CONCORDIA: Justicia o Injusticia CAUSA CODESAL – HOTEL AYUÍ

El hotel está cerrado desde el inicio de la cuarentena, en marzo de 2020

En algún momento gobernador Gustavo Bordet hizo referencia a esa clase de «limbo» cuando se le preguntó de quién depende jurídicamente el Hotel Ayuí, quién tiene el poder concedente de sus instalaciones, enclavadas en el perilago de Salto Grande. «Hay una situación realmente confusa», respondió el mandatario. Y agregó: «Hay una suerte de limbo jurídico entre la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande y la provincia».

Si el Hotel Ayuí no fuera el epicentro de presuntos hechos de corrupción que están siendo investigados por la Justicia, lo del «limbo», que -según Bordet– habrían heredado tanto él como la actual conducción de la Represa de Salto Grande, no pasaría de ser una mera desprolijidad legal a resolver por los letrados de las partes.

Al  fiscal Aníbal Lafourcade le llevó  varios años investigar al Hotel Ayuí, en tanto escenario de presuntos negocios incompatibles entre funcionarios públicos, con bienes del Estado que les fueron confiados a particulares, la constitución de sociedades radicadas fuera de la provincia y empresas presuntamente fantasmas.

Lamentablemente lo que está en juego es el desarrollo turístico local tan, carente de atractivos y servicios , ya que el hotel por si solo, lo fue durante años  un icono de buenos servicios  hotelero, gastronómico  y   he aquí la política … siempre la política lleva a ensuciar las cosas, producto de mutuos favores que tarde o temprano salen a luz.

La causa llegó a tribunales luego de que el diario Redes de Noticias, a fin de noviembre de 2013, revelara que «a través de una empresa fantasma, Luis Mazurier, presidente de la Corporación para el Desarrollo del Lago de Salto Grande (Codesal) se adjudicó a sí mismo el Hotel Ayuí». El informe periodístico en esa ocasión, puso al descubierto que los servicios eran facturados por Alberto Jesús Villanueva, en su momento empleado de Codesal, un organismo dependiente del Ministerio de Gobierno.

  • ¿Quién le concedió la explotación del Hotel Ayuí a Villanueva, el hombre de confianza de Luis Mazurier, en su momento empleado de la Codesal, que durante años facturaba los servicios de alojamiento y gastronomía?

  • Si fuese cierto que jurídicamente el Hotel Ayuí nunca dependió del Estado provincial, ¿Cómo se explica que en el Boletín Oficial de Entre Ríos, de fecha 2 de Diciembre de 2013, la Codesal publicara un extraño «llamado a interesados» que decía: «La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), en su carácter de autoridad de aplicación en las actividades de explotación turística y desarrollo del Perilago de Salto Grande, dentro de la Provincia de Entre Ríos, invita a los empresarios hoteleros, gastronómicos y dedicados al turismo, para que manifiesten su interés en la explotación integral del Hotel Ayuí, ubicado en el Perilago de Salto Grande…».

Esto explicaría de alguna forma la actual situación, de acuerdo a una consulta efectuada por Análisis Litoral , al Ing Luis Benedetto, ( Presidente delegación Argentina CTM)  quien manifestó que CTM, en su momento  otorga en una concesión a  CODESAL, la explotación del Hotel y área del Perilago de Salto Grande por 30 años .

Al principio de su gestión , Benedetto, expresa que planteo encontrar una solución, al gobierno provincial, con el propósito de que este desista de dicha concesión, a fin de recuperar la tenencia, para volver a ponerlo en valor, lo que tendría como condición previa, despojarlo de todo el componente judicial , el que debería solucionar la provincia para resolver luego la devolución, acotando que una  recuperación del mismo  en la actualidad supera holgadamente los  dos  millones de dólares,  para poder volver a poner en funcionamiento el emblemático Hotel Ayui que se encuentra abandonado  desde principios de la pandemia .

Causa judicial

En los idas y vueltas de la causa, con muchas “personalidades” involucradas  donde al principio de la misma, la justicia aparento ponerse firme e ir hasta las ultimas consecuencias hoy se encuentra “dormida”, como tantas cuando es el propio gobierno y políticos los acusados.

El fiscal José Arias explicó, en su momento que la causa Codesal- Hotel Ayuí, por peculado de bienes, peculado de servicios e incumplimiento de los deberes de funcionario público, finalmente se elevó a juicio. “Ahora ya está integrado el Tribunal y se está esperando la fecha para el debate”, indicó. “No hay ningún otro obstáculo, solo falta la fecha”, expresó. Hay cinco personas imputadas en la causa: Luis Mazurier, ex titular de la Codesal y propietario del Diario El Sol, Cintia Mengeón, Alberto Jesús Villanueva, María Florencia Lauría y Teresita Bordón.

Pero aún falta para que se resuelva la fecha. Arias explico que por la pandemia se produjeron retrasos en el funcionamiento de la Justicia.  “Hubo un agravamiento en la situación de atraso en la realización de los juicios”, indicó. El fiscal explicó que recién se están llevando a cabo los juicios elevados en 2018. Y la causa fue elevada a mediados de 2020, hoy julio de 2021 , silencio absoluto.

 


Detalles de la imputación

El Juez de Garantías Darío Mautone dispuso “la apertura de la etapa de juicio” y remitió a la Sala Penal de Concordia la causa caratulada “MAZURIER, LUIS ALBERTO y OTROS s/PECULADO” Leg. Nº 6338/10, que se sigue contra los imputados Luis Alberto Mazurier, Cintia Del Rosario Mengeon, Teresita Jesús Itatí Bordon, María Florencia Lauria y Alberto Jesús Villanueva”, por los delitos de “PECULADO DE BIENES” en “CONCURSO IDEAL” con el de “ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”.

