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Desde el estudio jurídico Giampaolo salieron al cruce de las acusaciones por los desalojos

A comienzos de semana hubo un desalojo en calles Vito Moreno y Concejal Veiga, en Concordia. Al menos 3 familias fueron desalojadas de las casas que ocupaban y las viviendas fueron demolidas. Ese mismo día, quienes ocupaban los terrenos decidieron protestar y cortar una calle, a la vez que trascendió que hace más de dos décadas ocupaban ese lugar.

Tras lo que sucedió, en poco tiempo aparecieron quienes dicen ser los dueños del lugar, que están relacionados con el estudio de abogados que sigue la causa.

Este viernes, el Estudio Jurídico Giampaolo emitió un comunicado en el que hace algunas aclaraciones respecto de lo que sucede y acusa a algunos medios de “falsas y malintencionadas publicaciones”.

“Ante las falsas y mal intencionadas informaciones que se publicaran en algunos medios digitales y redes sociales (muchas abusando del anonimato), este Estudio Jurídico y en especial su titular, se ven en la obligación de dar a conocer la verdad a la opinión pública”, indicaron.
Además, señalaron: “Aclarando desde el principio que solo dos medios periodísticos se han comunicado, para chequear la veracidad de las supuestas agresiones, y aun así sin nuestra versión y sin mirar el expediente han optado por publicar mentiras e incongruencias, en algunos casos con intereses inconfesables”. Según dejaron trascender desde el estudio, esos dos medios son Diario Junio y Diario El Sol.

Tras explicar algunos detalles sobre el proceso judicial, afirmaron que “es FALSO que haya abuso o falta de humanidad, acusación que hace esta vecina y anónimos cómplices con sola la intención de burlar la justicia y lograr abusar aún más de un situación ilegal que lleva ya 8 años en la justicia”.

“Es FALSO que los terrenos sean o hayan sido de propiedad pública o municipal, los actuales propietarios adquirieron el bien en el año 2011, y anteriormente eran titularidad de la Sra Melo, Eusebia Renés, y anteriormente del señor TAMAÑO, quién a su vez los adquirió en australes de la familia históricamente dueña (LARROCA), información que es de público acceso”, señalaron.

También remarcaron: “Mucho más FALSO aún es que las viviendas en cuestión hayan pertenecido al IAPV, las misma ni siquiera cuentan con servicios públicos (cloaca, agua y electricidad), son de madera y es de público conocimiento (más para un medio periodístico) que jamás el IAPV puede construir en un inmueble así. Todo es parte de un accionar intencionado de muy pocos ocupantes que se intentan burlarse de la justicia y de sus propios vecinos, que con esfuerzo han comprado sus inmuebles, basta consultar a los “vecinos” reales del Barrio que nos rogaban con temor que de una buena vez se lleve a cabo el desalojo”.

“El apego a la ley, es el camino a la justicia y esta es la base de un orden Democrático”, concluyen.

El escrito completo

Comunicado oficial: “Cuando la ley y el orden es violentado, la respuesta debe ser más Ley”

Ante las falsas y mal intencionadas informaciones que se publicaran en algunos medios digitales y redes sociales (muchas abusando del anonimato), este Estudio Jurídico y en especial su titular, se ven en la obligación de dar a conocer la verdad a la opinión pública
Aclarando desde el principio que solo dos medios periodísticos se han comunicado, para chequear la veracidad de las supuestas agresiones, y aun así sin nuestra versión y sin mirar el expediente han optado por publicar mentiras e incongruencias, en algunos casos con intereses inconfesables.
En segundo lugar debemos aclarar que la causa que se menciona como “Desalojo del Bº Lavarden” ya no se encuentra bajo la procuración del Dr. Giampaolo, este no siquiera estaba en Concordia, y quien agotó los intentos conciliatorios, junto al esfuerzo de un equipo de trabajo, del juzgado, de los propietarios y terceros interesados con los que se buscó todo tipo de solución.

