Contratos truchos: “Buscan que estas causas no lleguen a juicio”, lamentó Goyeneche

La procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción destituida, Cecilia Goyeneche, brindó precisiones sobre el estado de la causa de los contratos truchos de la Legislatura luego de que la Cámara Nacional Electoral rechazara un recurso de queja del Ministerio Público Fiscal en el conflicto para dirimir la competencia sobre la causa entre el fuero federal y el fuero ordinario. También se refirió a la denuncia ante el Jury de Enjuiciamiento contra el fiscal Ignacio Aramberry.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Goyeneche admitió que “sorprende” la resolución.

“Estábamos esperando este fallo porque la Corte hace unos 15 días tenía para resolver el conflicto de competencia que se generó entre la jueza Marina Barbagelata, que sostiene que la competencia para juzgar la causa de los contratos truchos es de la provincia de Entre Ríos, y el juez federal Daniel Alonso que pidió que luego de ser remitida a juicio, la causa debe juzgarse en el Juzgado Federal de Paraná. Esto se llama conflicto positivo de competencia porque los dos sostienen que son competentes, esto fue a la Corte para que resuelva pero a la vez la Fiscalía Federal de Paraná presentó un recurso contra eso ante lo cual la Corte determinó que antes de su resolución sobre la competencia debía resolverse ese recurso de la Fiscalía. Ante ello, inmediatamente la Cámara Nacional Electoral rechazó ese recurso que había interpuesto la Fiscalía Federal de Paraná”, explicó.

Afirmó en este marco que “lo que se produjo es una dilación porque ahora sí tiene que resolver la Corte este conflicto positivo de competencia que hay entre los jueces Alonso y Barbagelata, con lo cual se dilata todo bastante tiempo más porque hace un año atrás la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dispuso que mientras ese conflicto esté abierto no se puede seguir con el trámite de la causa”.

“Esto hace que la causa esté parada. La Fiscalía investigó aproximadamente en un año y medio, cuando se estaba por remitir a juicio la defensa pidió una pericia contable que demoro poco más de un año y medio también, se remitió a juicio el 1 de junio de 2021 y ya se lleva más de un año en este conflicto en que la causa esta parada esperando que se resuelva quien tiene que juzgarla”, agregó.

En cuanto a los motivos de este conflicto de competencia, Goyeneche explicitó que “es algo que sorprende porque el planteo de las defensas para pedir la competencia federal es que el dinero que se sustrajo de la Legislatura con los contratos truchos, que era dinero del Estado o sea de los ciudadanos entrerrianos, se gastó en campañas electorales para cargos nacionales”.

“Esto presupone que el dinero se sustrajo, da por cierto la sustracción del dinero, y da por cierto algo que en la causa no está para nada acreditado, no ay ningún elemento que haya visto hasta la remisión a juicio, que el dinero se gastó en campañas políticas. En la remisión a juicio hay un análisis bastante extenso de cómo se gastaba en inversiones inmobiliarias pero no vi nada que dijera que se gastaba en campañas políticas, que además presupone meter en la causa a muchas más personas y vincular prácticamente a un partido”, precisó.

En este sentido, opinó que “es bastante absurdo y sorprendente, pero está dentro de esta trama lamentable que se está dando en nuestra provincia para que estas causas no lleguen a juicio; es una forma de dilatar, pero de todas formas creo que esto –tarde o temprano- se va a dirimir por la competencia ordinaria o si lo hicieran por la competencia federal van a terminar juzgando los Tribunales Federales una causa de competencia ordinaria. Es una cuestión de quien juzga pero esencialmente lo que pasa es que se genera una dilación bastante más grande de este trámite, que es un poco lo que se está buscando políticamente”.

Consultada por la cuestión de los plazos, la fiscal aseveró que “en los Tribunales de la provincia con el tema de los plazos también han pasado cosas absolutamente absurdas y encima ahora está la Sala Penal promoviendo un proyecto de reforma del Código Procesal Penal también tendiente a buscar la impunidad, donde proponen que exclusivamente los plazos de Fiscalía para la investigación sean perentorios de tres meses –cuando en la realidad en tres meses en la Fiscalía no se obtiene ni siquiera un informe psicológico de imputado o de víctima, ni un informe bancario- y además es un plazo que carga solamente sobre Fiscalía, después los Tribunales se pueden tomar años para fijar una audiencia. Las audiencias de debate están demorando ahora entre seis meses y un año para realizarse, cuando el Código establece que deben realizarse en un mes desde que se remite a juicio”.

De todos modos, aclaró que “estos plazos de la causa contratos están parados por orden judicial entonces no implicaría ninguna obstaculización ni incumplimiento de plazos por parte de ninguna de las partes y tarde o temprano el juzgamiento va a tener que llegar”.

Aunque no pudo confirmar que hubiera incidencia de sectores del gobierno nacional para esta resolución de la Cámara Nacional Electoral, Goyeneche dijo que “hubo periodistas que lo sostuvieron, pero no tengo ningún elemento ni dato concreto que me lo indique”.

Apuntó finalmente que “hay que esperar la resolución de la Corte que puede ser en seis meses o un año, o mucho antes, es absolutamente imposible de predecir; pero cualquiera que lee la remisión a juicio de la causa y las actuaciones se da cuenta que son afirmaciones alocadas, según las cuales podría haber una competencia federal en base a cómo se gastó la plata”. Como ejemplo mencionó: “Si pensáramos en un delito común esto jamás ocurriría; en el supuesto de un robo, si quien robó dice que la gastó en droga, debería ser investigado por la justicia Federal porque es la competente en investigaciones de narcotráfico”.

“Ese nivel de absurdo en algún momento se tiene que subsanar y creo que la corte cuando tome esa causa lo va a resolver adecuadamente, hay que tener paciencia en cuanto a los plazos, y en algún momento va a llegar”, planteó.

En otro orden de cosas, dijo que no le preocupa la denuncia contra el fiscal Ignacio Aramberry por mal desempeño y falso testimonio durante el jury contra Goyeneche. “Uno siempre está con el cerebro dividido entre lo que es razonable y lo que termina pasando. Desde la perspectiva de lo que es razonable a esa causa el Jury de Enjuiciamiento ni siquiera debería haberle corrido traslado y tendría que haber archivado la denuncia por su nivel de absurdo.  No obstante, ya le corrieron traslado, ya hizo el descargo Aramberry, y entiendo que lo van a desestimar en algún momento”, aseveró.

Al respecto, advirtió que “obviamente la denuncia es hecha con un fin concreto y es la de generar presión dentro del Ministerio Público Fiscal para que los fiscales sientan que están a merced de una decisión que puede ser tan arbitraria como la que provocó mi destitución, tan absurda y tan fuera de todo juego leal, y que tengan temor de proseguir con las investigaciones y las causas que tienen contra funcionarios públicos. Este es el fin de esa denuncia”.

“En ese sentido siempre preocupa porque no se puede vivir en una democracia donde las cosas funcionen adecuadamente si estamos con este nivel de presiones porque obviamente lo que está pasando hoy en día es que cualquier fiscal que investiga corrupción o que investiga a funcionarios públicos es perseguido luego a través de estas presentaciones, a través de degradaciones que se hacen en la prensa y de persecuciones que son de venganza misma. Eso no puede pasar porque no lo podemos sostener en el tiempo, hay que corregirlo dentro de nuestras instituciones. Pero en el caso concreto no me preocupa porque sé que no hay ningún elemento como para que el jury sea abierto”, concluyó.

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