En virtud de lo resuelto por el magistrado, sólo resta saber el día y la hora en que dará comienzo el juicio oral y público, en el que un tribunal colegiado deberá labrar sentencia, condenando o absolviendo a los imputados.

El debate oral y público promete ser extenso, si se tiene en cuenta la larga lista de testigos, que incluye a tres gobernadores: el actual, Gustavo Bordet, Jorge Pedro Busti y Sergio Daniel Urribarri. También figuran Hugo Alberto Ballay, Edgardo Kueider, Julio Rodríguez Signes, Juan Carlos Chagas, Néstor Berterame, Enrique Stola, José Carlos Ostrosky, Enrique Oscar Bacigaluppe y Sara Inés Chapado.

La resolución de Mautone puso fin a una extensa etapa de investigaciones, que comenzó en 2010, cuando el entonces fiscal Aníbal Lafourcade se hizo eco de una denuncia periodística que atribuía presuntas maniobras delictivas a Luis Alberto Mazurier, quien se desempeñaba como presidente de un organismo provincial, la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), cargo que le había confiado Jorge Busti en su tercera gobernación y su ministro de gobierno Sergio Daniel Urribarri.

Fue el doctor José Arias quien continuó luego la labor investigativa, una vez que Lafourcade fuera designado juez. En tanto, el abogado Osvaldo Sarli ejerce la defensa de Mazurier y de Cintia Mengeon. Juan Jose Buktenica representa a Alberto Jesús Villanueva, mientras que Jorge Romero defiende a María Florencia Lauria y Teresita Bordón.

Los 7 hechos
En los detalles de la imputación, se atribuye a los acusados un total de siete hechos. A Mazurier se lo imputa por la sustracción del dinero que se cobraba por diferentes servicios en el camping La Tortuga Alegre, lo mismo que el Complejo Termal Perilago, en el Camping Las Palmeras, la Península Gregorio Soler y el balneario Punta Viracho, todos ubicados en la zona del perilago de Salto Grande.

También se lo acusa por haberse quedado de manera ilegal con el Hotel Ayuí, maniobra que habría perpetrado a través de la firma Balace SRL, Cintia Mengeon y Alberto Jesús Villanueva. Para ser más precisos, la resolución describe este último hecho en estos términos: “Omitió deliberadamente asumir la administración del HOTEL AYUI sito en la zona del Lago de Salto Grande de la ciudad de Concordia, conforme se estableciera en los convenios celebrados entre la DA-CTM y BALACE SRL de fecha 9 de enero de 2002, Acta Complementaria del 14 de agosto de 2002 y en Acta del 6 de diciembre de 2004 y convenios celebrados entre la DA-CTM y el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos de fecha 1o de diciembre de 2004 y el 7 de diciembre de 2005, todo lo cual realizó con el propósito de aprovecharse de tal circunstancia y apoderarse ilegítimamente de todos los montos percibidos por la explotación comercial del HOTEL AYUI, conducta que llevó adelante por intermedio de BALACE SRL, Cintia del Rosario MENGEON y Alberto Jesús VILLANUEVA, quienes – respectivamente- gerenciaban el hotel y oficiaban de prestanombre”.

También se imputa a Mazurier haberse aprovechado del personal de la CODESAL para llevar a cabo trabajos “de electricidad, pintura y jardinería, para mantener y mejorar las instalaciones del HOTEL AYUI”, favoreciendo a la firma privada Balace SRL.

A María Florencia Lauria y a Teresita Jesús Itatí Bordón se las imputa por haber omitido inscribir a la CODESAL y efectuar las rendiciones de ingresos y egresos ante el Tribunal de Cuentas de la provincia. Fiscalía consideró que tales omisiones facilitaron que Mazurier pudiera apoderarse del dinero que se cobraba por los diferentes servicios prestados en los camping y termas bajo administración de la CODESAL.

Los delitos en juego

En cuanto a las calificaciones legales, a Mazurier se le endilga la autoría material del delito de peculado de bienes y de servicios, en concurso ideal con Administración Fraudulenta en Perjuicio de la Administración Pública, Omisión de Deberes de Funcionario Público y Abuso de Autoridad.

A Cintia del Rosario Mengeon, al igual que a Alberto Jesús Villanueva, se los acusa de partícipes necesarios del peculado de bienes, en concurso ideal con la administración fraudulenta en perjuicio del Estado, e igual calificación les cabe a María Florencia Lauria y Teresita Bordón.

Dicho de otro modo, Fiscalía cree probado que Mazurier se apoderó tanto del Hotel Ayuí como de los fondos públicos que recaudaba la CODESAL, organismo que cobraba “en negro” las entradas a sus instalaciones, sin emitir facturas ni contar siquiera con CUIT de inscripción ante AFIP.

Conclusión

Fuera de toda connotación publica y política de un caso mas de corrupción, se debería comprender que esta perdida, como tantas otras para Concordia y region, afectan seriamente  un vector de desarrollo, como lo es el turismo y la desaparición de mano de obra local para una ciudad que ocupa desde hace mucho tiempo los primeros lugares en el ranking de ciudades con mayor desocupación.

En definitiva, ¿Quién ha sido responsable último de todo lo sucedido en el hotel durante los últimos años? .
¿Quién se hace cargo del visible abandono de las instalaciones del hotel? .Cuántos años más deberán pasar para que la causa que tiene como principal imputado al exfuncionario provincial Luis Mazurier llegue a la instancia del juicio y un tribunal absuelva o condene?

Recopilación y Fuente citadas: Análisis Litoral, El Entre Ríos ,Concordia7

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