años de inhabilitación para ejercer como abogado, pero según la Fiscalía, habría desobedecido esta orden, utilizando matrículas de terceros para continuar operando. Entre las pruebas, se encontraría un video que, según trascendió, muestra al abogado discutiendo una causa con un supuesto cliente, una interacción que derivaría en una agresión física por parte de De La Madrid hacia su interlocutor, si bien hay denuncias cruzadas. La justicia también sospecha que De La Madrid habría hackeado el sistema informático del Poder Judicial o tendría contactos en el interior del palacio de tribunales que le adelantan información reservada, exclusivamente para funcionarios judiciales, sobre las medidas y oficios que tienen relación a sus causas.
El historial legal del abogado incluye denuncias de estafa procesal, como la presentación fraudulenta en un juicio sucesorio de su exesposa, ya fallecida, a pesar de estar divorciado. Además, enfrenta graves acusaciones por su accionar como asesor jurídico del municipio de Estancia Grande, donde, según la denuncia, habría montado una “fiscalía paralela” (Se lo investiga por la creación de un sistema paralelo de notificaciones con un correo que simulaba ser oficial, mediante el cual gestionaba trámites y cobraba por sus servicios), además de haber falsificado un decreto para garantizar la incorporación de su actual esposa y su hermana en planta permanente con las categorías más altas del escalafón municipal.
A esta lista de acusaciones se suman denuncias recientes relacionadas con la emisión de pagarés falsos con sumas exorbitantes en dólares, supuestamente firmados por clientes incautos de su estudio jurídico (el abogado les hacía firmar documentos y aprovechaba los espacios que había entre el escrito original y sus firmas, los recortaba y llenaba el blanco con el contenido de un pagaré en dólares). Estos documentos habrían sido emitidos en favor de su esposa y su aparente socio, Alejandro Jacobi, con quien además compartía domicilio fiscal.
Ahora, fuentes judiciales confiaron que también existen sospechas de que el abogado De La Madrid podría haber hackeado el sistema informático judicial o contaría con ayuda interna que le brindaría de manera anticipada información restringida sobre las medidas relacionadas con sus causas, incluyendo pruebas, declaraciones testimoniales y resoluciones preliminares no notificadas aún a las partes, comunicaciones confidenciales entre dependencias, instrucciones reservadas y documentos internos como borradores de sentencias o resoluciones.
También se supo que el contexto de su detención fue, por lo menos, llamativo: El abogado se presentó el martes en tribunales para solicitar autorización para viajar a Brasil junto a su segunda esposa, Analía Romero, argumentando que siempre se había mantenido “a derecho”. Sin embargo, la fiscal Daniela Montagie solicitó su inmediata detención al considerar que no solo estaba incumpliendo la condena de inhabilitación, sino que además existía riesgo de fuga y que la acumulación de acusaciones y pruebas requería medidas urgentes.
Durante los años en los que debió cumplir con la inhabilitación, De La Madrid habría continuado ejerciendo la abogacía mediante las matrículas de otros colegas, entre los que se mencionan a la abogada Valentina Klaus Gerling y al propio Jacobi.
