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Clan familiar narco de Concordia acordó condenas con la Justicia Federal

En el juicio abreviado hubieron penas de prisión efectiva y condicional, según el rol de cada uno en la organización. El proveedor era un paraguayo -residente en Misiones- que cruzaba la frontera con marihuana y cocaína.

La investigación comenzó a partir de la información recibida por efectivos de Gendarmería Nacional de Concepción del Uruguay, y las sospechas de que Marcos Rubén Benítez, su pareja y su hermano, entre otras personas, desarrollaban actividades en infracción a la ley de drogas en el asentamiento La Bianca: transporte, fraccionamiento, guarda, distribución y comercialización de sustancias, los que eran traídos desde Paraguay hasta la ciudad de Concordia por personas como Alcides Cardozo Tindel, con camioneros, choferes de colectivos, incluso algún cargamento habría llegado en avioneta.

En el desarrollo de la pesquisa se pudo saber también que Benítez y su esposa viajaron en numerosas oportunidades a Paraguay, a reunirse con los proveedores y en algunas ocasiones ellos mismos trajeron el material estupefaciente hasta Concordia en su vehículo. Debido a las características edilicias y territoriales del lugar donde funcionaba el clan narco, hubo no pocas complicaciones para las diversas tareas de vigilancia y seguimientos.

El Juzgado Federal de Concepción autorizó la intervención de numerosas líneas telefónicas, entre las que se destacaron las de Benítez y Cardozo Tindel (señalado como el proveedor y transportista desde Paraguay y Misiones).

Surgió una comunicación con una mujer, que le recriminaba al paraguayo que le dijera con quién se encontraría y que le dé motivos de por qué no quería realizar una videollamada. Ese contacto telefónico impactó en la misma ubicación geográfica donde se activaba el celular de Benítez, por lo que los gendarmes solicitaron la orden de registro domiciliario, requisas personales y registros vehiculares ante la presunción de que se había llevado a cabo el transporte de drogas desde Misiones hasta el domicilio del sospechoso en Concordia. De las conversaciones detectadas con anterioridad un par de días antes, se esperaba que Benítez recibiera un cargamento proveniente del norte del país.

Con esta información y todo el material reunido durante los meses de investigación, se libraron las órdenes de allanamientos simultáneas el 3 de junio de 2019. En los mismos se secuestró una cantidad considerable de drogas (cocaína, más de un kilo de marihuana), como así también distintos envoltorios fraccionados para la venta. Además de dispositivos electrónicos, celulares, GPS, intercomunicadores, balanzas, tres autos, dos motos de alta cilindrada, valuados en más de 1 millón de pesos, la suma de más de 350.000 pesos en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Siete personas fueron detenidas y luego procesadas por la participación en la banda narco. Entre ellas, una mujer de Santa Fe, con presuntos vínculos delictivos en la vecina provincia.

Dos años después el caso llegó a juicio, donde las partes acordaron distintas penas en un juicio abreviado. El fiscal auxiliar Francisco Bernhardt, la defensora oficial Julieta Elizalde, y los defensores particulares Félix Pérez y Juan José Buktenica, junto a los imputados, presentaron el acuerdo al Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, integrado en forma unipersonal por Sebastián Gallino.

Escuchados

En la sentencia que homologó el abreviado, el juez valoró varias de las pruebas del expediente, principalmente escuchas telefónicas. Por ejemplo, la comunicación entre un cliente y Benítez: el primero le preguntó si consiguió “verde”, y le contestó: “No, imposible, imposible”, pero le aclaró que “la otra”, por la cocaína, “marcha bien”. “De tal comunicación –sostiene el magistrado– surge que Benítez sería un proveedor de estupefacientes en la ciudad de Concordia”, y hasta se pudo comprobar que vendía la cocaína a unos 27.000 pesos los 100 gramos (en esa época previa a la corrida cambiaria).

La relación comercial entre Benítez y el proveedor Cardozo Tindel, más allá de la confianza notoria, no estuvo exenta de cortocircuitos. En una conversación el concordiense habló con el proveedor, a quien llamaba “primo”, y le reclamó por la pésima calidad de la marihuana que le envió. “Acá me están cayendo todos, hacen fila para venir a devolverme el celular que no le sirve la batería, que no tiene memoria, que no tiene esto, que no tiene aquello… No es justo, primo, una cosa de estas porque yo me sacrifiqué montón por ustedes y jamás les fallé, yo hice todo siempre por ustedes y siempre les cumplí y me duele en este momento”, dijo Benítez afligido. Cardozo Tindel le respondió: “Lo importante, amigo, es que le encontremos salida y recuperemos nuestro efectivo para que podamos revender, porque sabés que acá nadie tiene la culpa, porque los dos hablamos, interactuamos y consultamos… el tema es que no había nada en el mercado”. El narco de Concordia le aclaró: “Yo necesito que para esta semana usted me solucione este tema con lo que usted ya sabe, entonces yo ahí voy a ver qué es lo que podemos hacer porque esto no, la gente vomita, a la gente le da mal el estómago”.

De la droga al mercado legal

Pero Benítez no fue implicado solamente en el delito de narcotráfico, sino también en la legitimación de las ganancias que la venta de droga le dejaba: “Lo reseñado permite acreditar la autoría Benítez en orden al delito de comercio de estupefacientes y en relación al lavado de activos, respecto de los vehículos: VW Gol, la camioneta Ford F-100, la SUV EcoSport, y las motocicletas Honda XLR-125 y Honda XRE-300 Rally”, se detalló en la sentencia. En este sentido, se aclaró que “de las constancias no surge que Benítez tuviera ingresos legítimos que le permitan la adquisición de tales bienes”.

Por esto, se concluyó que “se ha corroborado que su adquisición e ingreso al mercado formal con apariencia de licitud, como acreditó la Fiscalía, es producto de lo obtenido por el comercio de estupefacientes. En ese momento, el VW Gol valía 111.000 pesos, la Ford F-100 unos 200.000, al igual que la EcoSport, cuya titular es la mujer de Benítez. En tanto, la moto Honda XLR-125 estaba valuada aproximadamente en 70.000 pesos y la Honda XRE300 Rally aproximadamente 300.000 (hoy, cero kilómetro, superan el millón de pesos).

“Tales adquisiciones resultaron evidentes actos de conversión del dinero ilícito obtenido, con el objeto de ingresarlos a su patrimonio, y naturalmente al mercado, y darles apariencia de licitud afectando el orden económico, superando ampliamente la totalidad de los bienes adquiridos el mínimo previsto en la figura del delito de lavado de activos”, concluyó Gallino.

Las penas acordadas fueron de cárcel para dos implicados: Benítez recibió seis años de prisión efectiva y multa de 1.362.000 pesos; y Cardozo Tindel aceptó cinco años de prisión y 162.000 pesos de multa. La pareja del primero firmó por tres años condicional, y los otros cuatro imputados entre un año y dos años y medio, sin ir a la unidad penal.

Fuente: Diario UNO
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