Aclarado esto, cabe decir que la causa tramita en el Juzgado Civil y Comercial N° 2 a cargo del Dr. Belén, también injustamente atacado (ya que hizo todo a su alcance para un solución pacífica y constructiva). En el expediente cualquier medio o interesado puede consultar la verdad, y ver que lleva más de 8 años de tramitación, cuenta con orden de desalojo firme desde el 2017 y a pesar de ello se han intentad innumerables audiencias conciliatorias donde todos los ocupantes han participado, con sus respectivos defensores, (más de 6 abogados han defendido y ejercido todos los controles de ley. La misma comenzó cuando el caso era llevado adelante por el Dr. Amaduzzi, luego en 2015 continuada por el Dr. Senés, quienes fruto de estas amenazas de escrache se apartaron, siendo ahí recién recibida por este estudio a pedido de un amigo, junto a los que siempre se mantuvo la actitud de dialogo y búsqueda de consensos.

Incluso es justo decir que hasta la misma Municipalidad de Concordia, (también injustamente atacada) hizo su esfuerzo y puso a disposición otros predios donde los vecinos pudieron adquirir sus títulos y dejar de usurpar, hecho que algunos vecinos optaron, todo ello conocido y reconocido por la misma denunciantes en el Expte Municipal N° 26443-SC.

En ese marco el Juzgado y esta parte, en un elevado criterio conciliatorio intento arribar a acuerdos de compra en cuotas o de desalojo voluntario, logrando que varias familias ya abonen en cuotas su lote e incluso algunos se encuentren en trámite de escrituración. Solo un vecino se opuso y opto por la fuerza para impedir el desalojo difamando y extorsionando.

Por lo que es FALSO que haya abuso o falta de humanidad, acusación que hace esta vecina y anónimos cómplices con sola la intención de burlar la justicia y lograr abusar aún más de un situación ilegal que lleva ya 8 años en la justicia.

Es FALSO que los terrenos sean o hayan sido de propiedad pública o municipal, los actuales propietarios adquirieron el bien en el año 2011, y anteriormente eran titularidad de la Sra Melo, Eusebia Renés, y anteriormente del señor TAMAÑO, quién a su vez los adquirió en australes de la familia históricamente dueña (LARROCA), información que es de público acceso.

Mucho más FALSO aún es que las viviendas en cuestión hayan pertenecido al IAPV, las misma ni siquiera cuentan con servicios públicos (cloaca, agua y electricidad), son de madera y es de público conocimiento (más para un medio periodístico) que jamás el IAPV puede construir en un inmueble así. Todo es parte de un accionar intencionado de muy pocos ocupantes que se intentan burlarse de la justicia y de sus propios vecinos, que con esfuerzo han comprado sus inmuebles, basta consultar a los “vecinos” reales del Barrio que nos rogaban con temor que de una buena vez se lleve a cabo el desalojo.

Todo ello ha hecho que todos los tiempos se hayan agotado, incluso una prórroga solicitada por 30 días, por la misma denunciante, que venció en diciembre del 2021, tan así que los propietarios y sus nuevos letrados entablaron conversación con una empresa dedicada a la construcción viviendas de bajo costo y locales para pequeños emprendimiento y para tal fin han nombrado a un apoderado comercial y a nuevos letrados, con el fin de urbanizar la zona (un viejo anhelo de todos los vecinos del Barrio) que ya se está llevando a cabo con medios y maquinaria absolutamente privada.

También es justo decir que el mismo CAER se ha expresado al respecto repudiando este mecanismo o tipo de accionar coercitivo e injuriante, como modo de impedir la vigencia de la ley y el orden.

Por último, entendiendo que las acusaciones además de falsas, tiene una clara intención; Y más allá del daño que causan en la honra de las personas involucradas, lo realmente repudiable es el impedimento del ejercicio mismo de la Abogacía y la vigencia de la Ley y del estado de derecho. Y buscando evitar el camino de la desinformación a la que se pretende llevar el vale todo, esta es la única respuesta que se brindara por medios públicos y solo por respeto a familiares, amigos, clientes y vecinos que honran, su vida, con el trabajo y el esfuerzo diario para sostener a sus familias

El resto del asunto se continuará solucionando exclusivamente en los estrados judiciales, tanto penales como civiles, por una estricta cuestión de ética, de respeto a quienes, sí informan con veracidad y alejados de intereses oscuros. Pero sobre todo en defensa del ejercicio de la profesión y del respeto a la Ley, dejando atrás definitivamente la idea de que todo es lo mismo y cualquier accionar es válido.
El apego a la ley, es el camino a la justicia y esta es la base de un orden Democrático.

Equipo de trabajo ESTUDIO GIAMPAOLO.

Fuente: El Entre Ríos

 

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