El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias del Congreso del 26 de diciembre al 31 de enero

En los próximos días el Ejecutivo enviará el proyecto de ley “ómnibus” para su tratamiento. Los equipos técnicos siguen trabajando en los detalles finales

El presidente Javier Milei firmó este viernes el decreto convocando a sesiones extraordinarias del Congreso desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero para tratar el anticipado proyecto “ómnibus” que incluye la reversión del impuesto a las Ganancias, la eliminación de las PASO, los cambios en la movilidad jubilatoria y otras reformas impositivas.

Esta tercera tanda de medidas, se sumará al programa de emergencia anunciado por Luis Caputo y el DNU que se publicó el miércoles en el Boletín Oficial. Según dejaron trascender desde la Casa Rosada, las reformas, de índole política, económica y administrativa, finalmente no se presentarían en varios paquetes como había pedido la oposición, sino en un solo documento unificado.

Desconfiados con el apoyo de sus incipientes aliados del PRO, en el entorno del jefe de Estado quieren evitar que el Congreso “entorpezca” el tratamiento con señalamientos y maniobras legislativas, y advierten que en caso de que se pongan trabas no dudarán en avanzar por medio de nuevos DNU.

En los primeros días post-balotaje, Milei había dejado trascender que tenía planeado convocar a Extraordinarias apenas después de asumir, el 11 o el 12 de diciembre. Pero el llamado se fue postergando debido a que los equipos técnicos no habían terminado el contenido del proyecto de ley.

Ayer, el ministro del Interior, Guillermo Francos, encargado de la relación con los gobernadores, estuvo en el palacio del Congreso con los legisladores que responden a Milei, incluidos Victoria Villarruel y Martín Menem, para sumar lineamientos a la estrategia legislativa que planea el Ejecutivo. El martes había recibido a los gobernadores junto a Milei en la Casa Rosada, donde les pidieron apoyo tanto para el DNU como para el paquete de medidas. El primero es fuertemente resistido por el kirchnerismo, principalmente por el contenido, que desregula profundamente la economía y las relaciones contractuales. Pero también por los sectores “blandos” del PRO y la UCR, que si bien muestran acuerdo con el grueso de la reforma, cuestionan que se busque pasarlas por la vía de un decreto en lugar de que se trate por los canales institucionales de las Cámaras.