Escándalo en Concordia, condena e inhabilitación

Un alto funcionario, muy cercano al gobernador Bordet, habría intentado engañar a la justicia para favorecer a un familiar.

La hipótesis surgiría luego de que el médico policial de Concordia, Dr. Alcides Eduardo Ramón Marcogiuseppe, fuera acusado de haber falsificado un certificado médico para favorecer al exfuncionario municipal Luis Maximiliano Benedetto.

El profesional de la salud terminó aceptando su responsabilidad y firmó un juicio abreviado. Por ese motivo quedó inhabilitado para ejercer cargo público por 4 años, ya que falseó un certificado con un diagnóstico para favorecer a Benedetto, y también aceptó como condena dos años de prisión condicional.

El profesional estaba imputado por dos hechos, en primer lugar, “Abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, en la medida que Marcogiuseppe habría quebrantado los deberes que le competen como auxiliar de la Justicia, ya que ejercía como médico policial, pero asumió un rol de asesor de la defensa.

En segundo término, concretamente por haber confeccionado un certificado médico y haberlo presentado ante el juez que entiende en la causa, lo cual podría encuadrarse como un delito de “Falso testimonio y falsificación de instrumento público”.

El ahora ex médico policial confeccionó y luego presentó ante la Oficina de Gestión de Audiencias de Concordia, un informe médico sobre la salud del imputado que resultó trucho, donde decía haber «constatado» que Luis Maximiliano BENEDETTO presentaba “cefalea, artralgia, disgeusia, pérdida de gusto y el olfato y al informar falsamente haber puesto en conocimiento la situación de salud de BENEDETTO al Fiscal en turno”.

La prueba determinante fueron una serie de audios y mensajes de WhatsApp entre el médico y el círculo más cercano del ex Director del Parque San Carlos, entre ellos con su padre, el Ingeniero Luis Benedetto, Presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica de Salto Grande, y con el abogado defensor del joven, el también funcionario nacional Diego Labeque Drewanz, Coordinador del Centro de Frontera Concordia-Salto.

Los audios y mensajes por medio de WhatsApp que quedaron incorporados como pruebas en la causa fueron ponderados como “elocuentes y categóricos”, puesto que revelan que el médico quebrantó los deberes que como auxiliar de la Justicia derivan del cargo de médico policial que ejercía en la Jefatura Departamental de Concordia.

El interrogante ahora surge de las comunicaciones «elocuentes y categóricas» entre el profesional médico y el influyente alto funcionario, que se habría comunicado con el médico, ahora condenado, para intentar favorecer a su hijo.

Más allá de las generales de la ley que lo asisten al funcionario, por ser el padre del imputado los mensajes y llamados no serían relevantes para comprobar la posibilidad del uso de poder que sOn los altos cargos dentro de los organismos del estado. ¡Solo el médico policial quebrantó los deberes de funcionario público?

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